La comisión de Transporte del Concejo Deliberante firmó el dictamen favorable para el aumento. Este jueves habría sesión para aprobarlo y organizaciones convocan a reclamar contra este nuevo ataque.
Martes 17 de septiembre 13:52
El aumento del boleto del transporte urbano tiene vía libre. La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante firmó por unanimidad el dictamen para una tarifa que pasará de los $690 actuales a $950, un aumento del 37%. El titular de la comisión, el oficialista José María Franco, adelantó que se buscarán reunir los votos para la sesión que se convocaría este jueves 19. Una vez aprobado por el cuerpo, la ordenanza no sería vetada por la intendenta Rossana Chahla y entraría en vigencia en un plazo de diez días.
Desde la Intendencia y el bloque oficialista afirman que este nuevo tarifazo sería para mejorar el servicio, un argumento repetido hasta el cansancio y que es una nueva mentira. Bajo el manejo de los empresarios, el transporte público es sinónimo de unidades en pésimo estado, frecuencias reducidas sin cubrir los recorridos necesarios. En las últimas semanas los empresarios forzaron el despido de 200 trabajadores para presionar por el aumento del boleto y por mayores beneficios, lo que fue confirmado tras un encuentro entre Chahla y Osvaldo Jaldo.
Como parte del rechazo popular a este ataque al bolsillo popular, la Coordinadora contra el Tarifazo convoca a movilizarse al Concejo Deliberante cuando se trate el aumento. La convocatoria también llama a organizaciones estudiantiles, sociales y políticas para fortalecer el reclamo, sosteniendo que con un paro y plan de lucha desde los sindicatos se podría frenar este ataque que afecta a 600.000 usuarios, la gran mayoría trabajadores.
A su vez, el PTS-Frente de Izquierda plantea ante la crisis del transporte que la salida más realista y a largo plazo es el rediseño del sistema de transporte público, gestionado por una empresa estatal única, administrada por los trabajadores, con el asesoramiento de profesionales de las universidades nacionales y controlada por comités de usuarios.
Como viene señalando, la tarifa debería tender a la gratuidad para fomentar el uso del transporte público masivo y depender menos del vehículo particular contaminante causante de congestión y accidentes. El financiamiento debería venir de un fondo especial para el transporte público que provenga de grandes empresas que se benefician del crecimiento urbano disperso y atentan contra el funcionamiento racional de la ciudad, como las desarrolladoras inmobiliarias. Otra fuente de financiamiento podrían ser los principales grupos empresarios que mantienen bajos salarios, fomentan la desigualdad en la provincia que se expresa en precariedad habitacional, segregación, fragmentación y degradación del medio ambiente, como los patrones del azúcar o el citrus.
