Contrabando. Armas para el golpe en Bolivia: el Gobierno amplió la denuncia a Peña, Faurie y Pompeo

El Gobierno nacional amplió este jueves su denuncia por “envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas de Bolivia” por parte del gobierno de Mauricio Macri en noviembre de 2019 y consideró probado que el expresidente “ordenó y organizó en forma directa” ese envío a través de Gendarmería.

“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, dice el escrito que firman la ministra de Seguridad Sabina Frederic, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria.

El Gobierno de Alberto Fernández asegura que a las primeras imputaciones en la causa “se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada: el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie y el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo”.

Según la denuncia reproducida por la agencia Télam, Peña y Pompeo “no sólo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”.

“Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia”, dicen los denunciantes. Y aseguran que “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero”, ya imputados junto al expresidente.

En el escrito figura una cronología detallada de los hechos, a partir de información que constaba en los ministerios hoy conducidos por Frederic y Soria y en la AFIP. Y se incorporan registros de ingresos a la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento de más de 600 granadas y 70.000 municiones a Bolivia. Durante esa mañana, Gendarmería “hizo los trámites para ampliar las autorizaciones de salida del país otorgadas por la ANMaC el día anterior para proteger la Embajada Argentina en Bolivia”.

“A última hora de la noche, por su parte, partió rumbo a Bolivia el Hércules C-130 que trasladó a los gendarmes y al material represivo”, agregan. Ese 12 de noviembre Macri tuvo dos reuniones que los denunciantes consideran “trascendentales” para la maniobra de contrabando. Una con Peña, Bullrich, el entonces director de Gendarmería Gerardo Otero y su secretario privado y directores de todas las fuerzas de seguridad. Y otra con el entonces canciller Faurie, quien luego solicitó por nota el envío de gendarmes a Bolivia con el supuesto fin de dar protección a la Embajada argentina.

“Faurie no sólo se reunió en privado con Macri, sino que además firmó –de puño y letra– una sospechosa nota, hasta ahora desconocida. Omitiendo utilizar el sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales”, dice la denuncia. El entonces canciller “envió a Bullrich y Aguad una ‘solicitud’ de envío de gendarmes a Bolivia, con el supuesto fin de proteger la Embajada. Sin embargo, el verdadero objetivo de la nota fue formalizar la coartada que los imputados utilizaron para ocultar la verdadera finalidad de una parte del material enviado: entregarlo a las fuerzas golpistas del vecino país”.

“Con la inclusión del nuevo material probatorio, se demuestra que las más altas autoridades políticas –el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller y la ministra de Seguridad– sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal”, afirman los funcionarios nacionales.

La causa es investigada en el fuero penal económico e interviene el fiscal Claudio Navas Rial, quien ante la ampliación de la denuncia deberá resolver si formula nuevas imputaciones. El escrito de Frederic, Soria y Marcó del Pont se presentó ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, quien por el momento está a cargo del caso, aunque debe resolverse un conflicto de competencia con su par Javier López Biscayart.