El aumento del 35% del monotributo, la deuda retroactiva para las y los trabajadores, y la inminente obligatoriedad del pago, devela y agudiza la precarización y el ajuste por parte del Gobierno Nacional en total complicidad con las direcciones sindicales.
Martes 8 de junio de 2021 19:57
Muchos de las y los trabajadores de las infancias y adolescencias nos desarrollamos en ámbitos estatales, ONGs, Fundaciones, jardines, escuelas, Centros de Primera Infancia, entre otros. Las exigencias de las patronales y de las gestiones es que las/os trabajadores facturemos mensualmente determinado monto irrisorio, que en la mayoría de las veces se encuentra por debajo de la línea de pobreza, ocultando de esta forma una relación bajo dependencia encubierta que implica fraude laboral.
En los últimos días se dio a conocer la noticia de que las categorías de los monotributos aumentan un 35%, y que dicho aumento es retroactivo al mes de enero del 2021. Este impuesto viene acompañado por la agudización de una crisis social que el gobierno de Alberto Fernández pretende sortear, pasando un ajuste brutal que tendrá implicancia directa en nuestros salarios para recaudar fondos para la deuda. Ya no solo se trata de la ausencia de medidas económicas ante la emergencia sanitaria y una inflación creciente que, según todas las previsiones, estará muy por encima del 29% estipulado en el presupuesto para este año, sino que también implica un ataque abierto a quienes ya cobramos sueldos de miseria.
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Esto se lleva a cabo con la complicidad de las direcciones sindicales de ATE, UPCN, SUTECBA quienes no paran de firmar paritarias a la baja y se caracterizan por un inmovilismo total ante estas medidas. La respuesta de ATE Capital ante esta situación es brindar “asesoría contable” para afiliades, sin plantear ninguna medida orientada a pelear por el fin de la precarización laboral y el pase a planta de todos los empleados/as. Avalan el ajuste, mientras la pérdida del valor de los salarios de los estatales llegará al 43% en diciembre del 2021.
Desde hace años, las condiciones de precarización para lxs trabajadorxs de las infancias y adolescencias vienen decreciendo de forma constante. Ya casi no hay incorporaciones a espacios laborales en relaciones bajo dependencia. Así, el Estado es el principal explotador y regulador de este mecanismo, logrando perversamente “legalizar” lo infame.
Pero, ¿Qué implica esta modalidad de contratación?
Implica no tener aguinaldo, algunas veces no poder acceder a tener un sindicato que te represente, no contar con ART o seguros de vida, salario familiar, jubilación, antiguedad, poder ser despedidx de un día para el otro sin posibilidades de reclamos, salvo por vía judicial y con muchas chances de que no sea fructífera dicha salida, inestabilidad constante ante la posible no renovación del contrato.
Significa que el empleador en más de una oportunidad nos diga que “en realidad” no nos corresponden vacaciones, acorde al contrato que firmamos de forma anual, pero “que por ahora” tienen el tupé de “darnos” quince días, tiempo estimativo, que fluctúa acorde al sector del organismo, donde cada quien caiga en suerte.
Firmamos un contrato absurdo, donde todas las consignas del mismo significan que el empleador, en su mayoría el Estado, no se hará cargo de nada de lo que suceda, y que quien firma dicho contrato, no podrá reclamar absolutamente nada.
¿Qué viene pasando en nuestros lugares de trabajo con estas modalidades de contratación y facturación?
La precarización en el ámbito tiene rostro de mujer, ya que la mayor parte de quienes nos desempeñamos en estas tareas somos mujeres trabajadoras y precarizadas. Laburamos con uno de los sectores más vulnerables, azotado por una pobreza extrema. El 62,9% de las niñas niños y adolescentes son pobres en el país.
En este contexto, el Gobierno Nacional decide atacar a quienes trabajamos todos los días con esas familias. Creer que las condiciones en las que lxs trabajadorxs son “contratadxs” no tiene ninguna injerencia en el desarrollo de las políticas públicas, es querer tapar el sol con la mano. En general, poseemos dos trabajos precarizados, para poder llegar a alcanzar un sueldo que nos permita subsistir.
Tener dos trabajos, con cargas emocionales, cognitivas y corporales como las que implican trabajar en el área de infancias no es tarea sencilla, y es algo que no deja de impactar en la implementación de las políticas públicas.
Otra de las formas en las que se expresa la precarización, es cuando el propio Gobierno de la Ciudad realiza convenios con ONGs, quienes contratan trabajadorxs de forma más precarizada aún, cobrando menos, y trabajando a la par de compañerxs que dependen directamente del propio Organismo del Estado.
En los últimos dos años, en el Organismo de protección y promoción de derechos de CABA, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cobró vigencia la nueva forma de contratación, mediante contratos “UBA”, donde se realizan convenios con universidades quienes serán responsables del pago de los salarios. Desde hace dos años que lxs trabajadorxs llevan a cabo la misma tarea y carga horaria que compañerxs bajo modalidad de contratación directa con el organismo, pero cobran menos, y a destiempo, siendo que en algunos casos al día de hoy les deben tres meses de sueldo. Frente a esto, el sindicato no ha tomado ninguna medida que busque revertir la situación, adoptando una espera totalmente pasiva, oficiando de mensajes donde simplemente le consultan a la gestión los tiempos de cobro para informarle a lxs trabajadorxs.
Si dividen y fragmentan ¿nosotrxs qué hacemos?
La contratación precarizada también facilita a que el propio Estado y los gobiernos achiquen sus inversiones, a costa de derechos que se suprimen para una gran masa trabajadora. Las gestiones usufructúan con nuestra precarización, “achican gastos”, como suelen decirle, para después pagar deudas al FMI contraídas ilegítimamente. Son modalidades que apuntan a fragmentar la lucha de lxs trabajadorxs, y este es el punto nodal a cuestionar, problematizar y accionar.
Es necesario que nos reconozcamos todxs como trabajadorxs de una misma clase, más allá de las formas de contratación que tengamos. Exigir a los sindicatos que tomen en sus manos la pelea por nuestras demandas, por terminar con la precarización que nos atraviesa y por el pase a planta de todxs. Para que esta crisis no la paguemos nosotrxs, es necesaria la organización y la lucha de forma conjunta como clase ante el avance constante de los gobiernos que nos siguen ajustando.