DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DESCOMPOSICIÓN SOCIAL. Barbarie en la UDO es consecuencia de la crisis catastrófica del país

La mañana de este lunes 1 de junio, los estudiantes de la UDO en el estado Sucre denunciaron un acto vandálico de destrucción y quema en la biblioteca de las instalaciones. Los delincuentes vaciaron los estantes, apilaron los libros y luego los quemaron, para luego huir con lo que llegaron buscando: toda la estantería metálica de la biblioteca.

Este horrible hecho fue denunciado por la vocería estudiantil de la universidad en redes sociales en primera instancia, y luego condenado por profesores y alumnos a través de las redes sociales.

El núcleo Cumaná de la UDO ya ha sido víctima de ataques recientemente, según la vocería estudiantil, se registra un nuevo robo cada fin de semana. Eventos de hurto y vandalismo tienen larga data, pero entre 2018 y 2020, los hurtos se multiplicaron, llevándose vigas, grifos y tuberías, cableado eléctrico, aire acondicionado, láminas de zinc del techo, computadoras, instrumentos de laboratorio y medición, y un largo etcétera, desembocando en el virtual desmantelamiento de la infraestructura de la sede, que en estas condiciones va para un posible cierre técnico, estando ya abandonadas gran parte de las instalaciones.

En la sede de Anzoátegui, son más de 28 los robos y actos vandálicos que han azotado al núcleo desde la puesta en vigor de las medidas de cuarentena. Al estar sin actividades, todas las sedes (Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Margarita) se han vuelto presa fácil de estas incursiones, ya que además la universidad se ha quedado prácticamente sin vigilancia, completando el cuadro de abandono.

Este problema no solo afecta a la UDO, sino a todas las universidades públicas del país. Para mediados de mayo, se contabilizaban 72 hurtos y/o destrozos en el conjunto de universidades del país, siendo una de las más afectadas la Universidad del Zulia (LUZ) con 31 eventos.

Incidentes previos, ataques recurrentes y hostigamiento estatal

En abril, sábado 18, un incendio ocasionado por intrusos destruyó casi en su totalidad el laboratorio de investigaciones y de la sala de conferencias del Centro de Investigación Oceanográfico de la Universidad de Oriente, dando fin así a un gran número de equipos y documentos, incluyendo ejemplares únicos, de la única biblioteca especializada en ciencias marinas en el territorio nacional.

En noviembre de 2019, otro incendio, y nuevamente ocasionado por delincuentes, acabó con la planta baja del edificio, donde yacía el archivo de la universidad.

El cuerpo de bomberos, que tiempo atrás contara con una sede dentro de las instalaciones de la universidad, fue expulsado ante el asedio cada vez más agresivo del hampa, contando incluso con incursiones del crimen organizado fuertemente armado. Al estar ahora mucho más lejos, al otro extremo de la ciudad, en la sede de bomberos de Cumaná, se hace mucho más complicada la logística, ya que no cuentan con el suministro de gasolina para responder rápido ante las emergencias, a pesar de encontrarse dentro de los sectores priorizados. El personal del cuerpo también se ha reducido y tras sufrir tres robos no cuentan con el equipamiento adecuado.

Pareciera un caudal de miseria y barbarismo lo que viven en el presente los núcleos de la UDO, pero muchas de estas incidencias también son producto de actitudes bochornosas de la bancada oficialista, como ocurriera el 30 de abril de 2019, cuando un grupo de profesores, estudiantes oficialistas y empleados gubernamentales (egresados UDO) irrumpieran en la oficina del Rectorado del núcleo Sucre en un intento de “toma” que duró tres meses. Los tomistas desplegaban una serie de demandas reivindicativas y acusaban a la rectora de malversación de fondos. Ante esto, la rectora Milena Bravo -junto a las demás autoridades y el Consejo Universitario- exigieron la desocupación inmediata del edificio del Rectorado, al tiempo que calificó de «ilegal e inaceptable» la toma por parte de estas personas. Estudiantes protestaron contra la toma en los cinco núcleos de la UDO, en apoyo a la rectora. Finalmente levantaron la toma en el mes de agosto, tras negociaciones con el CU y el Ministerio del P.P. para la Educación Universitaria. Las autoridades y dirigencia estudiantil denunciaron el destrozo de las oficinas del Rectorado por los tomistas. Grupos oficialistas también han vandalizado en reiteradas ocasiones la infraestructura de otras universidades públicas del país, como la ULA o UCV.

Según las denuncias en la entidad, en los días mientras se desarrollaba la toma, se dieron también episodios de vandalismo e incendios provocados en la Facultad de Ciencias y la quema total del Auditorio de la universidad. La dirigencia estudiantil y diputados de la oposición denunciaron en aquel entonces –según conversaciones cerradas– la presunta existencia de un plan fraguado entre las autoridades gubernamentales y policiales, que consistía en el cierre del núcleo UDO-Sucre e instaurar sobre las instalaciones una de las mal llamadas “Universidad de Seguridad” (UNES) formadora de represores y extorsionadores al servicio del Estado burgués en los cuerpos policiales.

Lo cierto es que el hostigamiento estatal a la UDO es notable, pues en junio y julio del mismo año, cuando las autoridades universitarias organizaban una serie de eventos en las comunidades aledañas acerca de los robos, sufrieron agresiones de parte de funcionarios policiales y militantes del PSUV, para ser el acto de cierre clausurado por órdenes de la Policía Municipal, según declaraciones del Director de Cultura de la UDO en ese entonces, Guillermo García.

El mismo 1 de junio de 2020, después de la quema de la Biblioteca General, las autoridades de la UDO denunciaron la confiscación arbitraria de una unidad de transporte universitaria por órdenes del alcalde de Cumaná, Luis Sifontes. Denuncian que la municipalidad está usando el autobús para trasladar a los detenidos por incumplir la cuarentena.

Desde la sede denuncian también la inacción, aparentemente intencionada, de parte de los cuerpos policiales del estado Sucre y la municipalidad, en atender los llamados de la mermada vigilancia cuando se presentan los hechos delictivos. Así como solicitudes de resguardo de los bienes públicos y la integridad física de estudiantes, obreros y profesores hechas por las autoridades universitarias. Sin embargo, en ocasiones se han producido enfrentamientos con la policía estadal y municipal e incluso muertes de personas ajenas a la UDO en el campus y los barrios aledaños.

Las raíces materiales de la descomposición social: miseria social generalizada y el brutal ajuste presupuestario contra las universidades

No podemos perder de vista el escenario de fondo detrás del conflicto político en la UDO –con sus elementos de descomposición social– y las incursiones delictivas: la catástrofe económica y social que ha pulverizado el salario, destruido totalmente las prestaciones sociales, las pensiones e ingresos populares, y reducido a mínimos como nunca antes el presupuesto universitario.

Desde hace muchos años el país viene transitando por la que ha resultado ser la crisis más catastrófica de toda su historia petrolera y una de las más graves en toda su vida como nación independiente. Es una verdadera catástrofe económica y social. La destrucción casi por completo del valor de moneda nacional, ha provocado una verdadera hecatombe en los salarios e ingresos populares, lanzando a la pobreza y miseria generalizada a millones en todo el país. La migración más grande que haya vivido América Latina en su época contemporánea, millones de personas huyendo de la pobreza y el hambre, la reaparición de epidemias de enfermedades erradicadas décadas atrás, aumento feroz de la desnutrición infantil, de las muertes por falta de medicamentos y un largo etcétera. Es la multiplicación generalizada de los padecimientos sociales, de los problemas económicos y familiares para millones, del desespero por resolver la sobrevivencia.

Todo este cuadro es caldo propicio de cultivo para la extensión de elementos de descomposición social, más aún si se le suma la descomposición a más no poder del poder judicial y los cuerpos represivos, ligados a toda suerte de delitos de extorsión, abusos policiales, robos, etc. A la gran descomposición de los de “cuello blanco”, de los que arruinaron criminalmente a la nación y, sobre todo, al pueblo, llevándose al exterior sumas descomunales de recursos, mientras aquí hacen falta para lo más básico, a esa descomposición moral de quienes hoy son más ricos o nuevos ricos mientras el pueblo venezolano está en la pobreza y miseria generalizada, y a la descomposición de sus órganos represivos y los encargados de administrar “justicia”, le sigue aguas abajo la aparición de mayores elementos de lumpenaje y descomposición en las capas sociales más golpeadas económica y socialmente por el desastre económico y moral de los de arriba, de los empresarios, banqueros y políticos que gobiernan nuestras vidas.

Este es el país que tenemos, esta es la realidad social en la que estamos, y no puede hacerse abstracción de la misma. Las universidades en general, y la UDO en particular, están inmersas en esta realidad. Sin tener esto en cuenta, no se puede comprender a fondo lo que ocurre.

En lo que hace a la situación específica de la UDO, mucho antes que los destrozos y hurtos destruyeran la infraestructura material, la destrucción se hizo sentir, como en todas las universidades del país, a través de la brutal contracción del presupuesto desde 2014, lo que trajo el abandono y el deterioro, la deserción estudiantil y la fuga de profesores.

El durísimo ajuste de recursos que hubo durante años, para priorizar pagar deuda externa al capital financiero internacional, lo padeció la comunidad universitaria con la brutal contracción salarial de profesores y obreros y de recursos para mantener el funcionamiento de las actividades. Es el mismo ajuste que padecieron el sector salud, las empresas públicas, la infraestructura de los servicios públicos y el pueblo en general, con la reducción de las importaciones de alimentos y medicinas, ya que la prioridad era pagar la deuda externa. Luego de toda la fuga de capitales durante más de una década por parte de empresarios y banqueros de todos los bandos y colores, luego del festín enorme de corruptelas y robadera, cuando hubo que empezar a pagar la cuantiosa deuda que el país fue acumulando, le hicieron pagar estrepitosamente los platos rotos al pueblo, incluyendo a la educación pública.

El que la universidad se haya quedado prácticamente sin el personal obrero que cumplía funciones de vigilancia y resguardo, dadas las renuncias por el mísero sueldo, es un elemento adicional que facilita estos actos de vandalismo.

La crisis ha producido aún mayores estragos en las comunidades históricamente depauperadas, arrojando a muchos a un “resuelve” con lo que sea para resolver sus necesidades humanas, empujando a muchos a un proceso de descomposición social acelerado donde, en ausencia de empleo y asistencia, canibalizan la infraestructura académica. Aprovechando una veta abierta previamente por el crimen organizado ligado al –también descompuesto– aparato estatal.

Esto es lo que ha convertido a la UDO en fuente de constante sustracción ilegal de materiales de todo tipo, desde equipos de cinco toneladas a manijas y láminas metálicas. Como ocurre con buena parte de la infraestructura pública del país de la cual se sustraen piezas y materiales a diario. La lamentable degradación del capitalismo venezolano “en ruinas”.

Un gigantesco recorte de las importaciones aplicado por Maduro para pagar decenas de miles de millones de dólares en deuda externa a los capitales financieros, principalmente norteamericano y europeo. Deuda externa contraída para financiar el saqueo milmillonario de la renta petrolera nacional, por el conjunto de la burguesía, en el período de auge exportador y control de cambio (2003-2013). Después, a partir de 2017, las sanciones económicas, financieras y petroleras como parte del asedio de EE.UU. han profundizado la crisis que ya se arrastraba, manteniendo a la economía en un “estado vegetativo”. Coronando el panorama de robo y piratería con la confiscación de bienes públicos de la nación desde 2019. Todos los días, se sigue exprimiendo a la clase obrera con un salario mínimo simbólico, dolarización y exenciones fiscales y privilegios para empresarios, en especial los del ramo comercial e importador.

Este es el telón de fondo: el gran robo a la nación y su clase obrera en beneficio de sectores empresariales nacionales y multinacionales, ligados tanto a la oposición como al chavismo.

¿Más represión y control policial… o lucha obrera, popular y estudiantil?

La educación universitaria pública en Oriente sufre con virulencia las consecuencias combinadas del brutal ajuste al presupuesto y la catástrofe económica en su conjunto: la fuerte descomposición social que brota del mar de miseria que rodea las instalaciones. El empalme de los intereses de una parte del aparato represivo estatal y el crimen organizado terminan de configurar el cuadro de barbarismo contra el conocimiento, la ciencia y la educación.

Las autoridades universitarias y la dirigencia estudiantil y sindical se han alineado detrás de un pedido de resguardo al Estado y su aparato represivo. Algunos de sus voceros incluso llegan a pedir operativos policiales en los barrios, operativos que culminan en ejecuciones extrajudiciales, allanamientos y robos contra las viviendas populares y arrestos irregulares de personas inocentes. Desde esa vocería se reproduce un discurso “clasista” y pro-represión, rompiendo la necesaria solidaridad entre la juventud de los barrios y la juventud universitaria.

Este discurso no es “accidental”, sino obedece a un alineamiento orgánico de las autoridades universitarias del país y la dirigencia estudiantil detrás de sectores del empresariado nacional, la dirigencia política agrupada en Guaidó y sus planes. Las autoridades tienen a su vez un interés en preservar el orden antidemocrático, pero “autónomo” que rige en dichas universidades, orden desbordante de corrupción, que también tiene su cuota de responsabilidad en la decadencia universitaria y contra el que la juventud venezolana se ha levantado históricamente desde, al menos, 1968.

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Los sectores obreros, profesores y estudiantes de la universidad, se encuentran interpelados por igual por la necesidad del presupuesto que sea necesario para la adecuada labor académica y educativa: por becas, transporte, comedor, servicio médico, y un largo etc. de dotaciones esenciales que nos han arrebatado.

La lucha por un salario igual a la canasta básica, debe ser bandera no solo de profesores, empleados y obreros, sino también de los alumnos, quienes se encuentran frente al panorama de no tener en el futuro próximo los mismos derechos laborales que padres y abuelos, con un título devaluado, muchos no pudiendo siquiera terminar la carrera ante la carencia de condiciones básicas para el estudio en numerosos hogares.

El irrenunciable posicionamiento contra el aparato represivo, debe ser también base de la alianza entre jóvenes universitarios y de los sectores populares, pues ambos sufren la represión asesina de organismos como la GNB y Faes, los segundos en un número muchísimo mayor, como se ha visto en las recientes represiones a las protestas y estallidos por el hambre en cuarentena, resultando asesinado en ellas, en Upata, el joven Charlis Núñez y en Mérida, Rafael Hernández, estudiante de la ULA. Al mismo tiempo, este aparato que se presenta como “garante de la seguridad” es en sí mismo una plataforma para el crimen organizado, por lo que no será jamás portador de una solución real para este flagelo.

Los obreros y empleados de la UDO han estado protestando por sus reclamos salariales y laborales, al igual que los trabajadores de otras universidades del país y otros sectores como los docentes, que aún en cuarentena se hacen escuchar a través de Twitter y otras plataformas. Es este movimiento el único capaz de recuperar la educación pública, en alianza y coordinación con estudiantes, profesores, sectores populares y demás sectores obreros del país.

Las fuerzas de la clase trabajadora y la juventud en Venezuela se encuentran muy debilitadas, pero a nivel mundial hay un enérgico desarrollo de la lucha de clases. La última y más importante siendo la rebelión de la juventud norteamericana contra la brutalidad policial, el racismo y el fascismo, tras el asesinato de George Floyd. Es en ellos en quienes tenemos que apoyarnos y no en Guaidó y sus padrinos Trump y Bolsonaro, tan enemigos de la educación pública, el pensamiento crítico y de las libertades democráticas como el “evangélico” Maduro, pues uno de los pilares del “Plan País” de la oposición es precisamente más endeudamiento externo y acuerdos con el FMI, lo que termina siempre, invariablemente, en recortes de presupuesto a la educación pública, que es precisamente contra lo que vienen luchando las y los jóvenes universitarios de Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Honduras, entre otros.

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