Golpe de Estado. Arturo Murillo tiene audiencia este 9 de julio sin mención al golpe y las masacres ocurridas

La demanda no menciona los abusos y masacres de Senkata, Sacaba, Ovejuyo, Rosales y el Pedregal cometidos durante el golpe en noviembre de 2019 junto a la policía y los militares. Tras el arresto de Murillo, Gobierno y opositores, al parecer, entran en una puja negociadora para crear un ambiente de reconciliación muy a pesar de las familias y víctimas del golpe de Estado.

Luego de su detención el 26 de mayo pasado, todos los medios de comunicación, oficialistas o de la oposición, hasta el día de hoy centran la atención en el soborno y lavado de dinero. En la compra –con sobreprecios millonarios- de armamento para la policía y militares. Esta construcción mediática habla del entorno de Murillo con Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, amigo y quien fue jefe de gabinete en el gobierno de facto. Luego Luis Berkman Littman, quien tiene un proceso penal en Bolivia por tráfico de armas con el Paraguay y la cercanía con el conocido narcotraficante Roberto Roca Suárez, alias Techo de Paja. Philip Lichtenfeld, con recorrido empresarial en Argentina donde tiene detención preventiva. Esta mención de Murillo y su entorno tiene la intención de poner en el centro la corrupción, que desde ya es aberrante, y desviar la atención de la violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el golpe de Estado y el Gobierno de facto de Áñez, de los que Arturo Murillo es responsable.

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Frente a esta situación, la oposición de derecha busca separarse de los “corruptos”. Se pronunciaron desde la centro derecha representada por Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa hasta la misma Jeanine Áñez “repudiando” los “negocios” de Murillo y soltándole la mano. Por su lado, el oficialismo hace gala de su relación con el imperialismo. María Nela Prada, ministra de la Presidencia afirmó “que Bolivia reestableció relaciones diplomáticas de confianza con Estados Unidos”. Esta declaración la hizo, respondiendo el guiño de la Casa Blanca con Bolivia, luego de que fue el FBI quién detuvo a Murillo, es decir, hizo el trabajo que la “justicia” del MAS no pude hacer.

La derecha política, la Iglesia y los grandes medios de comunicación, no mencionan las masacres de Senkata, Sacaba, Ovejuyo, Rosales y Pedregal. No son por estos motivos que están buscado a Murillo y demás golpistas. Tampoco por los casos de tortura que abrirían crímenes de lesa humanidad y de esta manera podrían ser buscados internacionalmente.

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El oficialismo mientras tanto busca tomar el control de algunas oficinas de derechos humanos para que no salgan las denuncias por tortura de las víctimas del golpe de Estado. Hasta el día de hoy las víctimas afirman que no existen avances respecto a los casos de abusos y menos que se vaya a presentar los casos de tortura. Todo esto instrumentalizado políticamente en función de negociar. Pretenden dejar en el olvido a las víctimas de las masacres y torturas para construir una “reconciliación” entre golpistas y oficialismo sobre la sangre derramada.

Arturo Murillo, Jeanine Áñez, Fernando López y los que participaron en el golpe de Estado están juzgados por temas que tienen que ver con el orden constitucional del Estado. Constitución que los mismos golpistas pisotearon en el Gobierno de facto. Además, juzgarlos por temas constitucionales daría lugar a procesos largos y de los cuales las sentencias son inferiores y apelables.

Los actos de corrupción y los procesos constitucionales son los mecanismos con los que se intenta aislar el tema de las torturas, asesinatos y de los abusos cometidos a la población que resistió el golpe. Población que entregó su vida para que los golpistas no consoliden su Gobierno de facto. Recordemos que fue la resistencia y la movilización de las zonas periféricas que resistieron el golpe de Estado los que pusieron el límite al Gobierno golpista, cuando todos los medios de comunicación de la derecha los tildaban de vándalos u hordas. Mientras tanto, el MAS, utilizaba esas movilizaciones como carne de cañón para negociar en mejores condiciones con los golpistas y desviando las mismas hacia las elecciones del 18 de octubre que llevaron a un nuevo Gobierno del MAS.

Bajo esta construcción política con los medios de comunicación de derecha y la complicidad del MAS los responsables del golpe se encuentran prófugos y con posibilidades de negociar sus extradiciones. Además de no responsabilizar a los policías y militares quienes materializaron el golpe de estado que hasta el día de hoy continúan impunes.

Cuestionamos y criticamos el rol del MAS que concilia con los golpistas y decimos que a la derecha golpista se le aplasta. Hoy, el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, intenta lavar el rol de la policía y los militares en el golpe de Estado, cuando están otorgando grados y ascensos de acuerdo a negociaciones demagógicas con el MAS. Intentan embellecer a estos aparatos represivos del Estado pretendiendo que el pueblo trabajador olvide que durante el golpe no dudaron en asesinar al pueblo que resistió en Senkata, Sacaba, Ovejuyo, Rosales y Pedregal. Todo esto es una ficción, porque quiénes resistieron vienen haciendo una experiencia que puso una vez más en evidencia que la Policía y las FF.AA. siempre protegerán los intereses capitalistas y de las clases dominantes. Así lo demostró el golpe de estado.

¡Ni olvido ni perdón para los golpistas del país!
¡Juicio y Castigo!
¡No a la conciliación con la derecha golpista!
¡Exigimos justicia para todas las familias de las víctimas de las masacres!, ¡Exigimos reparación y resarcimiento para las víctimas de tortura y para las y los heridos por la represión policial y militar!