Precarización, educación y cultura. Ante despidos masivos en las UBBJG: la unidad para vencer

Desde el surgimiento de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), a pesar de ser un proyecto dirigido a garantizar el derecho a la educación (aunque cubrirá solo el 1% de la demanda requerida), las condiciones de sus docentes son precarias, por lo que al mismo tiempo se niegan derechos laborales.

Ante esta situación han surgido paros y movilizaciones desde 2020, en donde docentes, trabajadores y estudiantes han externado un profundo descontento por las condiciones laborales y educativas, entre ellas no contar con un contrato por escrito, la negativa de todo derecho laboral, retrasos hasta de seis meses en el pago e inestabilidad en el empleo.

Un ejemplo de este descontento fue el paro del 2020 en la entonces Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, ahora sede Cuauhtémoc, luego del cual toda la plantilla docente fue despedida injustificadamente como forma de represión, sin siquiera notificarles de esta situación.

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Pero eso fue solo el comienzo de una política de despidos que posteriormente se volvió masiva, pues en 2021 hubo por lo menos 150 despidos injustificados en las diversas sedes del país, lo cual fue informado a docentes mediante correos electrónicos y en algunos casos incluso con pagos de salario pendientes. A los despidos se sumaron recortes al salario, acoso laboral, maltrato y un trato déspota perpetrado por parte de Raquel Sosa, titular del organismo coordinador de las UBBJG.

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Estas condiciones de precarización comienzan con contratos de simulación que ha implementado el gobierno, como hacen las patronales para negar la relación laboral y derechos laborales, aunque de facto las y los asalariados cumplen con una jornada, mantienen una relación de supra-subordinación y perciben un salario a cambio.

Lo anterior obstaculiza el acceso a la justicia laboral, pues la forma de contratación era por servicios profesionales docentes, que ahora les llaman convenios de servicios educativos, a pesar de que en el decreto de creación se contempla que las relaciones de trabajo deben regirse por el artículo 123 constitucional. Esta situación era conocida por Raquel Sosa, quien incluso llegó a prometer regularización a las y los docentes.

A pesar de ello, desde 2020 y masivamente en 2021 se han promovido demandas contra las UBBJG ante la Junta Federal de Conciliación Arbitraje (JFCA), institución que se regula por la propia Ley Federal del Trabajo que impone a las y los trabajadores demostrar que mantienen una relación laboral y paralelamente demandar por despido injustificado. Aunado a lo anterior existen las trabas del propio procedimiento legal, pues la JFCA no reconoce a las UBBJG como universidad, sino como un organismo coordinador con sede en Michoacán, lo que dificulta la notificación de la demanda, además de que en varios casos la pandemia ha servido de pretexto para demorar las diligencias.

Por otro lado, la negativa de derechos implica que el organismo no gaste en derechos laborales que pertenecen a las trabajadoras y los trabajadores, esto a pesar de que, desde su creación en 2020, ha tenido presupuestos de mil millones de pesos, en 2021 de cerca de 988 millones de pesos y en 2022 de mil millones. Y a la fecha tiene 28 mil 87 estudiantes y mil docentes en aparentemente 140 sedes.

La política de precarización va más allá de las UBBJG

Pese al discurso que mantiene el gobierno, independientemente del funcionario que se encuentre en turno y más allá de la gestión que tenga, la precarización laboral es una política del gobierno de la 4T, como continuación de esquemas neoliberales y anti trabajadores de gobiernos anteriores. Esto no sólo se expresa en las UBBJG, sino en diversos sectores de nivel medio superior y superior en los que se han agudizado estas condiciones, como en el IEMS, UNAM, UACM, Instituto Rosario Castellanos, ENAH, UAM, UAEM, STUACH y en el Conacyt.

Esta situación también se presenta en otros sectores estatales, como ocurre con la actual lucha de las trabajadoras y trabajadores de la cultura en la CDMX, quienes también son desconocidos como trabajadores al ser contratados como becarios, y exigen al gobierno de Claudia Sheinbaum la reinstalación en sus puestos de trabajo luego de quedar fuera de los programas de manera arbitraria. Es preciso seguir el camino que marcan las y los trabajadores de la cultura, quienes más allá de las mesas y promesas de las autoridades, han acumulado fuerza suficiente para arrancar diálogos públicos, revisiones públicas de documentación para recontratación, bajo supervisión de trabajadores, y siguen movilizándose para exigir que nadie quede fuera.

En este sentido, la vía legal que las y los trabajadores se ven obligados a agotar, como en el caso de las UBBJG, ha mostrado ser insuficiente si no va acompañada de una salida política, como la unidad entre sectores estatales, en donde se enfrenta la precarización, para crear un plan de lucha conjunto, así como la movilización en las calles para exigir la reinstalación de todas y todos los despedidos y plenos derechos laborales.

Lo anterior también nos permitiría seguir defendiendo los derechos a la educación pública y gratuita y al acceso a la cultura para las familias trabajadoras, así como evitar que los mismos se asienten sobre la precarización.

¡Si ganan las y los trabajadores de cultura, los triunfos contra la precarización laboral y el golpeteo a nuestras condiciones de vida serán para toda nuestra clase!

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Con información de Milenio.