El caso Ayotzinapa está cumpliendo una década, cruzando dos sexenios, en los que los padres de los 43 han exigido justicia y la aparición con vida de sus hijos, en los últimos años han tenido respuestas que no han sido satisfactorias a pesar de las promesas y han alzado la voz para seguir con su causa.

Han pasado 10 años de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en donde 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa fueron desaparecidos, lugar en el que pudimos además saber del asesinato de seis personas más, tras los hechos una ola de indignación sacudió a México y al mundo entero. Las consignas fueron: “PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”, “FUERA PEÑA” y “FUE EL ESTADO”, para exigir justicia y la aparición de los jóvenes con bien.

Aquella situación puso en jaque al gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien gobernó, como buen exponente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con mano de hierro, siendo, además, el responsable de múltiples represiones mientras ocupó el poder tanto a nivel estatal como federal. Aquel caso sumió en tal crisis de credibilidad a los viejos partidos neoliberales, como el ya mencionado PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el otrora partido de centro izquierda, Partido de la Revolución Democrática (PRD) –que hoy se encuentra en vías de extinción pues fue el responsable directo de los hechos–, que, a la fecha, el grueso de la población trabajadora los rechaza.

El marco histórico de los hechos

Las administraciones de la alternancia –nos referimos como “alternancia” al periodo posterior a los 70 años de gobierno priista, especialmente después del año 2000–, atacaron los derechos de la clase trabajadora y de los sectores populares, a la par de que perpetraban actos de represión e impulsaban la militarización, que se agudizó en especial en 2006 cuando Felipe Calderón del PAN en su calidad de presidente de México declaró oficialmente iniciada la supuesta “Guerra contra el narcotráfico”. Algo muy propio de la doctrina de Seguridad Nacional pregonada por los gobiernos neoliberales y del imperialismo estadounidense. El resultado de esta guerra contra el pueblo, fueron cifras del horror, entre 2006 y 2012 hubo 121,683 muertes violentas, sólo en 2013 fueron 18,338. Los desaparecidos entre 2007 y 2014 ascienden a 23,272, y los desplazados por la guerra contra el narcotráfico fueron alrededor de 16,000 [1].

La violencia se convirtió en una medida de disciplinamiento para aleccionar a la población trabajadora y popular y mantenerla asustada y en el ámbito privado, encerrada en su casa con miedo a salir a la escena pública donde se discuten los problemas comunes. De esa manera los sujetos quedaban aislados tanto en el sentido físico como en el emocional y el social, facilitando la fragmentación y convirtiendo el hogar en una especie de prisión, que sirvió también como refugio que fomenta la atomización social, sobre todo en el caso de las mujeres [2].

Para justificar esta violencia se comenzó la criminalización de las víctimas, con frases como “en algo andaban”, promovidas por las instituciones y los grandes medios de comunicación. Estas se volvieron algo brutalmente cotidiano, sin querer destacar el papel de las policías, los militares o los grupos paramilitares en las transgresiones a los derechos humanos. Sin cuestionar el papel de las Fuerzas Armadas en los crímenes, ni de las responsabilidades del Estado por las políticas emprendidas, de la precarización de la vida ni la concentración de la riqueza.

El hecho es que la supuesta “guerra contra el narcotráfico” que se implantó en distintos países, que, en su momento, estaban abiertamente alineados con Estados Unidos como México o Colombia, así como las naciones que conforman Centroamérica y algunos otros como Perú, sufrieron una transformación institucional y reformas en leyes para poder instaurar esta situación. Para poner en marcha la militarización que garantizó la expoliación, la excesiva riqueza en unos y la excesiva pobreza en otros, asegurando todo mediante el control policiaco-militar [3].

Esta política de militarización que cuidaba de los intereses empresariales pudo observarse de forma particularmente aguda en el sexenio de Peña Nieto, con el caso de Ayotzinapa como gran ejemplo, pero también con la represión contra el magisterio y contra jóvenes que cuestionaron profundamente al gobierno.

Te puede interesar: Más policías y militares en las calles contra protestas piden empresarios

La noche de Iguala: el crimen de Estado

Los estudiantes de Ayotzinapa acudieron a Iguala porque se encontraban haciendo “boteos” para juntar recursos y asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, pero nunca llegaron porque ocurrió la agresión en la que fueron desaparecidos. Estos hechos causaron desconcierto e indignación, por lo que de forma exprés el Gobierno Federal comenzó a dar versiones de lo ocurrido concentrándose en una sola línea de investigación, que el grupo criminal, Guerreros Unidos, el alcalde del PRD en Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa eran los únicos responsables de lo ocurrido.

Entre el 3 y 4 de octubre la fiscalía de Guerrero capturó a los primeros presuntos culpables, después se declaró incompetente y trasladó el caso a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El responsable de llevar la investigación fue Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, quien dio una versión de los hechos plagada de inconsistencias y contradicciones, los nombres de los asesinos confesos y las escenas del crimen fueron cambiadas en varias ocasiones, pero la línea de investigación siempre fue la misma, negar en todo momento que los agentes del Estado como el Ejército hubieran participado en los hechos, a pesar de que en los testimonios de los sobrevivientes se describía que fueron perseguidos por soldados.

El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam dio una conferencia de prensa en la que la versión oficial del caso no explicaba los hechos de Iguala y que en realidad evadía lo que sucedió, a causa de eso fue duramente cuestionado por los periodistas presentes al punto que terminó por dar una respuesta que resultó escandalosa y que aumentó la molestia generalizada que existía ante lo ocurrido, “Ya me cansé”. Con la cual cerró totalmente el diálogo, expresando la posición oficial del gobierno del aquel entonces, negarse a esclarecer lo que ocurrió con los normalistas.

El 27 de enero de 2015, Murillo Karam y Tomás Zerón declararon que miembros de Guerreros Unidos fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas junto con los policías municipales, quienes les habrían entregado a los jóvenes a los sicarios para quemarlos en el basurero de Cocula durante 15 horas. Esto a partir de una confesión por supuestos integrantes de ese cártel que no tenía el más mínimo sustento, dichas declaraciones no se respaldaban con ningún dato y no se admitía cuestionamiento alguno para ellos. A eso le llamaron “La Verdad histórica”, que no se sostuvo en ningún momento, pues salió a la luz que las confesiones de los supuestos sicarios eran falsas y habían sido obtenidas mediante tortura.

La PGR omitió varios detalles que eran fundamentales, como el hecho de que en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C5) se monitorearon todas las actividades de la zona aquel día. El C5 servía para que el Ejército, Policía Federal, policía estatal, ministerial y municipal, es decir las autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieran comunicadas y coordinadas para acciones en conjunto, por tanto, los gobiernos estaban enterados de lo que ocurrió la Noche de Iguala, conociendo cada uno de sus detalles [4].

La declaración de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula eran simplemente imposible, ya que para quemar 43 cuerpos humanos al aire libre y en una noche lluviosa se requiere una enorme cantidad de energía, que al liberarse no pasaría desapercibida. Las señas de un incendio de tal magnitud en aquella área simplemente no estaban, los intentos del gobierno por mostrar el caso como producto individual de funcionarios retorcidos se venían abajo, mostrando que los verdaderos responsables eran agentes del Estado, las Fuerzas Armadas.

Así lo dejó claro la formación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) creado el 18 de noviembre de 2014, en acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y con los representantes de las víctimas de Ayotzinapa con la finalidad de contribuir a la búsqueda de verdad y justicia, cuyas investigaciones no sólo demostraron la falsedad de “La Verdad histórica” sino de la participación de elementos militares en la Noche de Iguala [5].

El movimiento por los 43

A causa de esto se despertó un gran movimiento social en solidaridad con los normalistas, a las protestas se les conoció con el nombre de Jornadas Globales por Ayotzinapa, que se organizaron a partir de amplias convocatorias hechas en asambleas en universidades y escuelas de todo el país, y también vía las redes sociales, para llevar adelante importantes acciones de lucha en apoyo a los normalistas y a los familiares de los desaparecidos [6]. Dichas movilizaciones pusieron en una severa crisis al gobierno del PRI de Peña Nieto, una administración con un carácter notablemente proempresarial, la cual se dio a la tarea de aprobar las reformas estructurales que demandaban los organismos financieros internacionales y el imperialismo norteamericano como la Reforma Laboral, la Energética y la Educativa que iban en contra de la clase trabajadora y sectores populares.

Las marchas eran principalmente dirigidas por la juventud universitaria, aunque también se sumaron muchos otros sectores, de esa manera se volvieron multitudinarias con miles en las calles exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas al grito de “JUSTICIA”. La ola de protestas en las universidades se manifestó en una serie de paros por parte de los estudiantes entre finales de septiembre y principios de diciembre del 2014, los cuales tuvieron el objetivo de presionar al gobierno y despertar la solidaridad más activa de otros sectores. La protesta social se extendió como fuego en la pradera seca por toda la república mexicana, dando lugar a masivas muestras de apoyo en ciudades que tradicionalmente no se movilizaban como Tijuana o Chihuahua, generando organización desde abajo y un enorme escándalo internacional. Estas jornadas por Ayotzinapa duraron aproximadamente un año más, aunque con el tiempo fueron bajando su intensidad [7].

El movimiento cimbró al sistema político mexicano, ya que los partidos del Pacto por México, como el PRI, PAN y PRD –este último involucrado directamente en los hechos–, se vieron duramente cuestionados porque fueron ellos los que iniciaron los procesos de militarización que desembocaron en los crímenes que dan lugar a las cifras del horror.

El colapso del PRD –que venía gestándose de años atrás–, es uno de los factores que termina de sumir a las instituciones estatales en la crisis de credibilidad, ya que este partido durante años quiso mostrarse como una alternativa de izquierda frente al PRI y al PAN, fungiendo como la “pata izquierda” del régimen por muchos años. Con estos acontecimientos el movimiento social deja de creer en él, divisando que ninguno de esos partidos representaba una alternativa real [8], aunque sin lograr quebrar en lo inmediato la base electoral de los partidos de derecha como el PRI.

Mientras tanto, el Gobierno Federal al verse rebasado por la protesta social y al ver que no se aceptaba “la Verdad histórica”, decidió reprimirla para asfixiar al movimiento, sobre la base de ponerlo a sacar a sus presos políticos de la cárcel para tratar de desgastarlo con movilizaciones que apuntaran para allá y no por los reclamos por Ayotzinapa. Una muestra muy puntual de esto fue la noche del 20 de noviembre de 2014, cuando en complicidad con el gobierno de la Ciudad de México se reprimió una gran manifestación del PRD, la Cuarta Jornada Global por Ayotzinapa.

La llegada del Morena y la promesa de justicia para el caso Ayotzinapa

Estos hechos crearon en la sociedad mexicana un momento de cuestionamiento muy profundo, precipitando una situación a la que el marxista Antonio Gramsci denominó “crisis orgánica”, que tiene como una de sus características la crisis de representación, una situación en que los partidos políticos tradicionales pierden toda la legitimidad que ostentaban en el pasado, por lo que los viejos dirigentes de dichas organizaciones también entran en descrédito. Cuando se producen estas situaciones el escenario inmediato se hace volátil, por lo que se abre la puerta a soluciones de fuerza potencialmente revolucionarias o a momentos donde personajes carismáticos y/o providenciales se muestran como quienes pueden ofrecer la solución [9].

También se da porque amplios sectores de masas han pasado de una relativa pasividad política a cierta actividad donde plantean reivindicaciones, por lo que existe una crisis de la autoridad del Estado en su conjunto [10] y por la crisis de legitimidad del neoliberalismo, que aplicó contrarreformas que iban en contra de los derechos de la clase trabajadora y sectores populares. El conjunto de esa situación abrió en México la posibilidad de acciones más radicales de las masas –la situación llegó a ser inicialmente prerrevolucionaria– [11]. El amplio movimiento democrático por Ayotzinapa puso de manifiesto la gran potencialidad de la acción de las masas en las calles; fue capaz de abrir una profunda crisis al gobierno y al sistema de partidos, pero debido a la acción de las direcciones actuantes en el movimiento y la falta de la irrupción en la escena de la clase trabajadora, no se logró el objetivo de la caída de Peña Nieto.

Te puede interesar: Ayotzinapa: la grieta de un sismo que cambió México

Podemos decir que, en las Jornadas Globales, la clase obrera no apareció con toda su fuerza como sujeto histórico valiéndose de sus propios métodos (como las huelgas), pues su participación se expresó en gran medida de forma diluida como ciudadanos organizados [12]. Por otro lado, se expresaron las burocracias de los movimientos sociales, que estaban representadas en sectores puntuales de las “organizaciones de la sociedad civil (ciertas ONG´s)” que llevaron a descomprimir el conflicto mediante la negociación con el régimen y lanzando consignas como “#FiscalíaQueSirva”, misma que luego reciclaría AMLO para hacer la FGR.

Lo que provocó que la ocupación del espacio público fuera de manera fragmentada, es decir, sin una articulación clasista que pusiera en acción toda su fuerza contra el Estado responsable, lo que se expresó en la participación en movilizaciones masivas y multitudinarias de carácter pluriclasista y en donde los contingentes obreros no se expresaron de forma más radical.

Esto en gran medida gracias a la estrategia política que direcciones de corte populista y estalinista le impusieron al movimiento, y de otra, los sindicatos no actuaron o hicieron muy poco para que se sume la clase trabajadora y sus batallones centrales. Lo cual provocó que las protestas estuvieran mucho más atrás de lo que hubieran estado en caso de entrar en escena la clase obrera, con eso la caída de Peña Nieto hubiese sido posible. Es decir, lo que frenó al movimiento por los 43 en su momento más álgido fue la combinación entre esta “sociedad civil”, direcciones conciliadoras y las burocracias sindicales que llamaban a confiar en el proceso electoral.

Esta situación facilitó enormemente el posterior fortalecimiento del Morena en las elecciones del 2015 y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México en 2018, pues capitalizó el enorme repudio que existía contra los partidos del Pacto por México para construir su propio proyecto político, lo que se conoce como la Cuarta Transformación (4T). Por lo que se instaló la idea de que es “desde arriba” como pueden lograrse las aspiraciones de cambio, a partir de las acciones de gobierno del Morena.

Te puede interesar: ¿A dónde va México?

En ese sentido una de las promesas de campaña más importantes de la 4T fue que luego de triunfar en las urnas habría justicia para los 43 normalistas desaparecidos [13]. Durante el sexenio se formó la Comisión para la Verdad por el caso Ayotzinapa, la cual se creó el 3 de diciembre de 2018 y dejó de funcionar a finales de 2023 tras dar su segundo informe. Sin embargo, más allá de los datos valiosos que aportó esta comisión, no logró hacer justicia para los jóvenes, porque las investigaciones siempre terminaban llegando al mismo lugar, la participación de los cuerpos castrenses.

Te puede interesar: Ayotzinapa: crisis orgánica y un balance necesario

La estrecha relación entre la 4T y las Fuerzas Armadas

Durante todo el sexenio de López Obrador, la 4T tuvo una relación cada vez más cercana con los militares, al grado de haberse convertido en uno de los pilares fundamentales que sostienen al Morena en el poder, dándoles un lugar privilegiado en la vida pública del país, entre ellos la política, la economía y hasta la ciencia. En ese sentido, destacan los repetidos intentos del aún presidente de México por defenderlos a toda costa, tratando de legitimarlos a partir de referirse a ellos como “pueblo uniformado”, a pesar de las denuncias y señalamientos que pesan sobre esta institución, como ha sido el paradigmático caso de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. Mientras que, en el caso específico de Ayotzinapa, AMLO afirmó que el Ejército ya había entregado todo lo que debía entregar y había colaborado con todo lo que se le solicitó, resumiéndolo a la frase “que ya se entregó todo”.

Te puede interesar: Las Fuerzas Armadas y la Cuarta Transformación: causas y razones de una estrecha relación

No obstante, esta afirmación es falsa, pues como lo demuestra el sexto y último informe del GIEI, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha ocultado información de vital importancia sobre los hechos de la Noche de Iguala, por lo que dicha negativa constituye un obstáculo y una obstrucción a las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad [14]. Lo que ha venido ocurriendo desde 2014 hasta la fecha, ignorando los testimonios de los sobrevivientes.

De hecho, frente a la interpelación que implicaba el Sexto informe del GIEI y la exigencia de los padres de los 43 por justicia, el presidente en una de sus conferencias mañanera alegó: “Si fue el Ejército teniendo las pruebas se actúa, pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, así, y le he buscado por todo y tengo toda la información, soy el presidente de México”. Para después hacer señalamientos contra los representantes de los afectados, insinuando que tenían arreglos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, como fue el caso del Centro Prodh y Tlachinollan. Acusó a estas organizaciones de presentar recursos con los cuales jueces dieron libertad a cerca de 80 personajes que presuntamente participaron en la desaparición de los normalistas [15].

El 27 de agosto de 2024, los padres de los 43 se reunieron por última vez con López Obrador como presidente de México, este último reafirmó el compromiso de su mandato en trabajar hasta encontrar a los jóvenes, conocer la verdad y hacer justicia para ellos y sus familias, arguyendo que “no se cierra ni habrá carpetazo". No obstante, los padres terminaron por romper el diálogo con AMLO al no ver progresos reales sobre la desaparición. Esto fue anunciado por Vidulfo Rosales, vocero y abogado de las familias, quien también declaró que no hubo avances sustanciales en las investigaciones, según el informe que les presentó el mandatario, excepto un par de detenciones que podrían detonar nuevas líneas de averiguación y donde también destacó que la ruptura es porque tampoco se investigará al Ejército.

Por una salida independiente para lograr justicia

Rosales cerró el último encuentro declarando que: “Esperemos que con el nuevo Gobierno [de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre], se pueda redireccionar, se pueda restablecer el diálogo que últimamente cayó a los niveles más bajos” [16]. En este sentido consideramos que, tras 10 años, el caso Ayotzinapa no ha tenido justicia, en ese sentido opinamos que el segundo piso de la 4T no va a modificar la estrecha cercanía con el Ejército como tampoco lo hará con la relación de dependencia con el imperialismo norteamericano, responsable de imponer la militarización en México.

Por lo que consideramos necesario una perspectiva estratégica en favor de los explotados y oprimidos de México, que se avance en la construcción de un gran movimiento por la desmilitarización del país y por justicia para los desaparecidos, ya que la presencia de soldados no garantiza la seguridad de las y los trabajadores, al contrario, su presencia en el espacio público perpetúa la violencia. Una prueba de ello es el propio caso Ayotzinapa, en donde los cuerpos castrenses se han negado a presentar documentación sobre los hechos de esa noche aciaga en los cuales tomaron parte, contando con la colaboración de los diversos gobiernos.

Consideramos que la nueva administración del Morena trae muchas expectativas, pero estas no encontrarán una satisfacción hasta el final, como es la verdad sobre los 43, lo que puede traer nuevos momentos de protesta en donde una nueva vanguardia obrera y juvenil haga una experiencia con los gobiernos de la 4T, así como con las direcciones que llaman a confiar en este proyecto, para avanzar en la comprensión de la necesidad de construir una alternativa política la independiente a las instituciones del Estado. Esa es la propuesta que podemos hacer desde el marxismo revolucionario, fundar organizaciones antimperialistas, internacionalistas y socialistas que, de verdad, busquen la satisfacción íntegra y efectiva de las demandas de los de abajo, como lo es la verdad y la justicia en los casos de desapariciones forzadas.

 [17]

 [18]