Chile. Ante la represión al pueblo mapuche y el giro a derecha de Gabriel Boric

El gobierno de Gabriel Boric es la continuidad de las políticas de represión y persecución al Pueblo Mapuche. Exigimos la inmediata libertad de los presos políticos mapuche y la devolución de su territorio ancestral.

A pocas semanas del plebiscito que deberá aprobar o rechazar la nueva Constitución salida de la Convención Constitucional, la detención del dirigente mapuche Héctor Llaitul demuestra cómo el Gobierno de Boric cede ante la derecha, defensora acérrima del poder latifundista y forestal que ha buscado históricamente criminalizar a los sectores del pueblo mapuche que se movilizan por sus reivindicaciones históricas.

Tras 100 días de estado de excepción y militarización en el Wallmapu [1], con presos políticos mapuche en huelga de hambre, el gobierno de Boric, al estilo de los partidos tradicionales, arremete contra Hector Llaitul. La detención se enmarca en los dichos del dirigente contra las empresas forestales y contra el gobierno, en demanda de la devolución de las tierras ancestrales ocupadas por empresas forestales privadas. Producto de la nula respuesta por parte del Estado y sus instituciones como CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), comunidades mapuche han iniciado procesos de recuperación y control territorial, afectando el monopolio de los grandes empresarios.

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A pesar de que este gobierno prometía un diálogo hacia al pueblo mapuche, con estos hechos queda demostrado que aquello sólo puede darse con un sector que ha decidido transitar por la vía institucional, donde las concesiones democráticas se limitan a aspectos culturales, sin tocar el problema de fondo, las demandas territoriales, pues esto atenta contra la propiedad privada que este gobierno ha decidido defender desde su primer día.

Los programas de gobiernos anteriores que han impulsado políticas de cooptación, con nombres como “Verdad histórica y nuevo trato” de Ricardo Lagos o el “Proyecto orígenes” de Michelle Bachelet, inclusive el “Plan Araucanía” de Sebastián Piñera, hoy tienen su correlato en este plan declarado como “Buen Vivir”, impulsado por fuerzas políticas como el Frente Amplio y el Partido Comunista que oportunistamente se posicionaron como aliados de la lucha mapuche para ganar votos anti Kast [2], pero llegados al gobierno siguen la herencia criminalizadora de la Concertación y la derecha.

La aplicación de la Ley de Seguridad del Estado ante la lucha mapuche deja en evidencia el eufemismo del Plan Buen Vivir y los discursos de plurinacionalidad, que más allá de concesiones simbólicas, mantiene los barrotes de las cárceles acechando a las y los luchadores mapuche. La detención de Llaitul es continuidad de la política de los gobiernos de Lagos y Piñera. Este último buscó condenar con 14 años de cárcel al líder de la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco), asimismo el gobierno de Bachelet llevó adelante la Operación Huracán, que terminó siendo uno de los mayores montajes orquestados por la policía al amparo del Estado.

Devolución de las tierras. Por el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche

El Frente Amplio y el Partido Comunista que son parte del gobierno de Boric y dirigen políticamente al sector que impulsa el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, son responsables políticos de la persecución hacia sectores del pueblo mapuche que legítimamente no se ven representados por el camino institucional de la plurinacionalidad, la cual parece ser la única vía legítima que el Estado valida para el diálogo.

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Con esta persecución política y militarización queda demostrado que con el Apruebo y quienes lo empujan, abren el camino a la derecha y la fortalecen. Queda en evidencia que toda la operación del Apruebo, que abre ilusiones en numerosos sectores, es un nuevo engaño para esperar una "alegría ya viene" [jingle de la campaña por el "NO" a Pinochet en el plebiscito de 1988] como fue en los año ’90, la cual dejó intacta toda la herencia de la dictadura. El sector del Apruebo, junto a escaños reservados de los pueblos originarios, como Elisa Loncon, han declarado que quienes representan un camino distinto al asumido en el proceso constituyente, deben asumir las consecuencias, “porque Wallmapu no resiste más arbitrariedades”, encubriendo el largo historial de saqueo, despojo y represión que el Estado de Chile ha tenido con el Pueblo Mapuche. ¿Qué más arbitraria que la justicia chilena que encarcela activistas mapuche y deja libre a quienes asesinan por la espalda como el caso de Alex Lemun, Matias Catrileo, Pablo Marchant, entre muchos otros?

El sector político del Apruebo plurinacional deja en evidencia su cara más traicionera a la lucha mapuche, porque se alinea con el Estado bajo un discurso de unidad nacional, con el fin de perpetuar a un Estado que criminaliza y reprime a quienes no aceptan su política de asistencialismo y cooptación institucional. Negar el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche equivale a reproducir el nacionalismo o patriotismo chileno que en relación al pueblo mapuche actúa como opresor. Es decir, equivale a actuar en defensa de los privilegios de la nación chilena y del Estado chileno en desmedro de la nación mapuche.

Es bajo esa bandera chilena que se da cabida a la emergencia de grupos paramilitares como APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía) que militarizan a las comunidades en resistencia, mientras se encarcela a quienes luchan. Esto ha sido posible a través de una vasta red de instituciones que desde la dictadura han garantizado condiciones óptimas para que las familias más millonarias del país como los Angelini y los Matte sigan saqueando los territorios bajo su monopolio forestal, dando paso a otros empresarios que quieren seguir ese mismo camino, como Juan Sutil [líder empresario que preside la Confederación de la Producción y el Comercio], que fue frenado por la movilización y resistencia de las propias comunidades mapuche aledañas al río Chol Chol.

Como Partido de Trabajadores Revolucionarios, nos solidarizamos con Héctor Llaitul y denunciamos que este gobierno, apoyado por fuerzas políticas que dicen “apoyar la lucha mapuche” como el Frente Amplio y el Partido Comunista, hoy se posiciona del lado del poder político y económico de los capitalistas que siguen perpetuando el saqueo y expoliación al territorio mapuche.

Esta defensa democrática en contra de la criminalización y por la libertad de las y los presos políticos mapuche es un deber elemental, pese a que tenemos importantes diferencias estratégicas con la CAM, puesto que para nosotros expulsar a las empresas forestales y asegurar el derecho a la autodeterminación requiere impulsar un programa revolucionario y socialista que se plantee la perspectiva de acabar con el Estado capitalista y conquistar un gobierno de las y los trabajadores, una lucha de masas que debe dar la clase trabajadora codo a codo con las comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos mapuche y la derogación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la desmilitarización del Wallmapu. Por el juicio y castigo a los represores y la disolución de Carabineros. Que se vayan las forestales y los latifundistas. Por la devolución inmediata de las tierras ancestrales y el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche. Por todos estos motivos es urgente una movilización nacional en solidaridad con el pueblo mapuche.