Hace dos años que las fuerzas represivas desaparecieron a 43 de los nuestros. Tenían un sueño: ser maestros rurales. Luchaban en defensa de las normales, de la educación pública y contra la represión.
Domingo 25 de septiembre de 2016 23:54
Fue en la noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Fue el asesinato impune de tres normalistas, uno de ellos con signos de tortura, y de un joven jugador de futbol de Los Avispones, del operador del autobús que transportaba a ese equipo y de una mujer que viajaba en taxi en las calles de Iguala. Fue la desaparición de 43 normalistas que estudiaban en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Entre los implicados en su desaparición forzada: el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, policías municipales, militares, Ángel Aguirre -ex gobernador de Guerrero- y sicarios del crimen organizado. Desde el inicio, familiares y compañeros de los normalistas lucharon por la aparición de los jóvenes.
Ayotzinapa conjugó todos los agravios de los últimos años: la militarización producto de la “guerra contra el narco”, los cientos de miles de muertos, desaparecidos, torturados, desplazados, los feminicidios, las ejecuciones sumarias, la pobreza insoportable de la mitad del país. Se hizo evidente ante los ojos de millones la colusión entre los partidos al servicio de los empresarios y el crimen organizado. Ardió de indignación todo el país.
Fuimos cientos de miles en todo el país que nos hartamos y tomamos las calles porque “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”: denunciamos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por sus nexos con el narcotráfico. Inició entonces la pérdida de legitimidad del gobierno y sus instituciones.
La lucha por los normalistas trascendió fronteras y se sucedieron protestas en todas las latitudes por la aparición de los normalistas y de repudio al gobierno de Enrique Peña Nieto: Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, Europa, Oceanía. De todos lados se alzaron las voces por los normalistas, porque #AyotzinapaSomosTodos.
Al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) estaba Jesús Murillo Karam. Él fue el encargado de hacer pública “verdad histórica” del gobierno -construida a base de mentiras- para cerrar el caso. Afirmaron que los jóvenes fueron incinerados por el cartel Guerreros Unidos. Y tan insostenible fue la mentira y tanto coraje suscitó su "Ya me cansé", que tuvo que dejar su puesto.
El arquitecto de esta mentira fue Tomás Zerón, cuando era titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Pero cuatro peritajes demostraron que no hubo incendio en el basurero de Cocula que pudiera hacer desaparecer restos humanos. También se le acusa de haber torturado a numerosos detenidos por el caso para que ratificaran la versión oficial y de haber sembrado restos de uno de los estudiantes en el basurero de Cocula.
Los familiares de Ayotzinapa exigieron una y otra vez la destitución de este funcionario. Hace un par de semanas, dejó el puesto. Pero, en una nueva afrenta, Peña Nieto lo nombró secretario técnico del secretariado encargado de contabilizar a los desaparecidos.
La “noche negra de Iguala”: ataque del gobierno
Con el ataque a los normalistas y su posterior desaparición forzada el gobierno pretendió silenciar a las escuelas normales rurales, en proceso de vaciamiento por la política del Estado. Un paso en el ataque al magisterio, que ya en 2013 había manifestado su oposición a la reforma educativa.
Todo le salió al revés: la masacre y la desaparición de los normalistas llevó al nacimiento de un amplio movimiento democrático que tomó las calles por unos meses. Incluso algunos sindicatos que se reivindican opositores al gobierno participaron de algunas movilizaciones, como el STUNAM, telefonistas, maestros.
De ser el favorito de la prensa internacional y el imperialismo estadounidense por haber hecho votar las reformas estructurales en los dos primeros años de su sexenio, Peña Nieto pasó a ser cuestionado.
El gobierno no avanzaba en la investigación y entonces, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que consiguió algunos avances en el caso de Ayotzinapa. Y el Ejército surgió como uno de los actores centrales en la desaparición de nuestros compañeros.
Pero no: la clave del gobierno fue mantener la impunidad en estos dos años que pasaron. Nunca permitió el acceso a instalaciones del Ejército para hacer peritajes ni mucho menos interrogar a miembros de ese cuerpo represivo. Ni qué decir de Ángel Aguirre: disfruta de la vida, cuando es uno de los responsables políticos de la desaparición forzada de los 43.
Mientras tanto, militares y policías se siguen ufanando de llevar a cabo masacres que quedan en la impunidad, como en Tlatlaya, en Tanhuato, en Apatzingán, de sembrar el terror para que acallar el descontento. Y no lo han logrado.
A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, sus familiares se mantuvieron firmes en la lucha. No aceptaron ser comprados ni aceptaron la “verdad histórica”. Se solidarizaron con las maestras y los maestros que por cuatro meses enfrentaron en las calles la aplicación de la reforma educativa.
Todos a las calles este 26 de septiembre
En 2014, desde el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) levantamos una política para que los trabajadores entrasen a escena con sus organizaciones y sus métodos de lucha, y que junto a los cientos de miles que se movilizaban, encabezasen una lucha frontal contra el régimen político y el gobierno de Peña Nieto.
Hoy, tras la crisis de Ayotzinapa, los escándalos de corrupción, la heroica resistencia de la base magisterial contra la reforma educativa diseñada por los organismos internacionales, la desaceleración de la economía y la depreciación de la moneda nacional, Peña Nieto enfrenta el menor índice de popularidad de un presidente en las últimas décadas: sólo 23%. Se mantiene en el poder porque cuenta con el apoyo de todos los partidos tradicionales, de los magnates como Carlos Slim y de las trasnacionales.
Ha intentado una y otra vez avanzar en la liquidación de los derechos democráticos para la clase trabajadoras, las mujeres y la juventud. Por eso, en este nuevo aniversario de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, tenemos una cita de honor con sus familiares y sus compañeros.
Tenemos por delante una nueva oportunidad para unificar las demandas de los distintos sectores: por la aparición de los 43, contra la militarización y la subordinación al imperialismo estadounidense, contra el trabajo precario y la reforma educativa y por el derecho a decidir para las mujeres y la comunidad sexodiversa. Una oportunidad para organizar la lucha contra el gobierno que nos quiere hacer pagar el costo de esta crisis a las mayorías.
