A cinco años de la desaparición de los normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, vimos cómo miles de personas se movilizaron el pasado 26 de septiembre, con la participación destacada de miles de estudiantes de bachillerato. Es en este marco que queremos rescatar las principales conclusiones del proceso del 2014 para lograr la demanda histórica de justicia por los 43 compañeros.

El 26 de septiembre del 2014 transcurrió en medio de una enorme lucha de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Posterior a que se diera a conocer la noticia sobre la desaparición de los normalistas, una masiva movilización de politécnicos tocó la puerta de la Secretaría de Gobernación.

Contrario a la actitud que el gobierno priísta tuvo con otros movimientos, como el magisterio, Gobernación recibió de manera “amigable” la movilización. Miguel Ángel Osorio Chong salió al templete sin saco ni corbata y con la camisa blanca arremangada, como intentando dar una más amigable y de disposición a dialogar.

Chong subió al templete y de inmediato dijo que se resolverían las demandas de los politécnicos; ahí estábamos un grupo de estudiantes, que a unos metros del templete, nos situábamos con una manta que denunciaba la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Chong volteó de manera incómoda a ver nuestra manta; era evidente que el gobierno federal se apostaba a contener al potente movimiento politécnico porque sospechaba la enorme crisis que se avecinaba tras la escandalosa desaparición de 43 estudiantes normalistas.

El inicio del sismo llamado Ayotzinapa

México venía de un sexenio de supuesta guerra contra el narcotráfico, que sirvió de pretexto para militarizar todo el país, cuestión que disparó las cifras de fenómenos aberrantes como el feminicidio, las desapariciones y los asesinatos.

El sexenio que marcó el regreso del PRI fue recibido con masivas movilizaciones de estudiantes con el #YoSoy132; vimos al músculo magisterial durante 2013 luchando en la capital del país, con miles de aguerridos maestros de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Sonora, Baja California, Nuevo León y hasta del Estado de México —histórico bastión de la burocracia sindical de Elba Esther Gordillo. Fue en ese marco de duro cuestionamiento al gobierno de Enrique Peña Nieto que las fuerzas armadas eran responsables de una desaparición masiva de estudiantes normalistas.

Miles de jóvenes realizamos históricas asambleas masivas, que no se veían desde hace mucho; no había espacio abierto en las facultades de la UNAM que bastara para alojar a los miles de estudiantes que decidimos pararlo todo. Desde las mismas, impulsamos jornadas multitudinarias de lucha con paros universitarios, movilizaciones nacionales y acciones globales, además de una asamblea interuniversitaria que se apostó a recuperar lo mejor de la tradición movimiento estudiantil expresado en el CNH (1968) y el CGH (1999), para unificar las asambleas de facultades y universidades de todo el país.

A las movilizaciones se sumaron jóvenes, mujeres, organizaciones populares y políticas, así como miles de trabajadores que pese a que sus organizaciones sindicales no convocaban asistían a las marchas y nutrían las enormes columnas que recorrían las principales avenidas de las ciudades. Así se abrió la crisis política más importante que el gobierno de Peña Nieto enfrentó en todo su sexenio, el sismo que cimbró todas las instituciones del Estado mexicano.

El PRI, apresurado para cerrar la crisis, presentó su “verdad histórica”: para el gobierno, por medio de la Procuraduría General de la República, los normalistas habrían interrumpido un evento del entonces edil de Iguala, José Luis Abarca, al secuestrar camiones para realizar un “boteo” (colecta de dinero) para asistir a la marcha anual del 2 de Octubre. Abarca habría ordenado su secuestro, el cual habría sido realizado por la policía municipal de Iguala, que los habría entregado al crimen organizado y éste los terminaría incinerando en el basurero de Cocula.

Con esta historia llena de contradicciones [1] intentaron apaciguar la rabia de millones que en todo el país salían a marchar masivamente en decenas de estados; pero as declaraciones de la PGR no hicieron más que avivar la chispa del descontento. El movimiento avanzó categóricamente en cuestiones fundamentales; los policías municipales, los militares del 27 batallón, el edil Abarca y el gobernador Ángel Aguirre (ambos del PRD), junto a la PGR y el gobierno federal —dado que no había una responsabilidad individual, sino que fue el conjunto de instituciones que conforman al Estado mexicano— eran señalados por las masas como los instigadores de la desaparición forzada de los 43. Mientras las instituciones cerraban filas para canalizar (sin éxito) el descontento, el movimiento por Ayotzinapa lanzó su consigna central: Fue el Estado.

Esta definición aceleró la crisis política de la pata izquierda del régimen: el PRD, que en 2012, después de presentarse como la oposición electoral —encabezada por Andrés Manuel López Obrador— firmó el pacto por México para avalar las reformas estructurales exigidas por los principales organismos internacionales y el imperialismo estadounidense. [2]

Las movilizaciones profundizaron la crisis del régimen hasta llegar a un momento prerrevolucionario [3] hacia noviembre. El 20 de ese mes se convocó a paro nacional en el que por primera vez y de forma muy tardía, algunos sindicatos, como la Unión Nacional de Trabajadores y la Nueva Central de Trabajadores, retomarían la convocatoria a paro y movilización, sin embargo sólo telefonistas hizo “efectivo” el paro, ya que era día de asueto, movilizándose masivamente a nivel nacional.

La convocatoria del 20 de noviembre expresó la confluencia de miles de trabajadores organizados en sus sindicatos, del movimiento estudiantil y las organizaciones populares encabezadas por la mesa de coordinación en Guerrero que impulsaba el populismo con los padres de los normalistas desaparecidos.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que el elemento faltante para profundizar la crisis política nacional fue la irrupción de las y los trabajadores organizados como clase y con métodos propios como la huelga y el paro. El 20 de noviembre fue solo un sector de los trabajadores los que se movilizaron. Esto fue responsabilidad de las direcciones sindicales oficialistas y opositoras que se negaron a desarrollar la movilización en las calles para confluir con el movimiento en curso y hacer real la caída de Enrique Peña Nieto.

Después de esta movilización y pese a que las y los estudiantes levantaron heroicas jornadas de lucha, las direcciones actuantes en el movimiento —tanto la burocracia sindical como el populismo de la Asamblea Nacional Popular (ANP)— no hicieron ningún esfuerzo por impulsar la unidad obrera, campesina y popular para profundizar la crisis del gobierno. La movilización fue de más a menos, entre llamados a evitar la caída de Enrique Peña Nieto desde el Morena, quien al final capitalizó todo el descontento de estos años de lucha para hoy tener mayoría en ambas cámaras legislativas y la presidencia, expresando el repudio a los partidos tradicionales y apostando a la ilusión de que a través de su gobierno se lograría el cambio esperado.

¿Por qué no cayó Peña Nieto?

El sismo que fue Ayotzinapa cimbró al conjunto del Estado y causó una crisis en los principales partidos del Pacto por México, elemento que aún hoy en día, aunque con matices persevera, además que marcó a una generación entera. En ese marco, destaca que hoy, a cinco años de las masivas movilizaciones, miles de jóvenes de bachillerato pararon sus planteles: la generación que en ese entonces tendría 9 o 10 años, hoy toma las banderas de la aparición con vida y castigo a los culpables.

Para entender la dinámica que asumió el movimiento por la presentación con vida de los normalistas hay que considerar la política que impulsaron las direcciones a su frente.

Los grupos populistas en Guerrero conformaron una asamblea propia, la Asamblea Nacional Popular (ANP), que se legitimó con la presencia de los padres de los normalistas, y jugaron un rol importante como dirección del movimiento, avalado por distintos actores, como el único espacio para resolver las acciones y la política. A la par que fungió como contrapeso a la Asamblea Interuniversitaria, que coordinaba al grueso del estudiantado en paro y movilizado y que tenía intenciones de impulsar un paro nacional el 20 de Noviembre.

La ANP —hegemonizada por el populismo y con la presencia del estalinismo— se negó categóricamente a llamar a un paro nacional a las direcciones sindicales del magisterio, la UNT y la NCT, pese a que en algunas sesiones asistieron representantes magisteriales y telefonistas. Esta dirección apostó por una lógica de larga lucha, toma de palacios municipales y movilización sin apostar a la alianza con la clase obrera, que eran el gran faltante para profundizar el momento prerrevolucionario.

Aunque el magisterio venía de sufrir duros golpes represivos frente a la aprobación de la reforma educativa, pese a eso, miles de maestros de todos los estados, se hicieron parte de las acciones globales y cada sección magisterial tuvo participación a diferente nivel, teniendo la participación masiva de la CETEG que fue parte de la ANP. Sin embargo, los dirigentes de la CNTE se negaron a parar junto con los estudiantes, cuestión que hubiese cambiado el panorama.

Las direcciones sindicales, empezando por las que se reclamaban opositoras, tuvieron una responsabilidad central en la no intervención de la clase trabajadora. Pocas ocasiones hicieron llamados formales a nutrir las movilizaciones, pese a que los trabajadores de cada sindicato en mayor o menor medida se sumaron a las movilizaciones, pero se negaron a convocar a paro nacional junto a los estudiantes.

En el movimiento estudiantil, aunque en las escuelas centrales el estalinismo no tenía mucho peso, sí lo tenía en las universidades estatales, y desde ahí, junto al anarquismo, impulsaron acciones que poco abonaron a la masificación del movimiento y ocasionan un desgaste importante en la vanguardia estudiantil a partir de impulsar acciones por fuera de los acuerdos asamblearios como la “toma” del aeropuerto, misma que resultó catastrófica con decenas de detenidos, que gracias a la masividad del movimiento pudieron ser liberados. El 18 de Noviembre de 2014 declarábamos:

“Queremos polemizar con la política del Partido Comunista de México (marxista-leninista) – Frente Popular Revolucionario y su Unión de la Juventud Revolucionaria de México (PCMml-FPR-UJRM) y por esta vía con la lógica de las acciones dislocadas y por fuera de la correlación de fuerzas que buscan ‘que la lucha escale a través de la radicalización de los métodos’ y fetichizando las acciones callejeras/directas, intentando imponerlas o impulsándolas por fuera de espacios de organización y discusión democrática como la AI. Y es que la intervención de esta corriente, que en la última AGI se desplegó con delegaciones con incierta representatividad de algunas escuelas, sólo ha revelado una total incomprensión del proceso y sus tareas, ignorando y pasando sobre todo espacio de auto organización que se viene construyendo con una política que no dialoga con el fenómeno democrático para desarrollarlo, sino que intenta imponerle burocráticamente sus métodos y política”. [4]

Por otro lado, la amalgama de corrientes políticas levantó estrategias diversas, pero que centralmente ignoraban la necesidad de pelear por la masificación del movimiento llamando a las centrales sindicales a movilizarse y parar junto a nosotros. En ese sentido, muchas de las organizaciones populares y de la “sociedad civil”, con la colaboración de organismos de derechos humanos, presionaron para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viniera a supervisar la resolución del caso.

Si el movimiento de masas había concluido, correctamente, que la responsabilidad en la desaparición forzada era del Estado, en medio de una política de militarización llevada adelante por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, donde además los empresarios habían hecho llamados al gobierno a aplicar “mano firme contra los manifestantes”, [5] cabe señalar entonces la contradicción entre un movimiento que por abajo clama “¡Fuera Peña!” y por arriba su dirección deposita todas sus expectativas en la intervención de un organismo ligado a una institución defensora del imperialismo como la OEA.

Por su parte, el naciente Morena, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, realizó varios eventos masivos en medio de la coyuntura, llamando, como en 2006, a realizar movilizaciones de manera pacífica, desmarcándose de su antiguo partido (el PRD) —el cual quedó totalmente manchado por la desaparición de los normalistas y de algunos militantes del Morena en Guerrero—, dando como máxima perspectiva la convocatoria a elecciones hacia 2015 para generar una salida pacífica a la enorme crisis el régimen y dar aire a las instituciones del Estado duramente cuestionadas.

Nosotros, desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, planteamos la necesidad de que las corrientes, sindicatos y la ANP convocaran a un Encuentro Nacional de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y populares con delegados y con mandato para impulsar un plan de lucha unificado. En el punto más álgido de la coyuntura, plateamos la necesidad de una huelga general política para hacer carne la consigna “que se vayan todos” e imponer un gobierno de las organizaciones obreras y populares en lucha, mismo que podría convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana con representantes electos de manera universal cada 50mil habitantes, revocables y con un salario igual al de una maestra. En el movimiento estudiantil, hicimos un llamado enérgico a las direcciones sindicales para sumarse al paro nacional, impulsamos volanteos en zonas fabriles y en nuestros centros de trabajo impulsamos el paro.

Algunas conclusiones a 5 años de “la Noche de Iguala”

El proceso de lucha del 2014 demostró la enorme potencialidad de la acción de las masas en las calles; fue capaz de abrir una profunda crisis al gobierno y al sistema de partidos, pero la acción de las direcciones actuantes en el movimiento y la falta de la irrupción en la escena de la clase trabajadora, no se logró el objetivo de la caída de Peña Nieto. Posterior a esto, Morena se postuló como alternativa a los partidos del pacto por México y una vía para poder alcanzar el cambio que millones exigieron en las calles.

Las elecciones y el triunfo arrasador del Morena cierran un capítulo en el país. Pero no sin contradicciones, como el hecho de que López Obrador, que juró combatir la corrupción, ha reclutado para su partido y para su gobierno a numerosos personajes que provienen de los odiados partidos patronales jaqueados tras Ayotzinapa: el PRI, el PAN y el PRD. Pese a las grandes ilusiones de amplios sectores, las políticas que impulsa el gobierno obradorista, como la continuidad de la precarización laboral, la militarización, los megaproyectos y la subordinación a los dictados de Trump, exigen que los trabajadores, las mujeres y los jóvenes nos articulemos para dar una salida independiente del Estado y los partidos del Congreso.

En este panorama, es necesaria la construcción de una organización política antiimperialista, socialista y revolucionaria, que luche por conquistar las reivindicaciones obreras y populares, así como las demandas de los padres y madres de familia de Ayotzinapa.