Ayuso arremete de nuevo contra la Educación, convirtiendo las becas de Bachillerato en cheques para financiar a las privadas a través de las familias.
Lunes 25 de abril de 2022
La Ley Maestra de Ayuso y Enrique Ossorio, aprobada el pasado 3 de febrero, es la estocada final para una ya maltrecha educación pública, siempre en favor de la educación privada-concertada. En tan solo dos meses y poco, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado la eliminación de las escuelas infantiles, ha eliminado un ciclo entero en infantil (de 3 a 6 años) y ha establecido por ley la equiparación entre educación pública y privada a la hora de recibir financiación.
Esta misma semana promulgó dos paquetes de “financiación” de estudios postobligatorios: uno destinado a la Formación Profesional de grado Superior y otro al Bachillerato, por una cantidad nada desdeñable de 73 millones de euros para el próximo curso. La Ley Maestra garantiza la gratuidad de todas las etapas educativas de centros privados y/o concertados por lo que se calcula que esos 73 millones para cheques se destinarán a 27.000 alumnos de “renta baja” aunque su renta sea de 107.739 euros anuales (dos progenitores con un hijo, aumenta exponencialmente cuantos más hijos se tiene).
Estas nuevas medidas, sin embargo, modifican esto. Tras la aprobación de la Ley Maestra se cierran escuelas infantiles y se eleva la renta per capita para poder acceder a las becas de Bachillerato y FP. Para solicitar el cheque, la renta per capita máxima pasa de los 10.000 euros anuales a 35.913 euros anuales por progenitor e hijo; de este modo una familia con dos hijos que ingresen hasta 140.000 euros anuales podrá acceder al cheque que está orientado a ayudar a personas en situación económica desfavorecida.
En Madrid prospera lo privado. Hay hasta cinco veces más oferta en el Bachillerato privado que el público, y en la última década un 704% más en la FP superior de los llamados centros de iniciativa social (privados). A la FP pública, la cual apenas recibe financiación, no le va tan bien ya que no pudo acoger a unos 20.000 estudiantes que quisieron cursar FP el verano pasado.
¿Cuál es la treta? Eliminas la posibilidad de que los alumnos accedan a la educación pública exigiendo requisitos para las becas, bajas a la vez el requisito económico mínimo para recibir ayudas en forma de cheque, y refuerzas que envíen a sus hijos a centros privados. En resumen: recortes en educación pública, peor calidad de la enseñanza, pero más dinero para las empresas del sector.
Según los datos de CCOO, la Comunidad de Madrid recortará 233 aulas en la escuela pública en todas las zonas de la comunidad, lo que se traduce en una supresión de 3.600 plazas en Primaria y más de 2.600 en Secundaria para el curso que viene pocos días antes del proceso de escolarización. Esto también acarrea una pérdida de docentes, 144 en Primaria y 89,5 en Secundaria. Según palabras de Isabel Galvín, Secretaria de la sección de Educación de Comisiones Obreras: “Manipulan la oferta de la enseñanza pública antes del proceso de escolarización, hacen actuaciones que promueven e incentiva a las familias el uso de escuelas privadas.”
Esto es un método vil y mezquino de trasvase de dinero destinado a la educación pública a la privada; todo esto en una comunidad que está a la cola de España en financiación a la educación, siendo el 2,7% del PIB, y donde 1 de cada 2 euros ya iba destinado a la concertada ¿en cuánto más se va a reducir?
Esta es la libertad de elección de la Comunidad de Madrid y su modelo de formación de “calidad” clasista y aporofóbico, en donde si no tienes dinero y no obtienes el cheque, no puedes completar tus estudios postobligatorios. Donde no hay libertad de elección de educación pública porque no se abren unidades en los 60 centros que hacen falta, no se construyen centros nuevos, se suprimen aulas, desaparecen las escuelas infantiles, se recorta personal docente y se deriva el dinero a la privada.
¿Qué tiene el Gobierno progresista que decir de todo esto? Absolutamente nada, porque ellos son los que han preparado el terreno para que esta política se realice, primero, haciendo políticas antiobreras reforzando a la derecha y, segundo, creando una ley que ofrece esa libertad a las autonomías.
Este despropósito educativo está amparado por la Ley Maestra, la cual se apoya en la LOMLOE para proponer un modelo educativo neoliberal que sigue apoyando que las empresas privadas vendan y mercantilicen el derecho a la educación en favor de las élites económicas y reaccionarias. La comunidad educativa tiene que luchar conjuntamente, organizarse y plantear un plan de lucha en los centros y la calles, para acabar con la Ley Maestra y la LOMLOE, con el horizonte de una educación 100% pública, gratuita, universal, laica y científica en sus contenidos.
