Desde el 1º de enero rige el 7% de aumento en los salarios de las trabajadoras de casas particulares, con el cual, los ingresos de una empleada que realiza tareas generales de limpieza, lavado, planchado, cocción y otras tareas hogareñas, no llegarán a 35 mil pesos mensuales.
Lunes 24 de enero de 2022 14:08
Esto equivale a menos de la mitad de la canasta básica total calculada por el INDEC para un grupo familiar integrado por dos personas adultas y dos menores.
El sector del trabajo de casas particulares está conformado por el 16,5 % del total de las mujeres ocupadas y el 21,5 % del total de las asalariadas, representando, junto con la educación, los servicios sociales y el sector salud, las áreas donde se concentran las mujeres trabajadoras. En este rubro, específicamente, el 98,8% de los trabajadores son mujeres, convirtiéndose en la segunda rama de mayor ocupación femenina: más de un millón y medio de trabajadoras, entre la cuales, el 44,2% son jefas de hogar.
El ínfimo aumento que rige desde principios de este año, también alcanza a quienes realizan tareas de cuidado no terapéutico y asistencia de niñas, niños o adultos mayores.
En todos los casos, este mínimo salarial es para aquellas trabajadoras que desempeñen una jornada laboral de tiempo completo, esto es, el equivalente a 48 horas semanales, es decir 8 horas diarias de lunes a sábado. Según la resolución 1/2020 de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, a partir de las 24 horas semanales, se debe percibir un salario proporcional a las horas trabajadas. Pero, por menos de ese tiempo, se establece un valor por hora que, con el incremento, quedó establecido en 256 pesos.
Esto, por supuesto, siempre y cuando las trabajadoras se encuentren registradas. Sin embargo, en Argentina, el 70% de quienes trabajan en el sector, lo hacen de manera irregular, a pesar de que el gobierno presentara el año pasado -con bombos y platillos- el plan Registradas que se trataba de un subsidio a los empleadores para alentarlos a cumplir con las leyes laborales.
La medida demagógica anunciada entonces por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, es similar a las que impulsa el FMI en otros países: desgravaciones fiscales para las familias que contratan trabajadoras para sus casas particulares.
En Argentina, a pesar de que el programa se presentó, en su momento, como una iniciativa a favor de las trabajadoras, lo cierto es que sólo estipula que el Estado cubriría -para los empleadores- un porcentaje de entre el 30% y el 50% del sueldo durante 6 meses, cuando se pagará a través de ANSES. Esto es válido para las trabajadoras que cumplen con un mínimo de 12 horas semanales en el mismo hogar. Para los verdaderos beneficiarios, sólo se exige que mantengan la contratación de la empleada por un mínimo de 4 meses más después de que se termine el subsidio estatal.
A pesar del incentivo, el 70% de las trabajadoras de casas particulares no está registrada y trabaja en condiciones de precarización e irregularidad. Aun cuando hubiera sido una medida exitosa y hubiera resuelto el altísimo nivel de irregularidad del sector, no habría cambiado en lo más mínimo la situación de precariedad de las trabajadoras, cuyos ingresos están muy por debajo de lo que se necesita para no ser pobre, con aumento incluido.
