Es de público conocimiento el conflicto entre las familias de Unión y el fideicomiso de Terrazas de la Ribera, ¿qué rol jugó el municipio? La problemática que afecta a los vecinos del barrio se enmarca en la discusión nacional sobre el déficit habitacional.
Lunes 16 de noviembre de 2020 09:55
En octubre del 2019 el Concejo Municipal aprobó el convenio Urbanístico Terrazas de la Ribera. Este convenio significa el loteo de 72 hectáreas que comprende desde Av. San Martín hasta el río Paraná entre calle Jorge Newbery y la Zona Franca Santafesina. La ordenanza sancionada parte de un acuerdo entre la municipalidad y el fideicomiso. Esto quiere decir que la municipalidad realizó un negocio en un predio que ocupan familias que viven hace más de 50 años en el lugar. Beneficios para empresarios locales contados con los dedos mientras perjudican a cientos de familias.
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El proyecto de urbanización Terrazas de la Ribera está desarrollado por un fideicomiso que integra Aldo Paganucci –dueño de Autocrédito- junto con las empresas Viad y Servicios Portuarios. Contempla distintas zonas con terrenos para la construcción que van desde planta baja y alta hasta la edificación con altura máxima de 10 plantas. Esta última se encuentra en la continuación de calle Colón, espacio que disputan los empresarios comprando la voluntad de las familias de Unión. Para tomar dimensión de lo que significa este negocio inmobiliario es un espacio de más de 1000 terrenos a la venta. ¿Qué pasará con las familias que viven allí? Hasta el momento promesas a los vecinos y negocios por atrás. Pasaron varios gobiernos de distintos colores y ninguno fue capaz de llevar un plan de urbanización en el barrio, ni mucho menos planes de viviendas para la población de nuestra ciudad.
Hay más. Este año el Ejecutivo presentó al Concejo otro convenio urbanístico para la construcción de un nuevo edificio. Otro fideicomiso pero este integrado por el Sindicato Empleados de Comercio y un grupo de inversores locales para la construcción de un edificio en la esquina de Córdoba y Belgrano. Un proyecto que contempla 12 pisos cuando el actual reglamento de edificación para la zona solo establece un máximo de 6 pisos. Siguen construyendo edificios en una zona céntrica preparada infraestructuralmente para una población de hace decenas de años.
En nuestra ciudad se impone el negocio inmobiliario frente a las necesidades de la gran mayoría que deja más de la mitad del salario en alquileres porque no puede acceder a una vivienda propia, o vive en barrios sin servicios elementales como luz o agua potable. La necesidad de tierras y vivienda para vivir hoy se expresa en las distintas tomas de tierras del país que son desalojadas con brutales represiones como en Guernica.
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Mientras Jorge Berti y los empresarios locales hacen estos negocios inmobiliarios en Villa Constitución, hay decenas de familias que se encuentran en una situación desesperante que se agravó con la pandemia porque no tienen donde vivir, o pelean por la escrituración de sus terrenos como en barrio Unión. Ellos siguen peleando para que el gobierno les reconozca el derecho a tener un techo, una vivienda digna para vivir en familia ya que hace más de tres generaciones que viven allí y ningún gobierno les ha dado una respuesta.
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