OPINIÓN. “Argentina Sin Narcotráfico”: gendarmes a las calles

En el marco del plan"Argentina Sin Narcotráfico” dirigida desde la cartera de Seguridad, la ministra Bullrich ha vuelto a las primeras planas para mostrarse junto a la Gendarmería y otras fuerzas de seguridad en “megaoperativos antidrogas”. La ministra, optimista, anuncia desde su cuenta de Twitter que ha logrado dar con infinidad de asociaciones ilícitas en todo el país.

Después que el Gobierno decidiera apartar a la ministra de los actos públicos, por el extendido repudio social que recibió por encubrir a la Gendarmería (y a Noceti) en el caso Maldonado, Bullrich volvió a aparecer para mostrarse junto a su fuerza amiga.

La vuelta

A fines de septiembre, en un espectacular operativo trasmitido casi en cadena nacional, efectivos de la Gendarmería irrumpieron en el Café de los Angelitos, uno de los clásicos bares de la Ciudad de Buenos Aires, a metros del Congreso de la Nación. El local fue allanado en el marco de una causa que se investiga maniobras de lavado de dinero que podrían tener origen en operaciones de narcotráfico.

El propietario del Café de los Angelitos, un ciudadano Colombiano, José Piedrahita Ceballos, usando testaferros argentinos logró lavar en el mercado financiero cerca de 15 millones de dólares, cuatro de ellos girados a la banca local, a través de transferencias y el resto invertido en sociedades comerciales y terrenos.

Incautamos más de 300 kilos de marihuana. Los escondían entre las plantas de un cementerio en #Misiones. #ArgentinaSinNarcotráfico pic.twitter.com/wDSRIxhnVh

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 10 de octubre de 2017

En este tipo de operativos siempre hay efectos colaterales no deseados. A partir de este caso se llegó a determinar la estrecha relación que mantenía el colombiano con un empresario inmobiliario argentino, quien se hizo famoso por sus ambiciosos proyectos en Pilar, entre ellos la creación de un "tren vip" y un sector de 27 manzanas que buscaba emular la zona de Puerto Madero. El empresario argentino, Corvo Dolcet, fue detenido pero en la mira quedó el intendente oficialista de Pilar, Nicolás Ducoté quien habría impulsado una reforma del Código Urbano para que pudiera llevarse a cabo el megaemprendimiento inmobiliario en Pilar que financiaría con plata narco el empresario Corvo Dolcet.

A partir de este hallazgo el anuncio que hicieran desde el Ministerio de Seguridad, que amenazaba con nuevos allanamientos para continuar con la ruta del dinero colombiano, pareció cerrarse. Entienden que de proseguir la investigación volvería a quedar en la mira algún integrante de la tropa de Cambiemos.

Decomisos, ¿golpe al narcotráfico?

La ministra se dio cuenta que investigar el lavado de dinero narco, no es tarea fácil, aunque tiene alto impacto y favorece la campaña antimafia del Gobierno , se corre el riego de encontrarse con múltiples casos como el que salpica al intendente de Pilar, por eso volvió a lo viejo conocido: confiscar sustancias ilícitas destinadas al narcomenudeo.

Así es que aparece en los portales de noticias y medios televisivos mostrándose junto a fuerzas de seguridad, en particular la Gendarmería, incautando sustancias ilegales. Alguno de los titulares en la prensa: “Jujuy: Gendarmería incautan 80 kilos de cocaína impresos con el logo utilizado por el cartel del Golfo de México”, detienen cinco personas, mulas, contratadas para trasportar la mercadería; "Detuvimos a dos, incautamos cocaína y recuperamos un predio en La Cárcova", festejaba la ministra desde su cuenta twitter; “Gendarmería Nacional: Operativo mochilas blancas en Corrientes, dos detenidos con casi cuatro kilos de cocaína”; “Decomisaron más de 150 kilos de cocaína en dos procedimientos”, los cargamentos estaban destinados a los puestos de venta minorista instalados en la ciudad de Córdoba. Así podríamos proseguir, pero basta ver la red social más usada por la ministra que muestra sus grandes “éxitos” a los que llama la lucha contra las mafias y el narcotráfico.

Como vimos hasta ahora el plan Argentina Sin Narcotráfico, golpea a las mulas que cargan las drogas que serán repartidas en los polos de venta, mientras dejan impune a los jefes de los carteles, que están muy lejos de los puntos de distribución; pero también golpea a los consumidores. El fiscal Federico Delgado da cuenta que el 70 % de las causas penales son por consumo. Las leyes penales se lo permiten. La ley 27.302, publicada en el Boletín Oficial en noviembre de 2016, anuncia que el que sin autorización siembre o cultive plantas, o guarde semillas recibirán una condena de 4 a 15 años de prisión.

Como se ve endurecen leyes, hablan de la amenaza del narcotráfico en nuestro país, mientras no han producido un informe sobre el tema que permitiría conocer las bandas narcos que lavan dinero que lograrían desbaratar estas poderosas asociaciones criminales. En este país y en el mundo nos encontramos que la respuesta de los gobiernos al tráfico ilegal está dirigido contra los usuarios, mientras dejan impunes a los poderosos que ganan millones con este negocio ilegal.

La campaña del Gobierno, guerra contra las drogas, que en esto cien años de prohibicionismo se ha mostrado en el mundo ineficaz para combatir el crimen y efectivo para generar cada vez más capos narcos, más magnates del lavado de dinero y más criminales trasnacionales.

Por esto mismo es que Bullrich miente o no sabe nada de lo que habla cuando informa, en cada decomiso, que esto es un “golpe al narcotráfico”, en el que nunca caen el capo de la banda y menos algunos de sus cómplices. Estas bandas necesitan del apoyo logístico y zonas liberadas para transportar y vender su mercancía, y esto solo se los puede brindar las fuerzas de seguridad que tienen el control territorial, que, junto a funcionarios, políticos y judiciales, forman una empresa millonaria y criminal (aunque la cabezas de estos pocas veces rueden).

Son estas mafias asociadas los que regulan el mercado de la drogas, por eso los kilos de sustancias decomisadas y algunos detenidos por el Ministerio de Seguridad, no significa un golpe al mercado de drogas, sino que se trata tan solo de un procedimiento policial, mientras que el mercado ilegal goza de buena salud.

Para el Gobierno es útil hablar de la amenaza de narcotráfico para justificar políticas de mano dura. El mismo día que asumía la presidencia, en su discurso inaugural, Macri destacó que el objetivo de su Gobierno era “derrotar el narcotráfico”, posteriormente declaró la Emergencia de Seguridad que habilita el derribo de aviones y el aumento del presupuesto para esta cartera, mientras la ministra de Seguridad viajaba a Washington para reunirse con el responsable de la DEA, Chuck Rosenberg.

A partir de allí reabrieron una oficina de la DEA en el norte del país. En marzo de ese año, 2016, el presidente Barack Obama, de visita oficial en nuestro país, pactaba con el mandatario argentino “trabajar juntos para combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas”. El alcance de este acuerdo permite que miembros de las Fuerzas de Seguridad viajen al país del norte a “formarse” con agentes del FBI.

Pero el gobierno de Cambiemos persiste en recetas caducas en las que encuentra favorables titulares policiales y ningún resultado efectivo contra el negocio criminal narco que se nutre y se expande internacionalmente gracias a la acumulación de dinero. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Argentina solo procesó siete casos de lavado. Entre los 143 países que tienen problemas con el flujo de capitales ilícitos, Argentina se encuentra en el puesto 38.

Está claro, como en el caso del intendente del municipio de Pilar, que el Gobierno no irá hasta el final contra los lavadores de dinero y sus cómplices, medida que pondría en jaque el negocio sangriento de capitalistas y criminales. Atacar sus cuentas bancarias e impedir el blanqueo de capitales son medidas básicas para quitar el poder de estas bandas. Sin embargo el gobierno eligió permitir el blanqueo de capitales (beneficiando a familiares de Macri y sus funcionarios). Para encubrir esto puso expertos en la Unidad de Información Financiera (UIF), Macri nombró a Mariano Federici y María Eugenia Talerico para el cargo de presidente y vicepresidente respectivamente. Talerico, fue abogada del HSBC, la banca acusado de lavar dinero narco, mientras que Federici trabajó para el FMI y está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Queda claro que los decomisos le sirven a la ministra para justificar que no va a tirar un gendarme por la venta, prestigiar a esta fuerza, y mostrar el compromiso del gobierno en la lucha contra las mafias mientras encubren las mafias que hacen negocio con el gobierno.