Frente Amplio. Alberto Mayol: Antineoliberalismo con respeto a “lo privado”

En una entrevista publicada en El Mostrador con las firmas de Mirco Makari y Felipe Saleh, el recién proclamado precandidato presidencial Alberto Mayol, fue consultado cómo el proyecto del Frente Amplio podía lograr “ser moderno y no nostálgico de la izquierda sesentera”. Precisando, los entrevistadores, a qué se refieren con su expresión, señalan que esto implica “no ser solo una propuesta de más Estado como respuesta a los excesos del mercado.” Se trata, para ellos, de “hacer virtuosa la relación Estado-mercado, que parece ser el equilibrio en cualquier democracia consolidada.”

Fue en esa entrevista donde Mayol planteó que “Cuba es una dictadura”, aunque con “unos derechos sociales altísimos”; y se distanció de cualquier sensibilidad “bolivariana”.

Ante la pregunta, Mayol les dio la razón a sus entrevistadores, explicando que “no es el momento de los absolutismos.” Nosotros no decimos ‘nunca vamos a trabajar en una relación público-privada’, eso sería absurdo”. Para el sociólogo el problema no es que los privados sean un actor de la economía, el problema es “un Estado con complejo de inferioridad frente a la empresa”.

Como vemos, para Mayol se trata de equilibrios. Hoy el Estado actúa con complejo de inferioridad, pero podría actuar de otro modo en relación a los privados.
Es por esta razón que Mayol se ha encargado, por estos días, de precisar que su programa, en términos económicos, no consistiría en “expropiaciones”.

La única empresa “en el blanco” de Mayol, más por razones simbólicas, es Soquimich. Pero su plan económico no es que el Estado suprima la propiedad privada de grandes empresas y bancos, sino un nuevo equilibrio entre lo público y lo privado.
Es por esta razón que Mayol no puede ser inscrito dentro de lo que podemos denominar una política anticapitalista. Antineoliberal, sí, pero no anticapitalista.

Ante las AFP

Por ejemplo, en relación a las AFP habría que actuar no estatizando los fondos previsionales, pero tampoco manteniendo la situación actual. Habría que buscar vías de capitalización distintas a las actuales, que sólo van en beneficio de las arcas de los grandes empresarios ¿Cómo se hace eso?

Para él habría que terminar con las administradoras privadas, y hacer que los cotizantes escojan un “directorio”.

Mayol propone como matriz “un sistema de reparto”, paralelo, pero no que los fondos actuales se “expropien”. Pues con los casi 200 mil millones de dólares que existen, según el precandidato, se podría “configurar un sistema financiero paralelo al sistema bancario, que dé créditos sobre todo a personas y microempresas, que esos créditos concurran para mejorar el ahorro de cada una de las personas.”

Es decir, si hoy los fondos son usados por los grandes empresarios como una gran caja de la cual obtener capital para todo tipo de inversiones y apuestas bursátiles, Mayol propone que funcionen con una lógica distinta: como el soporte de una especie de entidad bancaria paralela a los bancos existentes y que pueda capitalizar los fondos previsionales. Para el sociólogo, el tipo de propiedad de los fondos no sería estatal, sino “social”, en tanto pertenecería a los cotizantes. Esta propiedad evidentemente estaría supeditada a las dinámicas propias del mercado, al funcionar como un banco, aunque orientado a pequeños personas y microempresas. Sería más similar a una cooperativa.

Surge una pregunta: ¿cómo podría sobrevivir una entidad así entre instituciones como el Banco de Chile -en manos de Luksic y el Citigroup norteamericano-, el Santander -en manos de capitalistas españoles-, o el BCI -en manos de los Yarur, y además sosteniendo un “criterio solidario”, orientando el crédito a las personas y microempresas?

Por supuesto que, para los empresarios, la transformación de los fondos previsionales de una “caja siempre disponible” a un “ente financiero gestionado por un directorio electo por los usuarios”, generará resistencias.

Del empresariado de conjunto, al ver como pierden estos “capitales frescos” y del sector bancario en particular, que buscará reducir al mínimo las chances de una entidad financiera nueva de propiedad cooperativa. Salvo que creamos que los capitalistas se mueven por consideraciones éticas y democráticas, ya es posible visualizar las zancadillas y campañas mediáticas en contra de una reforma así.

Es por esta razón que, a nuestro modo de ver, la superación de la problemática de las AFP, implica no respetar la propiedad privada capitalista y dejar atrás la lógica de la capitalización individual. Esto, va de la mano con la estatización de los fondos, en primer lugar. Pero no sólo con eso.

Marxismo, estatismo y poder

Estatización de los fondos. ¿Pero el Estado de quién es? La izquierda reformista tradicional y la nueva izquierda nucleada en el Frente Amplio, tienen algo en común: el Estado no es visto como una herramienta de la clase dominante. El marxismo, por el contrario, sostiene aquella noción que día a día se corrobora en los múltiples lazos de corrupción que unen al empresariado y al personal político a cargo del Estado.

¿Entonces por qué defender la estatización de los fondos? ¿No es dejar a los gatos a cargo de la carnicería? ¿No es abrir el peligro de que si hoy son los capitalistas mañana sean los políticos oficiales los que se apropien de los fondos?

En última instancia, sí. Pero una estatización de los fondos sería en contra de la voluntad de las administradoras privadas y producto de un fortalecimiento de las movilizaciones de los sectores directamente interesados en terminar con este sistema. De esa forma, el nuevo propietario estatal, no tendría las manos libres para hacer lo que quiera con los fondos -por ejemplo, subsidiar al Transantiago-, al menos mientras los sectores movilizados se mantengan alertas, activos y con capacidad de actuación política.

¿Por qué entonces, la propiedad estatal? Por dos razones. Una es política: la propiedad estatal es condición para declarar las jubilaciones dignas un derecho y para regular su funcionamiento con eficacia. Por ejemplo, establecer una pensión mínima no inferior a $400.000 o al 80% del sueldo. Una entidad financiera no estatal con un directorio propio estaría mucho más supeditada a los vaivenes del mercado. Por otro lado, con la estatización se restringe el espacio para que los empresarios de la clase dominante se apropien subrepticiamente de los fondos.

Pero bien, aun así, la estatización de la administración de los fondos de pensiones es insuficiente. Cuando Makari y Saleh hablan de una “izquierda sesentera” estatista en contraposición a una virtuosa relación Estado-mercado, que sería un equilibrio necesario para cualquier “democracia consolidada”, dejan en silencio una tercera posición para la cual, las expropiaciones ejecutadas desde el Estado “se ligan a la cuestión del poder obrero y campesino”.

Esa última afirmación, escrita en 1938 por el revolucionario ruso León Trotsky, es bastante certera al establecer que una política de expropiaciones es insuficiente si no implica un mayor poder real para los explotados y oprimidos -en ese tiempo, obreros y campesinos.

¿Cómo pensar en la actualidad la relación de expropiaciones y poder de explotados y oprimidos en relación al tema de las AFP? Articulando la consigna de estatización con la consigna de gestión de trabajadores y usuarios.

Que los fondos pasen al Estado, pero que la gestión de éstos -en todos los niveles- sea a través de comités de trabajadores y usuarios escogidos directamente por asambleas, revocables, que tengan que dar cuenta de los movimientos de los fondos y que garanticen que todos los jubilados y jubiladas reciban pensiones dignas no inferiores a $400.000 o al 80% del sueldo.

Por otro lado, poner en pie un sistema así, implicará un choque de intereses con los empresarios. Por eso, construir una política anticapitalista de los trabajadores, que no se repliegue ante la sagrada propiedad privada, es necesario para sostener un sistema de pensiones realmente solidario. Se pondrá a la orden del día la expropiación de la banca bajo control del pueblo trabajador y de la nacionalización de las grandes empresas estratégicas, pues serán los actuales propietarios y financieros los más indignados con el nuevo sistema previsional. La disyuntiva es esta: o construimos una estrategia en los marcos del capitalismo con el objetivo de reformarlo o construimos una estrategia anticapitalista que base su proyecto en el poder de los trabajadores y sectores oprimidos de la sociedad.