Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, como parte activa de la lucha contra la represión estatal, denunciamos que en la provincia buscan perpetuar la impunidad sobre los casos de gatillo fácil.
Martes 6 de septiembre de 2016 15:23
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, como parte activa de la lucha contra la represión estatal, denunciamos que en la provincia de Santa Fe se avanza, con diferentes herramientas judiciales y políticas para frenar la pelea por todos los pibes víctimas de la violencia policial, buscando perpetuarse la impunidad sobre los casos de Gatillo Fácil.
La lucha por Franco Casco, Pichón Escobar y Jonatan Herrera son un emblema de los muchos que son golpeados y torturados por la Policía en Rosario, algunos de ellos hasta ser asesinados o desaparecidos. En este sentido venimos dando una pelea conformando, junto a otras organizaciones, multisectoriales para aunar las fuerzas y salir a las calles con un solo grito. Desde el inicio no fue fácil, las amenazas fueron constantes, tanto a las familias como a los abogados y militantes que le ponemos el cuerpo. El estado, no da respuesta o “mira para otro lado” cuando los querellantes son amedrentados. En los últimos tiempos, se acrecentó el nivel de ataques.
La reciente resolución del juez Bailaque, de sobreseer a todos los patovicas y policías implicados en la desaparición forzada de Gerardo “Pichón” Escobar, es uno de los principales golpes a toda la lucha que se viene dando. Sienta un precedente judicial que acentúa la impunidad en la Santa Fe gobernada por el Frente Progresista-Partido Socialista y, en el terreno judicial, deja en claro el contenido de clase de la Justicia Federal y el compromiso con la violencia institucional por parte del Juzgado. Para encarcelar a los miles que atestan las cárceles de Argentina por delitos comunes inclina su balanza para un lado y para dejar en libertad a los policías asesinos y a los genocidas por delitos de lesa humanidad y para liberar a la policía, siempre para el otro.
Porque la violencia estatal también es ocultar pruebas, falsificar documentos e inventar historias como sucedió en el caso de Franco Casco, donde la justicia provincial hizo un mamarracho jurídico, acompañado por las mentiras que esparció el propio gobierno. Y la causa paso a la justicia federal, donde permanece cajoneada sin que nadie mas que las organizaciones sociales reclame por esclarecer la verdad sobre la desaparición del joven de Florencio Varela. También en este caso, vimos como con total impunidad no hay al día de hoy un solo policía de la Comisaría 7ma imputado ni pasado a disponibilidad. Por el contrario, al Jefe de dicha dependencia fue premiado con un nuevo cargo de Comisario.
Ataques constantes, como las amenazas a la familia de Jonatan, acompañadas también de ocultamiento de pruebas y maniobras legales para querer que los policías de la PAT no salgan condenados. No fue sino gracias a la lucha que recientemente se frenó el juicio abreviado para Galvez.
Es en este marco que interpretamos los ataques al Ministerio Publico de la Defensa que participa de estos casos de violencia institucional: es un intento más de desprestigiar estas luchas y frenar estas causas. Si esto es así, a los organismos de Derechos Humanos independientes y a todos los que formamos parte de esta lucha, no nos queda mas que redoblar la apuesta en las calles. No podemos confiar en la justicia que día a día viene demostrando de que lado está, esos funcionarios que son elegidos a dedo por los gobiernos de turno y no por elección popular.
No es casualidad, que de la mano de Cambiemos y en el marco de las movilizaciones por “seguridad”, quieran redoblar la militarización realizada por el gobierno kirchnerista sobre Rosario de la mano de Sergio Berni. Es en este marco que quieren aplicar a rajatabla el código penal, lo que no sucede con los tantos casos de policías involucrados en el narcotráfico y el gran negociado de la droga. Este avasallamiento sobre las libertades democráticas de la juventud es parte del plan, en el cual ni siquiera aplican los Juicios por Jurados.
Ya lo denunciamos en el año 2015 en la Cámara de Diputados de la Nación con Myriam Bregman, diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda y fundadora del CeProDH, quien presentó diversos proyectos que expresaban la preocupación por las causas que hoy tramitan en la ciudad de Rosario por los asesinatos de Jonatan Herrera, Gerardo Escobar y Franco Casco. En los mismos se denuncia la brutalidad policial y la complicidad del Estado y la justicia. Allí, los diputados nacionales de diferentes fuerzas políticas, pudieron tomar cartas en el asunto, pero nada de esto paso y la situación se sigue agravando
Las muertes por gatillo fácil no son casos aislados: más de un tercio de los asesinados desde el fin de la dictadura militar fueron víctimas del aparato represivo del Estado. El entramado de impunidad compromete a los gobiernos nacionales y provinciales, a las fuerzas represivas y al poder judicial de conjunto. En este sentido, llevaremos estas consignas al Encuentro Nacional del CeProDH que se realizará en Jujuy, contra la represión del Estado.
