En el estado español comenzamos el año 2024 con el sistema sanitario al borde del colapso, debido a un repunte de infecciones respiratorias en todo el territorio que está generando una alta tasa de hospitalización. Las urgencias y la atención primaria se encuentran desbordadas, lo que nos está llevando a una situación crítica, que está siendo denunciada por profesionales sanitarios y usuarios debido a la nefasta gestión que se está llevando a cabo.
Miércoles 10 de enero
Es el caso del Hospital La Paz de Madrid, donde el colapso ha derivado en la cancelación de cirugías programadas debido a la falta de camas. Que esto ocurra en un contexto de una lista de espera quirúrgica de más de 91.000 demuestra la mala gestión que veníamos comentando. Y no se trata de algo puntual, ya que desde 2010 la disposición de camas en la Comunidad de Madrid ha disminuido significativamente, pasando de 3,37 camas por 1.000 habitantes a tan solo 3,05. Los ataques al sistema público son constantes, y no han cesado a pesar de encontrarnos ante el supuesto gobierno “progresista”.
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Ante tal tesitura la actual ministra de sanidad se limita a anunciar medidas tan insuficientes como inciertas. La pasada semana aseguraban desde el ministerio la implementación de bajas “autojustificadas” por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad, argumentando que el fin es no burocratizar la atención primaria y evitar colapsar a los profesionales. Sin embargo, tras varias semanas de caos asistencial, se continúa sin reforzar la plantilla de profesionales, que están siendo sometidos a importantes cargas de trabajo. La única solución realmente eficaz para descongestionar las urgencias hospitalarias y de los centros de atención primaria para asegurar condiciones de trabajo dignas es aumentar las contrataciones.
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Y no ha sido el único intento de desviar responsabilidades. La ministra también afirmó el pasado lunes que bajo su criterio “la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias es la medida más eficaz ante el repunte de virus respiratorios”. Mientras los servicios esenciales como el de la Sanidad Pública y todos sus trabajadores y usuarios se encuentran en una situación de abandono, García considera que la medida más eficaz para resolverlo es implementar una única medida de prevención, dejando a un lado a los profesionales. Generalizar el uso de mascarillas sin duda es una medida necesaria, sin embargo es un parche una vez que el mal ya está hecho, cabría preguntarse cómo llegamos a esta situación. La sobrecarga de trabajo, las malas condiciones de contratación y la escasez de financiación son síntomas de una gestión que sigue apostando por reforzar la sanidad privada en lugar de blindar la pública.
No obstante, no es de extrañar que los planes del nuevo gobierno no pasen de las falsas promesas. No solo empeora la Sanidad Pública cuando gobierna la derecha. El “gobierno progresista” no ha dado ni un solo paso para revertir las privatizaciones de los últimos años ni para reforzar el sistema público. Más bien al contrario: la subida de presupuesto en los PGE 2023 apenas compensó la inflación de ese año mientras el militarismo aumentó un 26% su presupuesto. Tampoco sorprendían las últimas declaraciones de Mónica García, donde sostenía que “siempre le he tenido mucho respeto a la sanidad privada”. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación por la que apuestan descaradamente gobiernos como el de Ayuso en la Comunidad de Madrid, pero que también incentiva el nuevo gobierno con una gestión privatizadora.
Si las medidas de Mónica García ya nos parecían deficientes, a comienzos de año Florentino Pérez, presidente del Consejo General de Enfermería, optaba por apoyar el aumento de competencias a este sector. Desde comienzos de mes las enfermeras ya pueden recetar ibuprofeno y paracetamol para tratar la fiebre, según la resolución del Ministerio de Sanidad que publicó el BOE. Mientras la falta de médicos deja estragos en incontables centros sanitarios, se continúa cargando con más responsabilidades al personal de enfermería, sin recibir nada a cambio desde décadas atrás. Cada vez las competencias son mayores, pero las exigencias reales del colectivo, como el reconocimiento de especialidades o el A1, quedan lejos de ser concedidos.
Para conquistar un sistema de calidad que soporte los picos de infección es necesario financiarlo de forma eficaz, desde la atención primaria hasta la hospitalaria, aumentando los presupuestos. Exigimos que se estabilice el trabajo precario de muchos profesionales pasando a plantilla fija a todos los temporales e interinos, además de contratar a más profesionales y reforzar en casos necesarios. Se deben derogar leyes y convenios que permiten la gestión privada de centros sanitarios, como la 15/97, y en perspectiva poder luchar por conseguir una nacionalización del SNS y crear una red que facilite y asegure una atención universal; todo gestionado por trabajadores y usuarios.
Para ello es importante extender la lucha y el movimiento en defensa de la sanidad pública que hemos visto desarrollarse estos últimos años en todo el Estado y como sucede hoy en Catalunya. Usuarios, trabajadoras y trabajadores sanitarios, junto al conjunto de la clase trabajadora, son quienes tienen la fuerza necesaria para, no solo frenar la privatización, sino conquistar un modelo que dé respuesta a las necesidades de todas. Son quienes toman en su mano la verdadera bandera de la sanidad pública. Por ello los sindicatos deben empezar a trazar un plan de lucha en defensa de lo público para extender esta pelea al conjunto de la clase trabajadora.
Por una sanidad al servicio de las mayorías sociales, que viva la lucha de los sanitarios.
