Ayer, la diputada de Unión por Córdoba votó junto a su bloque la Reforma Previsional, una medida que le quita alrededor de 100 mil millones de pesos a millones de mujeres y jubilados de todo el país.
Luis Bel @tumbacarnero
Miércoles 20 de diciembre de 2017
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, gastó fortunas en la campaña electoral para que su esposa apareciera ante la opinión pública como la “abanderada” de las mujeres y de los desposeídos.
Desde la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo se dedicó en los últimos años a administrar los planes de ayuda social que con un manejo discrecional de la caja. Desde los jóvenes precarizados del Plan Primer Paso, a las mujeres desempleadas del Plan Por Ellas, la ahora diputada intentó construir una imagen que la asimilara a una especie de “Evita cordobesa”.
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Claro que en ese camino ascendente hubo también una gran cuota de extorsión sobre numerosas iniciativas que surgieron desde abajo, en barrios y lugares de trabajo, contra la violencia machista.
Para obtener algún tipo de financiamiento estatal, el primer requisito era una foto con la candidata. El utilización extorsiva de la caja no es una exclusividad de la Casa Rosada
La receta no dio sus frutos, el pejota cordobés sufrió en las últimas elecciones una de las peores derrotas electorales de su historia y abrió una crisis en su interior. Las relaciones carnales y la defensa del proyecto ajustador macrista puso al peronismo cordobés en una disyuntiva, que el gobernador rápidamente difuminó siendo uno de los voceros de la “Liga de Gobernadores” en la reciente firma del polémico “Pacto Fiscal”.
Esta crisis se profundizó en las últimas semanas, en que ni Schiaretti ni Cambiemos se imaginaban pagar semejante costo político para hacer pasar este robo a los jubilados, pensionados y a los beneficiarios de la AUH, mal llamado “Reforma Previsional”.
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Los daños del impacto aún son difíciles de prever en profundidad, pero la medida pegó en la línea de flotación de la base de votantes de ambos gobiernos: provincial y nacional.
De los 18 diputados que tiene Córdoba en la cámara baja, 14 votaron a favor del saqueo previsional, ninguno de ellos argumentó su decisión (tal vez solo querían evitar que su rostro recorriera las televisiones de todos los hogares y bares del país). Alejandra Vigo solo utilizó su micrófono para anunciar que votaría a favor y para contestar una chicana de la diputada del FpV, Gabriela Estévez. Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos, solo pidió la palabra para llamar a votación.
“La Vigo”, como se la conoce en la jerga política cordobesa, fue una de las oportunistas que se subió a la ola del #NiUnaMenos para mostrarse como una política con cierta “sensibilidad” de género y anunciar algunas medidas cosméticas. Pero el oportunismo tiene patas cortas. Ayer, la legisladora nacional y esposa del gobernador de Córdoba votó una reforma que afecta en gran parte a las mujeres.
El recorte a la Asignación Universal por Hijo (AUH) es un ejemplo. A la ya paupérrima ayuda estatal para aquellos que están excluidos del sistema laboral (por lo menos del formal), que en la actualidad alcanza un monto de $1.412, y que con el sistema de indexación anterior le correspondería un aumento del 14,5% en marzo, el actual ajuste, hará que el aumento alcance solo un 5,7%. Son casi 125 pesos menos por asignación por mes para un ingreso que impacta directamente en las mujeres que con esa limosna “paran la olla” todos los meses y mandan a la escuela a sus hijos.
Por otro lado, el bono compensatorio del gobierno nacional, que con tanta euforia festejó Elisa Carrió, discrimina entre jubilados de primera y segunda categoría. Para aquellos jubilados que hayan accedido al beneficio (agregue las comillas el lector) por medio de aportes, el bono alcanzará los $750 por única vez, para aquellos y aquellas que accedieron a la jubilación por moratoria, el bono alcanza un poco más de la mitad del monto anterior.
Lo que debe saber (y seguramente sabe) la diputada Vigo, es que quienes accedieron a la jubilación por medio de las moratorias en un 85% son mujeres. Por lo tanto el voto a favor, de ella y de su bloque, le mete la mano en el bolsillo a un sector doblemente vulnerado: por su condición de jubiladas y por su condición de mujeres sostén de hogar dentro de un sistema machista y patriarcal, donde la desocupación y la precarización laboral femenina alcanza niveles escandalosos.
También votó a favor del ajuste Martín Llaryora, la cara de la derrota del schiaretismo en octubre pasado. El jefe del bloque de Unión por Córdoba y vicepresidente tercero de la Cámara, permaneció callado durante la maratónica sesión. Tal vez el costo político que midieron sus asesores era menor, quizás los famosos focus group le dieron como resultado: “Una mancha más al tigre… qué le hace”.
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Los medios locales ya están hablando de una grieta abierta en el interior del PJ cordobés. El ex gobernador José Manuel De la Sota, manifestó su oposición a la reforma mediante el voto negativo de su esposa, la diputada Adriana Nazario. La diputada, que permanece en el bloque del Frente Renovador, reclamó mayor “creatividad” para achicar el déficit fiscal. Sin embargo, está en la memoria de los trabajadores y trabajadoras de la provincia el recorte que aplicó De la Sota a las jubilaciones estatales en 2015, cuando difirió seis meses los aumentos en los haberes con respecto a los trabajadores activos.
También llegaron quejas al Panal del interior de la provincia. Los intendentes peronistas están empezando a pasar factura del costo político que este desgaste les está significando. Todos saben que el interior provincial es el bastión de Unión por Córdoba (donde hace y deshace a su gusto), y que es allí donde hace valer el peso electoral que lo mantiene en el poder en la provincia desde hace casi dos décadas. Por ahora, Schiaretti se aferra al rumbo cambiemita y parece no estar dispuesto a abandonar el barco ante posibles amenazas de naufragio.
Mientras tanto, en la provincia donde las elecciones de octubre mostraron un voto más conservador que en los últimos años, que miles de trabajadores y jóvenes siguen en las calles reclamando contra el robo a los sectores más vulnerables de la sociedad, marca un punto de inflexión en la situación política. El repudio no es sólo contra el gobierno nacional y sus representantes locales, sino que alcanza al peronismo provincial, que demostró ayer con toda claridad que su prioridad no es “defender a Córdoba” como prometía en campaña, sino hacer pagar el peso del ajuste sobre la espalda del pueblo trabajador.
