Según un estudio del año pasado, al menos uno de cada diez personas que viven en Chile, tiene problemas de acceso a la vivienda, alimentando el denominado déficit habitacional. ¿Qué política planteamos las y los socialistas ante esta problemática?

Déficit habitacional

¿Cómo se calculó el déficit habitacional en el estudio mencionado? Sumando a los hogares que viven en una situación de allegamiento o de hacinamiento, en viviendas irrecuperables, en campamentos o en situación de calle. Cada una de esas categorías, en el lenguaje técnico oficial, posee una definición bien precisa. Sólo precisemos que “allegamiento” y “hacinamiento” no se refieren al mismo problema: el allegamiento, según la definición del MINVU, “dice relación con la estrategia utilizada en los hogares para solucionar el problema de alojamiento y consiste en compartir una vivienda con otro hogar o núcleo”. Se calcula comparando el número de hogares con el número de viviendas que hay en un momento dado. Ese número no coincide necesariamente, por ejemplo, cuando en una vivienda X, habitan dos núcleos familiares que no planifican en común sus gastos de subsistencia. En ese caso simple hay dos hogares, pero una sola vivienda. Hay muchas situaciones que conducen al allegamiento: una bastante recurrente es cuando una hija o hijo forma un núcleo familiar propio, pero se mantiene viviendo en la casa materna junto a su primer núcleo familiar. También se genera allegamiento cuando un núcleo familiar se traslada a una vivienda habitada ya por otro núcleo familiar, debido a alguna urgencia, etc. El hacinamiento, en cambio, “está asociado al espacio disponible para los residentes de la vivienda”. Se calcula como “el cociente entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la misma (...) un hogar presenta hacinamiento si hay más de 2,5 personas por dormitorio y pasa a ser hacinamiento crítico si hay más de 5 personas”. Por ejemplo, hay hacinamiento si una familia numerosa habita en una casa de una sola habitación y duermen en el mismo espacio tres o más personas.

Realizando la operación de sumar allegamiento, hacinamiento, hogares en viviendas irrecuperables, en campamentos y en situación de calle, el estudio, del año pasado, concluyó que el número de viviendas que se requeriría para resolver el déficit habitacional, sería de 641.421. Cifra no tan lejana a la que más tarde entregó el gobierno, de 643.534. En el mismo estudio, se entregan datos relevantes sobre el rostro del déficit habitacional: por ejemplo, en la mayoría de los hogares que viven en allegamiento, hacinamiento o viviendas irrecuperables, son mujeres quienes cumplen el papel de jefas de hogar. También, del total de hogares en alguna de esas condiciones, un 22,8% son familias migrantes, cifra que se eleva al 40% en las regiones del norte. En el caso de los campamentos, un 30% de las familias que los habitan, son migrantes.

Es uno más de los diversos estudios sobre el asunto, que demuestra la existencia de una crisis habitacional, concepto usado incluso por Antonio Errázuriz entonces presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

La “casa propia” masiva ¿una salida?

En el lenguaje coloquial, existe la expresión “el sueño de la casa propia”. Con esa expresión se alude al deseo de contar con el título de propiedad de una vivienda y dejar atrás ya sea una situación de allegamiento, el hacinamiento o la precariedad habitacional.

Sin embargo esta idea que parece obvia y parte del buen sentido común de alguien que desea “emprender el vuelo” y consolidar -por ejemplo- un proyecto familiar, o transitar a la adultez, posee una historia algo más complicada. En el Chile neoliberal, la adquisición de residencia “forma parte central en el relato ideológico instalado desde la dictadura militar, durante la fase de consolidación de su proyecto político”, como se sostienedesde diversas investigaciones. ¿Cómo? Recordemos que el modelo de “casa propia” en Chile se basa en criterios mercantiles: la oferta de vivienda está en manos de operadores privados; las familias acceden a ésta a través del subsidio estatal y/o los créditos hipotecarios solicitados a los bancos. Para postular a un subsidio, es necesario ahorrar. Para optar a un crédito hipotecario, hay que demostrar un cierto nivel de ingresos y, luego, para solventar el pago de las cuotas del crédito, hay que mantenerse trabajando: un despido puede arruinar el plan. En resumen, adquirir una casa propia pone a muchos en una situación de endeudamiento que actúa como un factor disciplinador en el ámbito laboral y en la vida social. La experta en vivienda Raquel Rolnik, analizando este fenómeno desde una óptica más global, lo explica así:

«Al implementarse el financiamiento inmobiliario para la compra de la casa propia, la expansión del mercado global de capitales se apoyó en el endeudamiento privado, estableciendo un vínculo íntimo entre la vida biológica de los individuos y el proceso global de extracción de renta y especulación. La canalización de los flujos de capital excedente sobre los inmuebles residenciales tiene también, sin embargo, una dimensión intensa: las vidas hipotecadas o la generación de los hombres y mujeres endeudados, una nueva subjetividad producida por los mecanismos disciplinares que someten la propia vida al servicio de la deuda» (p. 37, La guerra de los lugares, LOM).

En el caso chileno, este mecanismo, además de mantener a cientos de miles de trabajadores que pagan “dividendos” en una condición de “deudores de por vida”, constituye una barrera de acceso para quienes no pueden demostrar solvencia ante una deuda hipotecaria, más aún durante los últimos años cuando las barreras para acceder a créditos hipotecarios han crecido.

La dictadura fue determinante a la hora de definir el esfuerzo financiero individual como vía clave de acceso a la vivienda, dejando al Estado en un rol subsidiario. En 1975, recién asumida la dictadura, se escribía desde el MINVU:

«La política habitacional del supremo Gobierno establece que la vivienda es un derecho, que se adquiere con esfuerzo y ahorro, acción en la cual la familia y el Estado comparten su cuota de responsabilidad.

La vivienda no es, por lo tanto, un regalo del Estado» (Rodrigo Hidalgo, La vivienda social en Chile)

Sin embargo, pese a las consecuencias de esta política neoliberal para la vivienda, la “ideología de la casa propia” parece perdurar: la operación derechista de acusar a la ahora fallida “nueva Constitución” emanada de la Convención Constitucional, de atentar en contra de la “propiedad de la casa”, parece haber calado en sectores que votaron rechazo. En realidad, esto expresa que la vivienda continúa siendo una necesidad apremiante para millones de trabajadores y que el único horizonte permitido por los grupos capitalistas para satisfacer esa necesidad, es la vivienda en propiedad, la ley de la “oferta” y la “demanda”, que les permite realizar suculentos negocios a partir de una necesidad de millones de trabajadores y pobres. Es una muestra de la “hegemonía” que todavía tiene la idea de “casa propia” en la sociedad civil. Pero como ya advertía Engels (1887), solucionar las cosas en los marcos del capitalismo, basándonos en la ley de la oferta y la demanda, “reproduce de nuevo las mismas cuestiones”.

El caso chileno es un ejemplo brutal de cómo una solución capitalista a la cuestión de la vivienda ha reproducido viejas problemáticas. Hagamos un breve recuento de algunas transformaciones en el ámbito de la vivienda en las décadas de ofensiva neoliberal y luego volvamos a la actualidad.

La contrarrevolución en la vivienda

Según ciertos datos oficiales, hacia finales de 1973, a nivel nacional, “153.000 familias habitaban en campamentos y 117.000 lo hacían en Operaciones sitio, número que en su conjunto alcanzaba cerca de las 270.000 unidades residenciales involucradas en esos asentamientos”.

La dictadura tuvo una política espacial determinada hacia esos asentamientos. Si en otras ciudades latinoamericanas como el México D.F, una parte importante del actual paisaje habitacional tiene como origen los asentamientos informales después consolidados en la ciudad; en el caso de Santiago y la mayoría de las ciudades de Chile, la dictadura tuvo la línea de barrer esos asentamientos y construir vivienda social barata.

Recordemos que muchos de estos asentamientos eran producto de las luchas que habían protagonizado sectores populares junto a la clase trabajadora antes del golpe de Estado. Potenciales centros de resistencia que había que controlar y dispersar. Así surgió la investigación de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) junto a la Universidad Católica, llamada Mapa de la Extrema Pobreza, cuyo universo “coincidió con los chilenos que habitaban en los asentamientos ilegales” (Rodrigo Hidalgo, La vivienda social en Chile). Más tarde, a fines de la década de 1970, los asentamientos fueron dispersados a través de una política de erradicaciones, que consistió básicamente en expulsar a los pobladores. Para llevar adelante este proceso se esgrimieron todo tipo de argumentos, incluyendo argumentos higienistas, desde la chance de regularizar la situación a través de una vivienda en propiedad, hasta argumentos “higienistas”: la necesidad de contar con alcantarillado, servicios eléctricos.

El siguiente mapa resume ese proceso:

(Fuente, Hidalgo, Rodrigo; presiona el mapa si deseas agrandar la imagen)

Comentando las consecuencias de este proceso de erradicaciones, un investigador escribe que:

«...como campo objetual, ha sido descrito desde diversas disciplinas, consolidando dos ideas centrales. La primera de ellas es la renta futura sobre suelos de alto interés inmobiliario, especialmente sobre las áreas centrales de la capital chilena; y, en segundo término, el control político sobre las poblaciones alzadas como oposición territorial al régimen militar, iniciando las protestas de 1983, empujando a la dictadura hacia el fortalecimiento de la propiedad y el consumo urbanos como dispositivos de control»

.

Por otro lado, el proceso tuvo como consecuencia la “localización de estas habitaciones y a los grupos sociales que las habitaban, hacia los márgenes periféricos del núcleo urbano del Gran Santiago”: “solo entre 1979 y 1985 se relocalizaron 28.887 familias, que involucraron a 172.218 personas. Esto significó crear verdaderas ciudades en los lugares de destino, que no estaban preparados en términos de servicios educacionales, de salud, de transporte, de comercio, entre otros, para recibir a dicha población. Hacia 1984, en todo el país se habían erradicado a 400.000 personas,

En la escala urbana, esto se complementa “con el principio de liberalización
del uso del suelo urbano a través de la implementación de la Política Nacional
de Desarrollo Urbano (PNDU) de 1979, la que determinará la localización del
nuevo y masivo parque habitacional”.

Según un documento publicado por el MINVU esta política “se centra en solucionar el déficit, básicamente por la vía cuantitativa, privada y de bajo costo, a partir de mínimos estándares constructivos y normativos que determinarán un cambio histórico en materia de vivienda pública, reflejado tanto en los niveles de producción como en la fuerte transformación tipológica, espacial y constructiva”. Es una política que se sostuvo al menos durante las décadas de 1980 y 1990 (Documento, Vivienda social en copropiedad) y de la cual son fruto grandes conjuntos de vivienda social o “blocks” que se ubican en algunas comunas de la periferia de Santiago.

Por mucho que las nuevas viviendas tuvieran servicio de agua potable o electricidad, por mucho que sus habitantes empezaran a portar títulos de propiedad, estas viviendas surgieron como un componente integrante de las relaciones de opresión y para millones de trabajadores empeoraron las condiciones en las que todos los días reponen sus fuerzas para volver a trabajar al otro día, para las mujeres y cuidadores en general, empeoraron las condiciones. Viviendas chicas -al inicio de la dictadura, variando entre 35 y 45 metros cuadrados- con vecinos desconocidos, pues no se conservaron los barrios dispersados desde los campamentos a la periferia. Una serie de problemas urbanos nuevos: densificación, deterioro de las áreas de copropiedad, ampliaciones no reguladas y muchas veces endebles, enrejamiento, uso de áreas de recreación como estacionamientos por falta de espacio, falta de servicios, poca movilidad en la ciudad, etc. Si queremos estudiar cómo se masificó el modelo de propiedad privada de la vivienda, no podemos abstraer estos elementos.

Engels y los debates sobre vivienda en su época

En un viejo debate sobre la cuestión de la vivienda, el socialista utópico Pierre Joseph Proudhon, sostenía que una solución para resolver la falta de viviendas, pasaba por terminar con el régimen de arrendamiento, haciendo que cada mes de arriendo cuente como una cuota de pago del precio total de la vivienda. Así, en una determinada cantidad de años, sería posible adquirir la vivienda en propiedad.

Engels es lapidario en discutir en contra de esa idea. Para el amigo de Marx…

«Toda la idea de que el obrero hubiera de comprar su vivienda reposa nuevamente en la teoría reaccionaria fundamental de Proudhon, ya expuesta, de que las condiciones creadas por la gran industria moderna son aberraciones enfermizas y que se debe conducir la sociedad a la fuerza -es decir, contra la corriente seguida desde una centuria- hacia un estado de cosas en que la antigua mano de obra individual es la norma, y que no es otra cosa que una reconstrucción idealizada del pequeño oficio desaparecido y todavía agonizante».

Como vemos, en el contexto de una sociedad capitalista industrial, para Engels era del todo iluso proponer junto con Proudhon, que los propietarios accedieran a vender sus propiedades por cuotas, aún mediado eso por una norma jurídica. Además, generar por doquier pequeños propietarios en la sociedad, no tenía nada que ver con el socialismo: al revés, se podía terminar generando una base social reaccionaria:

«Los prohombres más inteligentes de la clase gobernante siempre se han empeñado en aumentar el número de los pequeños propietarios para formarse un ejército contra el proletariado. Las revoluciones burguesas del siglo pasado fraccionaron los latifundios de la nobleza y de la iglesia en pequeños lotes, tal como en la actualidad los republicanos españoles quieren hacerlo con los latifundios aún existentes, creando así una clase de pequeños terratenientes que desde entonces se ha convertido en uno de los elementos más reaccionarios dentro de la sociedad y el obstáculo permanente frente al movimiento del proletariado urbano».

¿Y cuál sería el efecto de que los propios trabajadores se hagan propietarios de sus viviendas? Engels escribe sobre un ejemplo francés:

«...al vender a sus obreros pequeñas casitas a a amortizar a plazos, el señor Dellfus y sus colegas trataron de sofocar toda mentalidad revolucionaria en los trabajadores, atándolos simultáneamente, mediante su finca, a la fábrica donde entraban a trabajar: de manera que no sólo el proyecto no produjo ningún alivio para la clase trabajadora sino que hasta se volvía directamente en contra de ella.»

En el texto también cita un texto de Eleanor Marx sobre un pueblo en Kansas, Estados Unidos, donde “vimos míseros galponcitos de madera, de unas tres piezas, situados todavía en pleno desierto; el terreno costaba 600 dólares y alcanzaba justo para colocar encima la casita que a su vez costó otros 600 dólares (...) es decir, en total 4.800 marcos por una miserable nadería en medio del desierto fangoso, a una hora de camino de la ciudad”. Engels comenta que de este modo…

«...los obreros tienen que tomar graves deudas hipotecarias para obtener siquiera esas viviendas haciéndose así, más que nunca, los esclavos de sus patrones: atados a sus casas ya no pueden salir y tendrán que tolerar todas las condiciones de trabajo que les son dictadas»

¿Cómo solucionar entonces el problema de la vivienda? Engels sostiene que si pensamos una respuesta en los marcos de la sociedad capitalista, no hay solución por fuera de la ley de la oferta y la demanda, con lo cual, necesariamente, el problema termina reproduciéndose. La pregunta, para el revolucionario, es otra: ¿Cómo la cuestión se solucionaría dentro de una revolución social? Su respuesta es la siguiente:

«Esto no depende sólo de las circunstancias sino también de otras cuestiones de mayor alcance, de las que la eliminación del antagonismo existente entre ciudad y campo es una de las principales (...) Sin embargo, lo cierto es que hoy día ya existe la cantidad suficiente de habitaciones en las grandes ciudades para que, utilizándolas en forma racional, se subsane de inmediato cualquier verdadera falta de viviendas. Se sobreentiende que ello puede efectuarse únicamente expropiándose a los propietarios actuales o alojando a la fuerza en sus casas a los obreros desamparados o desmesuradamente concentrados en sus actuales habitaciones, medida que exige el bien público y que, una vez conquistado el dominio político por el proletariado, podrá efectuarse con la misma facilidad que otras expropiaciones o desalojamientos que emprende el estado actual».

Como vemos, lejos de pensar que la única solución se da en los marcos de generalizar la propiedad individual de las viviendas, a través de la oferta y la demanda, Engels propone una utilización racional de todas las viviendas disponibles para resolver en términos inmediatos cualquier falta de viviendas, medida que, en su visión podría efectuarse con cierta facilidad si la clase trabajadora estuviese en el poder. Eso no implica propiedad individual de las viviendas, pero implica garantizar las condiciones para que todos los integrantes de la sociedad tengan, de partida, dónde vivir. Además, requiere de expropiar a los actuales propietarios, rentistas, etc. O que “los obreros desamparados o desmesuradamente concentrados en sus actuales habitaciones”, se alojen por la fuerza en esas viviendas. Además, Engels, hablando de vivienda, se refiere a la necesidad de resolver un asunto que posee una escala mayor: la contradicción entre la ciudad y el campo.

Una política socialista de vivienda

En la actualidad, hay muchos datos que revelan que, al igual que en la época de Engels, “hay una cantidad suficiente de habitaciones”. Por ejemplo, en el estudio “Inversionistas de Vivienda en el Gran Santiago: una nueva ola de negocio inmobiliario”, de 2021; se hace el perfil de quienes compran vivienda con el fin exclusivamente de obtener renta de éstas: “hombres de clase media alta y alta que residen en Las Condes; empresas de seguros, fondos de inversión y bancos”. Grupos como Penta Vida, Cía de Seguros Vida S.A.; Hipotecaria La Construcción Leasing S.A; Banco Santander; Bbva Sociedad de Leasing Inmobiliario; etc. Hay inversionistas prime: quienes tienen más de cinco viviendas; inversionistas tipo B, que acumulan 4 viviendas, etc.

Esto ocurre mientras aumentan los campamentos y el déficit habitacional. Se abre la siguiente pregunta ¿qué hacer? Consideramos que existen dos respuestas: una que naturaliza que la vivienda es una mercancía que depende del esfuerzo individual, como dijo la dictadura en los 70; y otra que plantea que ésta debe ser un derecho garantizado a todo habitante, para lo cual, a nuestro entender, es necesario un programa socialista y anticapitalista. Entre estas dos políticas, está la ilusión de administrar los efectos de la liberalización de la vivienda, a través de fundaciones del estilo “Democracia Viva”, historia que ya sabemos como termina.

Una política socialista, para responder a la “falta de vivienda”, implica pelear por la expropiación de todos los capitalistas-rentistas que se enriquecen invirtiendo en viviendas, acumulando incluso más de cinco en algunos casos, a los bancos y fondos de inversión que hacen de la vivienda un negocio jugoso; y poner esas viviendas a disposición de quienes las necesitan con urgencia ¿no es acaso una política necesaria y realista? Nosotros, no naturalizamos que grupos como Santander o Bbva tengan casas para arrendar a los pobres, mientras algunas familias no pueden acceder a créditos para comprar una casa o viven de allegados o hacinados, en campamentos, en viviendas deterioradas, etc. Todas esas viviendas al servicio de la especulación de estos grupos y sectores altos de la sociedad deben ser expropiadas y utilizadas para resolver el déficit habitacional.

De la misma manera es necesario estatizar todos los suelos urbanos en manos de especuladores y rentistas que calculan el mejor momento para construir y vender, y que sean trabajadores y comités de vecinos quienes decidan y planifiquen colectivamente el uso del suelo en la ciudad.

En el caso de trabajadores y trabajadoras que han optado por la casa propia, una medida necesaria es que se suspenda cualquier pago a los bancos que cobran cuotas interminables y cualquier amenaza de perder la casa por no pago de créditos voraces.

Para quienes se encuentran en “viviendas irrecuperables” o en “campamentos” es necesario desplegar todos los recursos necesarios, con planes de obras públicas, para recuperar esas viviendas o -si así los desean- trasladarse a otras viviendas.

También es necesario discutir colectivamente los problemas urbanos que superan el ámbito de la vivienda, decidir cómo se planifica la ciudad: cómo se resuelve la falta de servicios en algunos barrios y comunas, la falta de transporte público, la insalubridad por microbasurales, etc. Las y los trabajadores que viven en las grandes ciudades pueden tomar en sus manos el control de toda la ciudad y romper con las formas de generar lo urbano que en las últimas décadas han sido propulsadas con las políticas capitalistas neoliberales, que segregan en barrios precarios a unos y en barrios con altos estándares de calidad de vida a otros.

Estas medidas sólo pueden realizarse vulnerando la propiedad privada capitalista, por esa razón, su efectividad depende de que las y los trabajadores en conjunto con las y los oprimidos desarrollen organismos de autoorganización y poder, que se transformen en las bases de un nuevo Estado, un Estado de la clase trabajadora que administre democráticamente todos los recursos de la sociedad disponibles, como la vivienda y los medios para construirla, lo cual necesariamente conlleva a expropiar a grupos como los Penta, Santander o Bbva que hoy obtienen importantes ganancias invirtiendo en esta área. Una política en las antípodas a la administración de fundaciones y ONG para gestionar los efectos de las políticas neoliberales sin cuestionar la raíz de la crisis habitacional. Una política basada en la lucha de clases y que la clase trabajadora necesita hacer suya para resolver sus propias problemáticas de vivienda y las de las y los oprimidos.