Democracia degradada. Bonapartismo judicial desbocado: sabotean elecciones y extienden sus mandatos

En un escandaloso comunicado, la declaración constitucional 049/2023, establece la prórroga de las y los actuales magistrados sin un plazo determinado hasta que la ALP lleve adelante la selección de los nuevos magistrados y magistradas que deberían validarse en eventuales elecciones judiciales. Lo hacen luego de haber impedido las elecciones judiciales mediante una resolución que imponía al oficialismo (evista y arcista) negociar y consensuar las y los candidatos a magistrados con la oposición de derecha en la ALP.

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Con este abierto sabotaje, y ante las dificultades de consenso en la ALP, los actuales magistrados y magistradas garantizan su permanencia al frente de los principales tribunales del país. El rechazo y repudio a las decisiones del TCP se ha extendido a todo el arcoíris político y social, ya que son estos mismos magistrados quienes han emitido resoluciones y declaraciones severamente cuestionadas durante estos años de gestión.

Son los responsables de la vergonzosa sentencia que habilitó a Evo Morales pese a su derrota en el referéndum del 21F. Son los responsables de la prolongación de mandatos de parlamentarios durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez y son los responsables de todas las detenciones y procedimientos ilegales de persecución política durante ese mismo gobierno golpista. Además, hay que recordar que este tribunal, que hoy se prorroga, fue el que emitió un comunicado reconociendo la “constitucionalidad” del gobierno Áñez para luego, durante el gobierno de Arce, desdecirse de esta afirmación.

Durante los últimos años hemos visto movilizaciones de fabriles y diversas organizaciones sociales contra estos tribunales que, desde el gobierno de Evo Morales, no se cansan de emitir sentencias vulneradoras de derechos laborales y al servicio de empresarios y ricos. En esto la justicia del Estado Plurinacional no se distingue de la justicia neoliberal.

Hoy están siendo cuestionados hasta por el evismo que exige la declaración de legalidad del fallido congreso del MAS en Lauca Ñ y que obligan a Evo Morales a convocar a un nuevo congreso con la participación de todos los “expulsados”, Arce entre ellos.

La resolución de más de 100 páginas repletas de doctrina y precedentes legales, sin embargo, adolece de un grave problema jurídico: en ningún proceso nadie puede ser parte y juez de la controversia, cuestión que en este caso no se cumple y es susceptible no solo de nulidad sino de procesos penales a los actuales magistrados y magistradas.

Al agua la retórica de las elecciones judiciales

Desde la aprobación de la nueva CPE, el gobierno de Evo Morales, presentó las elecciones judiciales como una medida que venía a poner fin con el cuoteo de cargos que caracterizó los procedimientos de la llamada “democracia pactada” del ciclo neoliberal. Bolivia es el único país en el mundo en establecer un sistema de elecciones nacionales para la selección de los miembros de los principales tribunales del país, como son el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional), el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, y de sus expresiones departamentales.

Con la nueva constitución política del Estado se estableció la jurisdicción indígena como parte del sistema de justicia y en igual jerarquía a la llamada “justicia ordinaria”, ingresando de esta manera en el pluralismo jurídico, y estableciendo algunos mecanismos democratizadores del Órgano Judicial. Sin embargo, como señala el adagio popular “hecha la ley, hecha la trampa”, las profundas aspiraciones democráticas que se han expresado en los levantamientos populares [1], con demandas específicas como detonantes, tenía en común una profunda aspiración democrática que era barrer con todo y empezar desde abajo y de cero. Por eso la demanda de Asamblea Constituyente resonaba, con desigual intensidad, pero presente en todos los levantamientos, la exigencia de una Asamblea Constituyente que rediscutiera el país que se quería.

Lamentablemente estas profundas aspiraciones democráticas de lxs trabajadores y el pueblo fueron burladas nuevamente. La obligatoriedad de que todos los candidatos y candidatas al Órgano Judicial deban ser seleccionados por 2/3 del parlamento conduce nuevamente al cuoteo de cargos y a la aceptación de los miembros del poder judicial por parte de todos los partidos. Como decía Karl Marx, el único factor común entre las más diversas mercancías es que todos contienen valor, hoy podríamos decir que tal consenso solo significa que se han elegido como miembros de los tribunales a mujeres y hombres verdaderamente venales y afines al poder de turno.

Los magistrados hoy en funciones pasaron no solo de cumplir todos y cada uno de los caprichos de Evo Morales, para luego ser el brazo ejecutor de la persecución política del gobierno golpista de Áñez al amparo del barniz “judicial”. Hoy son piezas claves en el armado del tablero de ajedrez de Arce si pretende participar como candidato el 2025. La decisión de los tribunales de prorrogarse en el cargo por las dificultades de la ALP para llegar a acuerdos en cuanto a los candidatos le da una ventaja al gobierno de Arce al contar con dóciles tribunales, que como acaba de mostrar el congreso del MAS en Lauca Ñ, todo lo que haga Evo puede ser anulado con una buena resolución judicial. Lo mismo vale para la oposición derechista de Comunidad Ciudadana y de Creemos, cuyo líder cruceño, Luis Fernando Camacho, aun continúa gobernando desde la cárcel.

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Desde el 2009 hemos tenido dos procesos electorales para seleccionar los magistrados y magistradas de los principales tribunales del país. Es decir, las elecciones judiciales, únicas en el mundo, son absolutamente limitadas toda vez que solo la ALP y por 2/3 de sus miembros pueden armar las listas de candidatos, garantizando de esta manera un personal que por sus concepciones académicas-profesionales, méritos, títulos y clase social se ponen al servicio del orden establecido y de las reglas que garantizan la reproducción de la sociedad capitalista. Todo este andamiaje bien lubricado por supuesto con el infaltable “impulso procesal” que se entrega fuera de horario.

Lejos de una democratización del órgano judicial, lo que se ha intentado hacer es fortalecerlo, legitimando el cuoteo partidario, mediante el voto ciudadano, voto que se limita a elegir entre unos pocos previamente consensuados entre el oficialismo con la oposición parlamentaria.

Los últimos acontecimientos, donde 7 individuos del Tribunal Constitucional se erigen así mismos como la única autoridad incuestionable en materia constitucional, convierten sus resoluciones y comunicados en fallos absolutamente inapelables. Este creciente papel de estos tribunales, que empiezan a intervenir en la vida política de los partidos, de los sindicatos y de diversas organizaciones sociales y sindicales, está provocando que aunque por el momento subordinado y dócil al poder ejecutivo y al gobierno de Arce, esto no significa que ante la creciente acumulación de poder que se desplaza desde un legislativo cada vez más inoperante y un ejecutivo muy dependiente del aparato judicial, este órgano judicial termine intentando jugar un papel relativamente autónomo. El desbocado bonapartismo judicial que evidencia la Resolución 49/2023 busca evitar el estallido de una crisis de magnitud ante un eventual vaciamiento de los tribunales en enero, objetivo buscado por la oposición de derecha y posiblemente también por el evismo, pero agrava la deslegitimidad ante la población y su divorcio creciente de ella.

Hay que repudiar semejante aberración jurídica y política como es la resolución constitucional mencionada, al servicio de prolongarse arbitrariamente en sus cargos luego de haber impedido durante un año la celebración de las elecciones judiciales mediante declaraciones de inconstitucionalidad de los diversos proyectos de ley.

Los y las trabajadoras y el pueblo estamos profundamente interesados en una sustancial transformación del aparato judicial que contemple medidas para democratizar efectivamente los órganos judiciales, así como acercarlos a las necesidades de lxs trabajadores y el pueblo, siendo nosotros mismos los y las llamadas a participar en el ejercicio de impartir justicia. En este sentido es urgente impulsar la exigencia por la elección libre de magistrados y magistradas sin preselección parlamentaria, que solo ha servido para negociar la justicia siempre al servicio de los ricos, los empresarios y los politiqueros. Hay que terminar con esa casta de funcionarios y políticos que han parasitado todo posible ejercicio de justicia en los asuntos comunes y que solo actúan “efectivamente” en los asuntos que a la clase dominante le interesa.

Necesitamos empezar a discutir de manera urgente ¡que todos los magistrados judiciales, jueces y fiscales ganen lo mismo que un maestro de escuela o un fabril calificado! ¡basta de explotar a las y los estudiantes de derecho con pasantías gratuitas! Nadie debe trabajar sin cobrar ¡por un salario mínimo y digno para todxs los pasantes! Por la revocabilidad de los jueces cuando sus electores lo dispongan. En materia penal es necesario el retorno a los juicios por sistema de jurados corrigiendo las fallas y los mecanismos que permitían la manipulación de los procesos. Basta de permitir que tres jueces en la oscuridad de los tribunales resuelvan la libertad de violadores, feminicidas y grandes narcotraficantes mientras encierran por años a vendedores de “menudencias”.

Sin embargo, estas mínimas medidas solo podrán alcanzarse impulsando una gran movilización de las y los trabajadores del campo y la ciudad, junto a sectores populares, que, de manera independiente del gobierno, del evismo y de la oposición de derecha, pelee por la más profunda democratización de todos los procedimientos judiciales. Para esta labor se hace urgente la lucha por recuperar nuestras organizaciones sindicales y sociales de manos de las corruptas burocracias que utilizan nuestras organizaciones como plataformas y puntos de apoyo para diversos proyectos de colaboración de clases.