Reajuste. Alza ICSA: Gobierno y congreso entregan un nuevo beneficio para las Isapres

La semana pasada, el gobierno logró resolver uno de los obstáculos que estaban entorpeciendo el avance del plan diseñado para enfrentar la denominada “crisis de las Isapres”. Recordemos que como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema, las prestadoras privadas de salud, las Isapres, deberán indemnizar a sus afiliados por los cobros abusivos y las alzas injustificadas de precios que mantuvieron en sus negocios durante la última década. Este fallo instó al Congreso y a las instituciones fiscalizadoras a implementar reformas legales y regulatorias para que las Isapres reparen el daño causado por sus prácticas abusivas hacia los usuarios.

¿En qué consistieron estos abusos por parte de las Isapres?

Una de las principales prácticas abusivas de las Isapres consistió en la discriminación en los precios de los planes de salud. Las Isapres determinan los costos según factores como la edad, el sexo y el historial de salud de los afiliados, lo que genera desigualdades significativas. Esta diferenciación de precios ha llevado a situaciones en las que personas con características similares terminan pagando montos muy distintos, lo que resulta en un acceso desigual a la atención médica.

Otro aspecto crucial es la falta de transparencia en la fijación de precios y la escasa claridad en los criterios utilizados para establecer los costos de los planes de salud. Esto ha generado desconfianza y malestar entre los afiliados, quienes se han sentido desamparados al enfrentar alzas desmedidas en los precios de sus planes. Además, el sistema de Isapres ha sido criticado por su escasa cobertura y las restricciones en la atención de enfermedades preexistentes, lo que dificulta el acceso a la salud para aquellos con condiciones médicas previas.

Como era de esperar, la corporación política ha sido incapaz de acatar el fallo. La presión ejercida por las Isapres, amenazando con graves consecuencias y un colapso del sistema de salud si se ven “obligadas” a cumplir con el fallo de la corte, ha provocado una verdadera parálisis en el sector. Los políticos al servicio de los grandes empresarios no han cesado en difundir, como profetas del apocalipsis, en todos los medios de comunicación, la inminente catástrofe que se avecina.

Resulta interesante detenernos brevemente y reflexionar sobre el principio de igualdad ante la ley en una democracia liberal. Si cualquier individuo se negara a acatar un fallo de la Corte Suprema, inmediatamente enfrentaría severas consecuencias y se aplicaría todo el rigor de los aparatos represivos del Estado. Sin embargo, cuando son los empresarios quienes se ven afectados por estos fallos judiciales, todo se detiene y se pide clemencia para ellos, solicitando consideraciones especiales. Pareciera que algunos ciudadanos son más iguales que otros.

Consciente de que las Isapres no permitirán ver reducidas sus cuantiosas ganancias y que están dispuestas a todo para proteger sus intereses, el gobierno, en su clásica actitud cauta, también se ha visto “paralizado” a la hora de hacer cumplir el fallo de un supuesto “poder del estado”.

Las cartas del gobierno frente a la "crisis" de las Isapres

Para mantener un equilibrio con los grandes holdings de la salud, cuyos controladores en muchos casos son poderosos consorcios internacionales y norteamericanos, el gobierno ha ideado un plan para ganar tiempo y lograr una salida favorable al mercado que, a su vez, permita una cierta compensación a los usuarios. En este conflicto de intereses, donde ya se ha demostrado abiertamente la actitud abusiva de las Isapres, el gobierno apuesta por una solución donde tanto los abusadores como los abusados se sientan satisfechos, a pesar de ser diametralmente opuestos en sus intereses.

El plan del gobierno se divide en tres partes:

Primero, la tramitación de una ley corta para cumplir con el fallo, pero que permitiría a las Isapres devolver lo “saqueado” a sus usuarios en cuotas extensas. Esta primera parte se encuentra estancada en el Congreso debido a la presión de las Isapres para minimizar los pagos y hacer “simbólica” la devolución.

Segundo, la apuesta “para la galería” de impulsar una reforma al sistema de salud que involucre cambios en FONASA y en la regulación de los prestadores privados. Esta reforma se encuentra durmiendo en la oficina de algún burócrata encargado de su diseño, sin lineamientos ni objetivos claros.

Finalmente, la tercera parte era lograr un aumento en los costos asociados a los servicios de la salud, cuyo índice lo fija el Estado, permitiéndoles a las Isapres elevar parcialmente los precios de sus planes para mitigar el impacto. Este último aspecto fue aprobado por el Congreso. Profundicemos en cómo ocurrió esto.

Un caballo de Troya en la votación del reajuste del sector público.

El tiempo apremia para las Isapres. El fallo de la corte les obliga a reducir los costos de sus planes en un 12% a partir de marzo. Para mitigar esta inminente “caída” en las ganancias de los empresarios, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ideó un interesante mecanismo. Consistió en lograr la aprobación de un alza en el ICSA (Indicador de Costos de la Salud), lo que permitiría a las Isapres elevar parcialmente los precios de sus planes argumentando un aumento en los costos de la salud.

El timing elegido fue la discusión del reajuste salarial del sector público. El ministro logró que la dirigencia gremial aceptará un aumento del 4,3% en los salarios, por debajo de la inflación y sin integrar el 6% que en la negociación pasada los trabajadores perdieron de su salario. Con este consenso, el ministro llevó la propuesta al Congreso, esperando una tramitación expedita de la ley. Aprovechó de incluir en la misma ley una indicación que permitiera a las Isapres aumentar el ICSA para mitigar el 12% que tendrían que rebajar en sus precios, dejándolo en un rango del 8-10% de reducción real y, de esta manera, “moderar” el fallo de la corte.

En esta movida, el ministro Marcel utilizó a los trabajadores públicos como rehenes para lograr la aprobación de su alza salarial. Era necesario aprobar este beneficio para las Isapres y así obtener un apoyo transversal al plan gubernamental para salvar a las aseguradoras. A pesar de la reacción “molesta” del Frente Amplio y el Partido Comunista ante esta táctica del ministro Marcel, este logró alinear al oficialismo y a la oposición para aprobar el adelanto del alza del ICSA. Esta medida permitirá aliviar a los empresarios del sector de la salud, trasladando nuevamente el peso de la crisis de las aseguradoras a los usuarios.

De nada sirve que las Isapres sean un modelo económico fallido y otra expresión más de la falacia de que el sector privado es más eficaz y beneficioso para los usuarios. Finalmente, la institucionalidad del Estado se alinea para salvar el negocio de los empresarios. Esta forma de operar revela cómo se pretende resolver la “crisis de las Isapres”.

Sin embargo, la crisis de la salud no se limita a unos pocos empresarios preocupados por restricciones a sus negocios. La crisis de la salud radica en un modelo en el que el estado destina millonarios recursos a clínicas privadas y a los empresarios del sector de la salud, mientras la salud pública se hunde y miles mueren en listas de espera. Para abordar esta crisis, es urgente organizarnos como usuarios junto a los trabajadores de la salud y derrotar el modelo de salud privada impuesto por la dictadura.

Es necesario estatizar los recursos de la salud en manos del estado, ya que los empresarios son incapaces de gestionarlos, y establecer un sistema de salud pública gratuita y de acceso universal, gestionado por aquellos que realmente desean que la salud sea un derecho: los trabajadores.