Declaración. Alto a la guerra contra los pueblos indígenas y comunidades zapatistas

El pasado 16 de octubre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció los ataques, amenazas de despojo territorial, quema de casas, violación a las mujeres y robo de pertenencias contra las bases de apoyo zapatistas del poblado “6 de octubre” y de la "Palestina", en el Caracol de Jerusalén en Chiapas, esto como una escalada en la violencia contra comunidades indígenas que se vienen evidenciando desde hace años.

Según denuncias, un grupo paramilitar de más de 100 personas ingresó a la comunidad de forma hostil y ocupó terreno en donde han comenzado a construir asentamientos con el respaldo de autoridades municipales y estatales, encabezadas por el Partido Verde y el Morena, respectivamente. A su vez, estos hechos se enmarcan en una ola de desplazamiento forzado en la entidad que, según registros de ONG locales e internacionales, ha dejado entre 16 y 21 mil desplazados internos en Chiapas.

De la misma forma, se ha registrado un incremento en la presencia de militares en el estado, que, lejos de disminuir la ola de violencia a la que se enfrentan las comunidades, esta se ha recrudecido, sobre todo entre el sector de migrantes, que tan solo el pasado 2 de octubre un convoy de soldados dispararon contra un grupo de migrantes quienes se encontraban en el municipio de Villa Comaltitlán, dejando un saldo de 6 muertos y al menos 10 heridos.

Te puede interesar: Militarización. Chiapas: Al menos 6 migrantes asesinados por el Ejército

Según defensores de Derechos Humanos y los pobladores han señalado que hay presiones del crimen organizado para el despojo y desplazamiento forzado hacia las comunidades y que existe un acuerdo del crimen organizado con los distintos niveles de gobierno para dar carácter de “legal” a este despojo. Esta situación viene agravándose desde el 2021 y que tanto el gobierno del morenista Rutilio Escandón, como el de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum, no solo lo han minimizado, sino que su respuesta, más allá de recrudecer la militarización en el estado, es ignorar las denuncias de los pueblos indígenas.

La creciente violencia en Chiapas vinculada con la militarización y grupos del llamado "crimen organizado", se suma a la que ya se producía en el estado producto de las políticas de despojo operadas por caciques, así como a los ataques paramilitares en contra de las comunidades zapatistas, de la misma forma que las y los migrantes de diversas nacionalidades que llegan a Chiapas son perseguidos y reprimidos por las autoridades migratorias y la Guardia Nacional, o se convierten en víctimas del crimen organizado.

Violencia contra defensores, extractivismo, despojo y megaproyectos

Tras el asesinato del defensor de las comunidades indígenas y del territorio, Marcelo Pérez, se evidenció aún más el clima de violencia y despojo hacia los pueblos originarios del estado, a la vez que crece la denuncia contra los despojos y desplazamientos forzados que provoca terminan siendo funcionales a la liberación de territorios para las inversiones al servicio del capital. Académicos han advertido que en el estado se están promoviendo alrededor de cuarenta megaproyectos, la mayoría mineros, hidroeléctricos, de turismo y de reconversión de plantaciones, esto último vinculado a la introducción de la palma aceitera.

Te puede interesar: Exacerbación de la violencia en Chiapas y una perspectiva desde abajo

Marcelo Pérez desde hace más de diez años había denunciado los continuos planes de despojo por parte de gobiernos tanto del PRI, como el PVEM y que se continúa con la política de la 4T de "desarrollar el sureste", se han impuesto los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico lo cuál no solo implica el aumento de la industria turística, sino también de industrias maquiladoras y extractivas que, además de ocasionar un daño ambiental en los ecosistemas, también significan el despojo de los territorios y de los modos de vida de las comunidades indígenas.

Pero, este recrudecimiento de la violencia en el estado viene acompañado de un incremento en la presencia militar, que históricamente ha estado de la mano con el crimen organizado, y que se vincula en redes de trata de migrantes y de mujeres, trasiego de mercancías y tráfico de especies, y que, con el clima de violencia aumentando deja el camino libre para la imposición de megaproyectos e industrias extractivas. De hecho, Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, con la presencia de 24 cuarteles, tanto del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, mismos que han aplicado las duras políticas de amedrentamiento y deportaciones de migrantes centroamericanos desde el 2019.

Así que no es casual la actitud de los gobiernos federal y estatal y de las fuerzas armadas, que miran para otro lado mientras dejan incrementar la violencia sin importar las violaciones a los derechos humanos. Esto muestra que, ni los pueblos originarios, ni en general el pueblo trabajador, pueden depositar confianza alguna en los gobiernos estatal y federal; ni en el Ejército o la Guardia Nacional. Planteándose la necesidad de la organización independiente y la lucha unitaria de los de abajo, que pueda poner en pie en primer lugar un paro estatal contra la violencia y la militarización, considerando la presencia de sectores como los pueblos indígenas que luchan contra la violencia y los megaproyectos, las comunidades zapatistas, el estudiantado normalista, el magisterio combativo y otros trabajadores que se han manifestado recientemente, como los del sector salud.

Te puede interesar: ¿Qué está pasando en Chiapas?

Alto a la violencia contra las comunidades zapatistas e indígenas

Esto muestra también los límites del progresismo gubernamental, que se acaba allí donde empiezan los intereses del poder económico y que apela a la militarización contra las comunidades y los pueblos originarios que resisten las políticas de extractivismo.

Esto pantea la necesidad de la organización independiente del gobierno y de la derecha, y la lucha unitaria de los de abajo, esto es de las y los trabajadores, campesinos e indígenas pobres, que pueda poner en pie en primer lugar un paro estatal contra la violencia y militarización, considerando la presencia de sectores que como los pueblos originarios que luchan contra la violencia y los megaproyectos, las comunidades zapatistas, el estudiantado normalistas, el magisterio combativo y otros sectores que se han manifestado recientemente como los médicos.

Desde La Izquierda Diario México y el Movimiento de Trabajadorxs Socialistas expresamos nuestra solidaridad con las bases de apoyo zapatistas y con todas las comunidades que resisten las agresiones y el despojo en Chiapas. Condenamos el respaldo de las autoridades a estos grupos y exigimos el respeto absoluto a la autonomía zapatista y la integridad de las personas y comunidades en la región.