El ataque a la educación pública no sólo se vive en México. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa notificó la extinción de la Unió Nacional de Educadores, el sindicato magisterial más grande del país.
Elizabeth Sauno @ElizabethSauno
Sábado 23 de julio de 2016
El pasado 20 de julio, el Ministerio de Educación, a través de Fernando Alberto Yáñez Balarezo, Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, notificó la disolución de la Unión Nacional de Educadores.
Ante esto, Rosana Palacios, actual Presidenta de la UNE manifiesta que la disolución de esta organización de maestros es ilegal, inconstitucional sin ningún argumento jurídico que respalde este decreto.
Así mismo, denuncia que se trata de una medida para “acabar con el movimiento sindical y social del país mediante la disolución de las organizaciones populares que resisten” las políticas del gobierno de Rafael Correa.
La disolución de la UNE implica acabar con la organización de decenas de miles de maestros que defienden “la educación pública, el laicismo, los derechos de todos los niños y los jóvenes a una educación democrática, libre, gratuita y de calidad, así como los derechos y aspiraciones de los maestros”.
Este decreto viene acompañado de una serie de ataques por parte de Correa y el Ministerio de Educación, los cuales desde hace años intentan desmantelar a la UNE con medidas como la eliminación “del derecho a recaudar la cuota sindical vía rol de pagos”, la cancelación de jubilaciones, el desconocimiento del derechos sindicales a los maestros que se mantienen en lucha, la persecución de dirigentes de la UNE así como el llamado por parte del Ministerio de Educación a conformar una organización sindical subordinado al gobierno.
Así mismo, el Ministerio de Educación ha suspendido proyectos de escuelas comunitarias y la destrucción de la Escuela Intercultural Bilingüe.
La UNE ha acudido a instancias internacionales para la resolución de sus demandas, como la Organización Internacional del Trabajo y denunciando ante la ONU la violación a sus derechos. A pesar de que la ONU dio el fallo a favor de la UNE el gobierno de Rafael Correa ha hecho oídos sordos ante sus demandas.
Esto deja claro que no puede haber una confianza en las instituciones y sólo la movilización y la solidaridad con otros sectores podrá hacer que impongan sus demandas.
