El documento incluye entre sus propuestas el presupuesto participativo y la creación de la fiscalía anticorrupción. Está abierto el debate sobre la salida a los problemas de la capital.
Miércoles 21 de septiembre de 2016
Bernardo Bátiz, coordinador de la bancada constituyente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el encargado de presentar públicamente este documento.
En entrevista con Siempre! destacó "No queremos que sea una Constitución de la Ciudad de México producto de acuerdo de partidos ni apéndice del Pacto por México".
La Agenda Constitucional incluye más de 2,000 propuestas, entre las que se cuentan la prohibición de la privatización de servicios como el agua o los espacios públicos como parques, calles y avenidas, la no reelección en cualquier cargo público, el matrimonio igualitario, la maternidad segura y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, gratuita.
Hay algunas muy conservadoras, como la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años que no puede ser inferior a medio salario mínimo. Es decir, si se aprobara, la pensión mínima sería de $1,110, una cifra que no alcanza ni para adquirir media canasta básica.
Otras propuestas llaman la atención, como la proscripción de las prestaciones extraordinarias de los funcionarios. Sin embargo, el salario máximo en las instituciones públicas de la Ciudad se pauta en 30 salarios mínimos: hoy $66,612.6, una cifra que suena modesta al lado de los salarios actuales, pero aun muy desigual respecto a los salarios de una maestra o de un trabajador calificado.
Democracia participativa
Muchos jóvenes, trabajadores y mujeres que residen o realizan sus actividades en la capital del país aspiran a “una sociedad igualitaria y a una ciudad justa”, como propone el Morena. ¿Pero cuál es el camino que formula este partido?
El eje rector que recorre toda la Agenda Constitucional es la democracia participativa, y como parte de la misma, el presupuesto participativo.
Fue en Porto Alegre, Brasil, en 2001, cuando se dio a conocer la democracia participativa con el primer Foro Social Mundial. Llegó en 2011 a la Ciudad de México, con la Ley de Presupuesto Participativo. Vecinos de las 16 delegaciones del entonces Distrito Federal podían tomar parte en la decisión sobre en qué obras gastar el 3% del presupuesto de la capital, a través de consultas, comités ciudadanos y comités de los pueblos. Los legisladores y el jefe de la ciudad decidían en qué gastar el otro 97%. A partir de 2015, se asignó 5% de los fondos de la Ciudad al presupuesto participativo.
Ahora, el documento del Morena propone que el presupuesto de la Ciudad sea propuesto por el poder ejecutivo de la capital en consulta con “los pueblos y los ciudadanos”. Pero deberá ser aprobado por el congreso local: o sea, el poder de unos pocos primará sobre la decisión popular.
¿Cómo operan en la realidad los funcionarios que llegaron al poder en las listas del Morena? Pues, para empezar, este año no se ha ejercido el presupuesto participativo en las delegaciones que gobierna, ahora “demarcaciones”. Lo mismo que en otras delegaciones gobernadas por los partidos del Pacto por México.
Las cifras de los recursos que no se ejercieron son, en las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, gobernadas por el PAN, $97,971,000; Cuajimalpa y Magdalena Contreras, en poder del PRI, suman $56,490,000 pesos; Iztapalapa, reducto del PRD, $117,303,000, y Cuauhtémoc, Tláhuac y Tlalpan, las tres demarcaciones de Morena, no han ejercido $172,123,000.
Es decir, ni siquiera en la mínima proporción (el 5%) sobre la cual en teoría podían decidir los vecinos, su “decisión” fue respetada. Y esto en el marco de nuevos escándalos de corrupción en todos los niveles de gobierno, casi a diario.
Control ciudadano
En otro orden, están las propuestas relativas al control ciudadano: en la Agenda Constitucional se establece la creación del Poder Ciudadano Anticorrupción, que “debe instrumentarse mediante un Consejo de Honestidad, integrado por cinco titulares electos cada siete años por los ciudadanos.” Su función será “promover la intervención de la sociedad civil para garantizar auditorías ciudadanas, investigaciones sobre actos de corrupción, proponer y hacer recomendaciones en materia anticorrupción a las autoridades competentes, y tiene legitimación en todo procedimiento y proceso que tenga que ver con actos de corrupción pública, privada o social.”
Y además se define la creación del Fiscal Anticorrupción, un funcionario elegido por…el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
El Morena toma su idea la experiencia en Ecuador, durante la primera administración de Rafael Correa –hoy por su tercer mandato–, donde se creó en 2008 una nueva constitución que estableció como una de las cinco funciones del Estado la de Transparencia y Control Social.
Esta nueva función estableció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –integrado por siete consejeros–, cuyo principal objetivo es fomentar la participación social. Pero los nombres de varios funcionarios públicos del gobierno del otrora progresista Correa aparecieron en la lista de los Panamá Papers.
De nuevo, ¿y qué pasa con Morena ante la corrupción en la realidad? Mientras la lucha contra la corrupción es una de las consignas desplegadas por este partido, resulta que Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc, tuvo que despedir a su mano derecha, por un escándalo de corrupción.
Pedro Pablo de Antuñano, exdirector Jurídico de la delegación Cuauhtémoc, fue detenido con 600 mil pesos en efectivo mientras transitaba en su automóvil por las calles de Polanco, y “es investigado por la Contraloría General de la Ciudad por cobros irregulares a dueños de bares y restaurantes para que pudieran operar”, según informa el portal Proceso.
Democracia directa para decidir el destino de la ciudad
Que la mayoría de la población pueda decidir sobre el presupuesto de la ciudad y las políticas públicas es una justa aspiración de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud de esta ciudad.
Morena plantea en su documento la inclusión de la democracia directa, deliberativa y comunitaria, la garantía de “los derechos a la iniciativa popular ciudadana, al plebiscito, a la consulta, al referéndum, a la revocación del mandato, al presupuesto participativo y a las acciones ciudadanas y populares de inconstitucionalidad.”
Pero creando la ilusión de la participación en las decisiones públicas como lo hacen los postulados de la democracia participativa que sólo suponen cambios muy limitados y parciales, y reproduciendo las prácticas de los partidos tradicionales que han concitado un amplio repudio popular, no se va conseguir que sean los de abajo, los trabajadores y el pueblo, quienes realmente dicten los destinos de la sociedad.
En entrevista para La Izquierda Diario, Sergio Abraham Méndez Moissen, profesor precario de la UNAM y excandidato de la Plataforma Anticapitalista a la Asamblea Constituyente, como propone “para crear una ciudad que les pertenezca a las mayorías, es necesario que todas y todos los que estamos hartos de gobiernos que fungen como gestores de empresas constructoras y trasnacionales, que administran la ciudad para los intereses de los ricos y los poderosos, convoquemos a la elección de una Asamblea Comunal Soberana. Una asamblea integrada por un representante cada mil electores, elegidos por voto directo y con mandato revocable, con poderes plenos para desarrollar un plan de obras públicas, al servicio de los intereses de las y los trabajadores y el pueblo de la ciudad. En esta asamblea debe resolverse un Ejecutivo, que responda ante la misma. Los funcionarios electos por ésta deben ser revocables. Esto es claramente distinto a esta Constituyente, donde 100 diputados -de los cuales 40 fueron electos a dedo por los de arriba- deciden todo a espaldas del pueblo, y votarán una Constitución que preserva una ciudad amigable para los capitalistas”.
El joven profesor abunda “Que todos los funcionarios ganen lo mismo que una maestra. Para que la función pública deje de ser la carrera de arribistas que pretenden hacer fama y fortuna a costa de las arcas de la ciudad. Un primer paso para que la casta política desaparezca.”
Respecto al presupuesto participativo, Sergio Moissen señala “No nos conformemos con decidir sobre una porción del presupuesto de la ciudad. Eso deja la ciudad en manos de políticos y funcionarios al servicio de los empresarios. Vamos por todo. Que el 100% del presupuesto se ponga a debate y se vote en asambleas por colonias y en la Asamblea Comunal Soberana.”
