Tarifazo. Bariloche: un aumento duplicará el costo del transporte urbano

Bariloche atraviesa el momento más complicado con la empresa Mi Bus. El conflicto con la empresa concesionaria del Transporte Público Urbano (TUP) viene de larga data. Mi Bus, perteneciente al empresario oriundo de San Juan Pedro Ponte, no ha dejado de recibir subsidios desde nación, provincia y municipio. Pero a pesar de ello incumple constantemente los pagos salariales en término a sus trabajadores. La situación además, se encamina a golpear una vez más los bolsillos de trabajadores y trabajadoras usuarias del servicio de transporte urbano. Desde la empresa convocaron una audiencia pública para la revisión tarifaria.

El martes 1 de junio se realizó en el Gimnasio Municipal Nº 3 de Bariloche una audiencia pública no vinculante reclamada por la empresa Mi Bus y convocada por el municipio, con el objetivo de discutir una actualización de la tarifa del TUP. Dicha audiencia, que a causa de las restricciones contó con un número muy limitado de oradores usuarios del TUP y que para la empresa y el municipio no representa más que un mero trámite, dejó tela para cortar si nos centramos en la exposición del representante de la empresa.

En su exposición, Juan Pablo Follonier, gerente administrativo de Transportes Amancay (Mi Bus), presentó una variedad de argumentos intentando justificar el pedido de revisión tarifaria, que fueron muy cuestionados por la totalidad de los oradores presentes en la audiencia y por los usuarios del transporte público en general. Pero si queremos hacer un breve repaso del conflicto con los choferes y el destrato que vienen sufriendo estos trabajadores esenciales de Mi Bus desde hace tanto tiempo, basta con tomar el argumento del empresario: " La UTA cerró paritarias para el 2020 en un 30% retroactivo a septiembre de 2019 con una cláusula gatillo que se está discutiendo en estos días, que rondaría el 20% más dos pagos de conceptos no remunerativos de 15 mil y 20 mil pesos por empleado." Y esto, según las palabras de Follonier, impacta directamente en los costos de la prestación del servicio.

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¿Cual es la verdad acerca de la paritaria que mencionó el representante de la empresa?

La realidad es que en noviembre del año pasado, la Cámara empresaria de la Federación para el Transporte Automotor para Pasajeros (FATAP), homologó dicha paritaria únicamente en el AMBA, aunque a esta altura, esa paritaria para el AMBA ya quedó chica y allí mismo se pueden ver distintas medidas de fuerza reclamando mejora salarial, condiciones laborales y plan de vacunación entre otras cosas. El argumento de los empresarios para señalar que no sería posible pagarla en el interior es que los subsidios por parte de Nación son muy desiguales comparados con los del AMBA, sostienen que este sector recibe el 90% de los subsidios nacionales mientras el restante 10% queda para el interior del país. Los choferes reclaman desde entonces que se cumpla ese acuerdo que nunca recibió la firma del presidente de la FATAP. Tenían una reunión pactada para homologar esa paritaria, pero entre los trabajadores se comenta: "Tuvieron esa reunión, pero se juntaron solo a comer un asado, la firma nunca la pusieron". Lo que planteaba la FATAP en esas reuniones en noviembre del 2020, fue tomando cada vez más fuerza tanto para hostigar a los trabajadores, para reclamar más subsidios al Estado e incrementar sus ganancias, como para excusarse ante el descontento de los usuarios, con el aval explícito de toda la burocracia de la UTA. Por su parte, los trabajadores se ven obligados a pelear día a día para cobrar en tiempo y forma un sueldo digno, con todo lo que esto implica perjudicando a los usuarios aún más en tiempos de pandemia para los trabajadores esenciales.

El ataque a los trabajadores no viene solo desde la patronal

En todo este tiempo de conflicto, los funcionarios públicos y la burocracia sindical no se quedaron atrás a la hora de atacar a los choferes mientras estos peleaban por su salario. Tanto el intendente Gustavo Genuso como el Jefe de Gabinete Municipal Marcos Barberis apuntaron los cañones contra los trabajadores con reiteradas declaraciones e incluso comentarios en tono de amenazas que insinuaban la pérdida de los puestos de trabajo de los empleados de Mi Bus. Por su parte, la burocracia, que por un lado patalea para que se homologue el acuerdo paritario, pero por el otro, hacia adentro, apoya el discurso de la patronal que refiere a que sin subsidios no pueden pagar los salarios; recurre a diferentes maniobras para intimidar a los trabajadores. Por citar un ejemplo, el pasado martes 11 de mayo se dio a conocer una convocatoria anunciada como de "carácter urgente".

Se trataba de una asamblea convocada por la dirección oficial de UTA, con la firma de su titular Pablo Figueroa, que citó a todos los trabajadores de Amancay SRL, para tratar de manera urgente el posible retiro de la empresa concesionaria. La misma contó nada menos que con la presencia del secretario del interior Jorge Kiener y el secretario adjunto de UTA Río Negro Angel Rubio. Dicha asamblea no dejó nada concreto en cuanto a lo anunciado en la citación, pero si en cuanto a entender que, tanto esta visita de Kiener, como una posterior asamblea convocada por UTA se encargaron de generar un clima de tensión para obligar a los trabajadores a aceptar el pago diferido y en cuotas que propone la empresa. Estas maniobras, sin duda, hablan del rol de "policía de la patronal" que tiene la burocracia de la UTA hacia los trabajadores.

El año pasado el movimiento de autoconvocados fue masivo y generó un ruido enorme dentro de la burocracia. Ese evento fue canalizado, con expectativas de desplazar a la actual conducción de Fernandez en la UTA, por un nuevo dirigente. Surgió así la figura de Miguel Angel Bustinduy como posible recambio, de allí que buena parte de ese movimiento de autoconvocados a lo largo del país se terminó uniendo a la agrupación Juan Manuel Palacios.

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Ahora bien, hoy queda demostrado que la agrupación Juan Manuel Palacios funciona como tapón de desvío y contención de la bronca de todos los choferes en el país, aunque lo cierto es que esto se basa en la promesa de un recambio institucional dentro de la burocracia donde solo se cambiaría un ala por otra, pero no se cambia la estructura de precarización laboral y la política de subsidios a las patronales que tiene el Estado Nacional, aún con las terribles consecuencias que esto tiene para trabajadores y usuarios. Por estos motivos es necesario pensar en una organización independiente de la patronal, de la burocracia y del Estado para dar la pelea por el salario, por las condiciones sanitarias y por un servicio digno para todos los trabajadores y trabajadoras que necesitan del transporte público.

Tanto los usuarios y usuarias que salen a pelear contra el aumento del boleto y el servicio enormemente deficitario que tienen, como los trabajadores que reclaman el pago en tiempo y forma de su salario, aumento salarial, condiciones laborales y plan de vacunación, pueden confluir en un ámbito de organización desde el cual se pueda enfrentar el tridente nefasto de la patronal de Amancay SRL, el gobierno de Gennuso con todo su régimen político que condona la estafa de la empresa con respecto a los subsidios y la burocracia que amenaza a los trabajadores que se proponen salir a pelear.

Desde el Frente de Izquierda - Unidad venimos planteando la necesidad de estatizar el transporte urbano y avanzar en un servicio gestionado por los choferes con control de los usuarios y así evitar una nueva estafa. En el camino de lograr este objetivo, la unidad entre trabajadores del transporte y usuarios en organismos de coordinación para dar esta pelea es fundamental.