Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y por una salida de las y los trabajadores
Jueves 8 de diciembre de 2022 11:50
En horas de la tarde del miércoles 7 de diciembre, el Congreso de la República destituyó a Pedro Castillo después que este intentó disolver el Parlamento. La jornada que comenzó con una medida bonapartista de parte de Castillo buscando cerrar el Congreso de mayoría derechista que estaba por votar su vacancia por tercera vez, concluyó con la destitución del propio Castillo mediante un golpe parlamentario, que ya estaba en marcha, -apoyado en la "legalidad" de la cuestionada constitución fujimorista y en una ofensiva judicial montada- y la designación de una presidenta sin poder alguno; agudizando la crisis política que vive el país.
Cabe mencionar que los sectores derechistas del Congreso de la República ya venían preparando, en complicidad con la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, una tercera intentona destituyente del ahora ex Presidente Pedro Castillo, para lo cual se valían de una serie de denuncias periodísticas sostenidas en las declaraciones de diversos “colaboradores eficaces ”quienes acusaban a Castillo de encabezar una “organización criminal” destinada a apropiarse ilegalmente de los recursos públicos. Pedro Castillo, lejos de apelar a la movilización social para enfrentar esta arremetida destituyente, buscó el apoyo de la OEA, organismo al servicio del imperialismo norteamericano y que ya cumplió un rol golpista en Bolivia, la cual llamó a la conciliación entre el ejecutivo y el legislativo, de esta manera, se terminó favoreciendo a los sectores destituyentes, quienes se valieron de nuevas y más comprometedoras declaraciones de los “colaboradores eficaces”. Todo esto terminó por debilitar más a Castillo, al grado tal que este perdió apoyo en el Parlamento y también a nivel social.
La caída de Pedro Castillo a manos del Congreso nos demuestra, una vez más, la inviabilidad de la estratégia política orientada a buscar cambios para el pueblo a partir de la administración del estado burgués, el cual, como decía Marx, no es otra cosa que “la junta de negocios de la burguesía”. Evidencia también el fracaso de la estrategia de conciliación de clases y de unidad nacional con los empresarios, estrategia que Castillo, de la mano de la izquierda reformista y neo reformista peruana, trató de implementar desde el primer día de su mandato, por esa razón mantuvo incólumes los pilares del régimen del 93 y en materia económica mantuvo vigente el piloto automático neoliberal que se expresó, por ejemplo, en la mantención del fondomonetarista Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva en todo el tiempo que duró su gestión y en una serie de concesiones y privilegios a los grandes capitalistas, como ocurrió con la transnacional minera Southern Cooper en Moquegua y MMG Las Bambas en el corredor minero (Cusco y Apurímac)
En horas de la mañana del miércoles 7 de diciembre, tras meses de que el Congreso peruano intentaba vacarlo, el hasta entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria a un nuevo Congreso, el cual tendría facultades constituyentes, dijo además que reorganizaría el aparato judicial y declaró la implementación de un ‘Gobierno de excepción’ y toque de queda. Estas iniciativas planteadas por Castillo, se hacían al margen de lo establecido en la Constitución Política. Por esa razón, horas después, el mismo Congreso que rechazó su disolución, procedió -ahora con mayoría de 101 votos afirmativos, 6 negativos y 10 abstenciones-, a la vacancia de Castillo por “incapacidad moral” y por “golpista”. Dina Boluarte, electa como vicepresidenta de Castillo, asumió como nueva presidenta del Perú.
Escribimos estas líneas en momentos en que la crisis política peruana se encuentra en pleno desarrollo y, por lo tanto, con un final abierto. Castillo ha sido detenido y trasladado a la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) donde también se encuentra detenido Alberto Fujimori. Dina Boluarte, ex miembro de Perú Libre y vicepresidenta, ha sido juramentada como la nueva Presidenta de la República. Horas antes, las FF.AA. y la Policía Nacional del Perú emitieron un comunicado conjunto rechazando la ruptura del orden constitucional, que es como calificaron la medida asumida por Castillo.
Recordemos que, desde que Castillo asumió el gobierno en una ajustada segunda vuelta, debió enfrentar la hostilidad del Congreso y del aparato judicial, teniendo que sortear, en apenas 16 meses, tres intentos de vacancia y un muy cuestionado “proceso judicial por corrupción y traición a la patria”, en un intento desesperado de mantener la continuidad de su gobierno, declaró la disolución del Congreso. Esta medida bonapartista, sin embargo, lejos estaba de contar con una favorable relación de fuerzas dentro del régimen, como por ejemplo sucedió con Fujimori en el autogolpe de 1992, que tenía a su favor el explícito respaldo de todas las instituciones armadas.
Lo mismo se pudo observar con Vizcarra quién, en 2019, recurrió a esta prerrogativa constitucional, y lo hacía con un importante respaldo, sobre todo de las clases medias urbanas y de la izquierda reformista encabezada por Veronika Mendoza, frente a un Congreso altamente desprestigiado con peso del fujimorismo. Esto, a Vizcarra, le permitió disolver el Parlamento y contar con un fallo de la Corte Suprema que calificó la disolución congresal de Constitucional. Castillo intentó realizar la misma operación, pero sin contar con apoyo institucional de ningún tipo, incluso luego de haber perdido el apoyo de importantes sectores populares que son los que le dieron el voto en la segunda vuelta pero que han visto como Castillo fue girando sistemáticamente a derecha e incumpliendo cada una de sus promesas electorales. Lo hizo pensando en evitar el resultado que hoy se consuma y que lo deja no solo fuera de palacio de gobierno sino tras las rejas.
Así pues, podemos afirmar que Castillo ensayó una medida altamente bonapartista, sin contar con el apoyo ni de los gobernadores regionales, ni de los congresistas de Perú Libre con los que llegó a Palacio, ni con el apoyo de las FF.AA. y la Policía Nacional que lo consideran un “terruco”, y finalmente sin contar con apoyo popular, el cual fue perdiendo a lo largo de sus 16 meses de gobierno.
El acoso político desde el Congreso fue alentado por bancadas políticas afines al fujimorismo, los restos del aprismo y otras más estrechamente vinculadas a intereses empresariales específicos. Comenzó con el rechazo a su primer gabinete, al cual se lo acusaba de tener vínculos con Sendero Luminoso, como fueron los ataques a su ministro de Trabajo y al primer jefe del consejo de ministros. Luego fueron las acusaciones de tráfico de influencias, basadas únicamente en declaraciones de “testigos protegidos”, para luego pasar a la acusación congresal de “traición a la patria” por haber sugerido la posibilidad de un plebiscito para otorgar mar a Bolivia.
Castillo, ante estos ataques solo fue acomodando cada vez más su gobierno a las exigencias del fujimorismo y de toda la derecha congresal. Abandonó su propuesta de cambio de Constitución, propuesta que ni llegó a entrar al Congreso para su tratamiento. Mantuvo todas las disposiciones antiobreras y antipopulares construidas durante todo el ciclo neoliberal inaugurado por el golpe de Fujimori. Su política sanitaria frente al COVID no se distinguió sustancialmente de sus predecesores, basada en descargar los costos sobre las espaldas de las y los trabajadores y el pueblo. Todo este giro a derecha explica hoy la muy débil defensa popular a Castillo frente a un Congreso que goza incluso de un nivel de popularidad más bajo que el propio Castillo (6% de popularidad).
Los últimos acontecimientos han puesto nuevamente de manifiesto que los intentos del “progresismo” latinoamericano de llevar adelante profundas reformas estructurales sobre la base de buscar la administración estatal sin cuestionar los pilares de la dominación burguesa e imperialista del país están destinados al fracaso. El origen campesino, indígena y/o popular como el del Castillo, no solo no es garantía de descolonización y de democratización, sino que por el contrario otorga una sobrevida a los mecanismos reaccionarios y antidemocráticos del régimen actual.
La crisis del régimen fujimorista pareciera no tener fondo
Lo que estamos presenciando es un nuevo capítulo de una de las crisis políticas más profundas y largas del continente. Un régimen político que fue funcional a la “lucha contra el terrorismo”, bandera bajo la cual se llevaron adelante crímenes brutales y ataques contra los derechos obreros, campesinos y populares. En suma, el régimen impuesto por Fujimori en el 93, estaba diseñado para llevar adelante una de las mayores transformaciones del capitalismo peruano avanzando en la privatización de toda la industria nacional y la entrega de los recursos naturales a la voracidad del capital extranjero.
El neoliberalismo ingresó al Perú de la mano de la constitución fujimorista, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Sin embargo, como lo evidencia la larga crisis institucional, que abarca a todos los poderes del Estado profundamente deslegitimados a ojos no solo de las grandes mayorías nacionales sino también incluso para importantes franjas de la clase dominante que ven con preocupación que ese mismo régimen que ayudaron a imponer, hoy se ha convertido en una fuente peligrosa de inestabilidad.
Esta crisis política tiene un carácter profundo, por eso nosotros la calificamos como crisis orgánica porque evidencia el agotamiento de las instituciones políticas del régimen del 93 y del modelo neoliberal que fue impuesto por Alberto Fujimori. Esta crisis se expresó concretamente en la caída de los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y de Vizcarra a manos del Congreso y en el hecho que todos los presidentes y muchos de los altos funcionarios que fueron parte de los gobiernos de los últimos 30 años están ahora presos acusados de corrupción, e incluso uno de ellos se termino suicidando (Alan García), debido a que se hizo evidente su estrecha relación con los grandes empresarios. Es pues esta estrecha relación entre los políticos, las instituciones públicas y los empresarios lo que ha generado la deslegitimación del régimen y la profundización y la prolongación de la crisis orgánica.
Para terminar con el régimen fujimorista luchemos por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Ante la caída de Castillo, y ante las declaraciones de congresistas afirmando tener la voluntad de mantenerse hasta el año 2026, en otra de las manifestaciones bonapartistas, va quedando claro a ojos de millones la necesidad de terminar con este régimen descompuesto. Verónika Mendoza (de nuevo Perú) luego de mantener un cauteloso silencio durante las primeras horas de la crisis y después de haber apoyado al gobierno de Castillo desde que este inició su gestión, volvió a exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones pero en el marco del orden establecido, lo cual, de darse, solo servirá para oxigenar el maltrecho régimen político. Estos planteamientos, sólo buscan un cambio institucional sin cuestionar los pilares de la “democracia fujimorista”, es decir, buscan un acuerdo político nada menos que con la misma casta política congresal que es necesario terminar.
Se hace urgente que las trabajadoras, trabajadores, estudiantes, comunidades campesinas y sectores populares empecemos a discutir la necesidad de un plan de lucha para terminar con la corrupta casta política y su régimen político. Se hace cada vez más urgente la necesidad de una verdadera Asamblea Constituyente, que impuesta sobre la base de la movilización y las ruinas del régimen del 93, pueda establecer una salida democrática y que responda a las necesidades y demandas de los trabajadores del campo y la ciudad. Una Constituyente que lejos de estar condicionada por la normativa actual, como pretende Verónika Mendoza, se erija de manera libre y soberana gracias a la movilización independiente de los trabajadores.
Desde la Corriente Socialista de las y los Trabajadores CST, consideramos que la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, como la instancia más democrática en el régimen democrático burgués, permitirá que se exprese realmente la voluntad popular, tomando todo el territorio nacional como un distrito electoral único y donde sus miembros sean revocables según la voluntad de sus electores, que cobren el salario de un docente terminando con los privilegios de los actuales congresistas, para evitar de esta manera su transformación en una casta política divorciada de las grandes mayorías como sucede actualmente. Una Asamblea Constituyente de este tipo, es decir, con las facultades de intervenir y abordar todos y cada uno de los grandes problemas nacionales, sin restricciones de ninguna índole y sin la posibilidad de que instituciones del régimen fujimorista puedan vetar o rechazar sus resoluciones, es una Asamblea que puede permitir a las grandes mayorías trabajadoras y del pueblo pobre llegar al convencimiento de que solo con un gobierno de los Trabajadores y el pueblo podrá avanzarse en resolver las grandes demandas de trabajo, tierra, salud, educación etc.
