Desde que Ada Colau asumió la alcaldía, se ha quedado en minoría en varias ocasiones. Por ello, hace ya varias semanas que busca un pacto de gobierno con PSC, ERC y, de ser posible, la CUP. Ahora que se negocia la presidencia del Estado, relanza su oferta. Pero el PSOE subordina cualquier acuerdo a un pacto a nivel estatal.
Viernes 15 de enero de 2016
Foto: EFE
En varias ocasiones, la situación de minoría del grupo municipal BComú ha quedado en evidencia. Ada Colau fue investida gracias al apoyo de ERC, PSC y el voto de un regidor de la CUP, pero este apoyo no es precisamente incondicional.
Ya en octubre, sus “socios” de ERC y PSC le han abandonado en la renovación de las ordenanzas fiscales (congelación del IBI), cuestión que también se reflejó en la moratoria hotelera promovida por Ciutadans y apoyada por ERC, PSC y CiU; contra el propósito de BComú.
A pesar de esto, o mejor dicho, justamente por ello, hace ya varias semanas que Ada Colau está en busca de un pacto de gobierno con PSC, ERC y, si fuera posible, también con la CUP. Sin embargo, no será tarea fácil conseguir dicho pacto. Esquerra no se plantea coincidir con el PSC debido a que representan al establishment de la ciudad. Además, la relación entre ERC y BComú quedó dañada luego de la abstención del grupo de Colau ante el intento de sumar Barcelona a la Associació de Municipis per la Indepèndencia.
Jaume Collboni del PSC recordó que ya hay un acuerdo PSC-ERC en el área metropolitana y planteó que un acuerdo para Barcelona se debe basar en un Plan de Actuación Municipal (PAM) común. Los independentistas de la CUP, en otra sintonía, no se plantean compartir gobierno tampoco.
Ada Colau ha presentado esta semana un amplio Plan de Barrios a 10 años, con el objetivo de mejorar la situación de los distritos populares. Para ello, Colau, busca ese pacto de estabilidad con el PSC y ERC. La coincidencia del lanzamiento del Plan por un nuevo modelo de ciudad para la próxima década con las negociaciones de investidura de Presidente añade complejidad al asunto y lo trasladan más allá de los límites del municipalismo barcelonés.
¿Pactos en Barcelona y en el Estado Español?
La negociación de la estabilidad del Ayuntamiento de Barcelona ha quedado indefectiblemente vinculada a las negociaciones por la Presidencia del Estado. ¿Están Ada Colau y Pedro Sánchez buscando un cambio de cromos que les permita a la primera estabilidad en Barcelona y al segundo la tan ansiada presidencia de la nación apuntándose los votos de, al menos, los 12 diputados de la coalición En Comú Podem en el Congreso (de los cuales ocho son integrantes de BComú)?
Al menos desde las filas del PSOE ha quedado bien clara la intención. Tras confirmarse este martes las negociaciones abiertas en Barcelona, el secretario general del PSOE daba en una entrevista en TVE su aprobación pública a las hasta entonces discretas conversaciones: “Ada Colau ha ofrecido un pacto de izquierdas al PSC y vamos a entrar a dialogar, a debatir y a poder acordar un pacto de izquierdas con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona”.
Pero Sánchez fue más allá y puso a la capital catalana como ejemplo para replicar un pacto a escala estatal pateando la pelota al campo de Podemos: “Me gustaría que el señor Iglesias hiciera lo propio en España y que, como he hecho yo, tendiera la mano a ese diálogo entre el PSOE y Podemos”.
La oferta socialista, aunque sin duda está siendo sopesada por Ada Colau y los suyos, está lejos de ser una empresa sencilla de llevar a cabo. Desde Barcelona, fuentes del ayuntamiento insisten en que las conversaciones en curso se circunscriben al ámbito municipal. “Estamos centrados en Barcelona”, asegura una dirigente del Ayuntamiento consultado por eldiario.es. Un mensaje con el que coinciden incluso portavoces del propio PSC en Barcelona.
Pero al mismo tiempo, la propia Ada Colau tensó la cuerda con el PSOE por su oposición a que En Comú Podem forme su propio grupo parlamentario en el Congreso, una demanda que comparte con En Marea, Compromís y, obviamente, Podemos.
En declaraciones a la Ser, la alcaldesa elevó el tono contra el PSOE, acusándolo de no reconocer sus votos ni escucharles mientras “lamentablemente está optando por el PP”, en referencia al pacto a tres bandas con Ciudadanos y el PP para que Patxi López fuera electo presidente del Congreso de los Diputados.
Todavía más, Colau se mostró enfurecida por la sesión de cuatro senadores socialistas para que Democràcia i Llibertat (el partido de Artur Mas) y ERC puedan formar grupo propio en la Cámara Alta, mientras “Barcelona En Comú tiene condiciones legales para formar grupo propio y lo quieren impedir”.
Ada Colau defiende que no está en el Congreso, sino que es alcaldesa de Barcelona y como tal tiene mucho trabajo y “mejores cosas que hacer que opinar sobre la política estatal”. Pero la realidad es que, aunque quisiera, no puede no hacerlo. Por un lado, la cuestión catalana está en el centro del debate político y la alcaldesa de Barcelona no puede hacerle el ole al debate. Y obviamente no lo hace.
Este jueves Íñigo Errejón sostuvo en declaraciones a la prensa que “no hay líneas rojas para hablar con nadie” y, a su manera, Ada Colau coincidió con el número dos de Podemos. “No es que queramos poner líneas rojas, es que forma parte de nuestros principios, de nuestro programa. Queremos hablar y debatir sobre esto”, dijo, añadiendo que para ella el referéndum es la única manera de desbloquear la situación de bloqueo “que ha generado el PP en Cataluña” y que brinda una oportunidad a los socialistas de “reconocer la plurinacionalidad o el inmovilismo”.
Pero por otro lado, urgida por la necesidad de un pacto con los socialistas para poder gobernar con un mínimo de estabilidad en la capital catalana, el órdago del PSOE subordinando la negociación municipal a los acuerdos estatales con Podemos la han puesto en una incómoda situación. Estrictamente, ese negocio no le corresponde a ella, sino a Pablo Iglesias, lo que equivale a decir que su búsqueda de un acuerdo con los socialistas en Barcelona pende de un hilo.
Aunque no hay una sintonía clara y las declaraciones suben de tono, todos necesitan buscar algún tipo de “entendimiento”. Aún está por verse si las negociaciones entre PSOE y Podemos para instalar un “gobierno progresista” en La Moncloa, estancadas desde el arranque de la nueva legislatura, pueden avanzar o naufragan definitivamente para dar lugar a nuevas elecciones.
El problema, desde el punto de vista de las necesidades de la clase trabajadora y las mayorías populares, es que las expectativas de cambio y de resolución de las grandes demandas democráticas y sociales pendientes, tanto en Barcelona, Catalunya como en el conjunto del Estado, siguen subordinadas a la aritmética parlamentaria y las negociaciones de Palacio con los viejos partidos del Régimen como el PSOE. Un escenario en el que los trabajadores y el pueblo, quienes verdaderamente vienen pagando los costos de la crisis, son convidados de piedra.
