Elecciones judiciales. Bonapartismo judicial: oficialistas y opositores obligados a negociar a contrarreloj

El 31 de julio el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de casi dos meses de deliberación, resolvió anular la convocatoria a elecciones judiciales realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la base de una mayoría simple del reglamento de la Asamblea. La anulación se fundamenta en la exigencia de que la convocatoria debe ser realizada por Ley especial y sobre la base mínima de 2/3 de las y los asambleístas. La resolución 060/2023, aprobada por unanimidad, empuja a las dos bancadas del MAS, de Evo Morales y Luis Arce, a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y a Creemos de Fernando Camacho a ponerse de acuerdo para las mismas.

Con esta resolución, todas las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa se ven empujadas y presionadas a llegar a acuerdos a “contra reloj”, debido a que el 31 de diciembre cesan en sus funciones todos los altos magistrados del órgano judicial, amenazando con provocar un vacío del órgano judicial de no realizarse las elecciones judiciales con anticipación. Recordemos que desde abril todo el proceso para las elecciones judiciales quedó detenido con un amparo constitucional interpuesto por un diputado de Creemos. De esta manera, la elección de magistrados y magistradas para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura quedaron suspendidas hasta el cumplimiento de la resolución emitida por los actuales magistrados.

Evo Morales calificó la resolución del TCP como “golpismo judicial” señalando que busca obligar al pueblo boliviano a volver a las épocas del cuoteo y repartija de cargos judiciales que se realizaban en décadas pasadas.

En la misma línea, algunos diputados afines al MAS, como Patricia Arce o Freddy López, anunciaron el inicio de un juicio ordinario a los 9 miembros del TCP así como la conformación de una comisión mixta del parlamento para fiscalizar y revisar todas las actuaciones de este tribunal, al que calificaron de intentar un “golpe judicial” con el objetivo de prolongarse en sus funciones ante la posibilidad de un fracaso en las negociaciones para lograr los 2/3 en la ALP.

Bonapartismo judicial para relegitimar instituciones podridas

La resolución 060/2023 se emite en un marco de profunda crisis y deslegitimación del órgano judicial, agravada por su papel cómplice durante el golpe de Estado del 2019 de todas las violaciones a los DDHH producidas durante el régimen de Áñez. Los informes de GIEI de la CIDH sobre Bolivia, afirmaron la necesidad de una profunda reforma judicial de manera tal que pueda garantizar la exigencia de justicia ante las graves violaciones a los DDHH respetando el debido proceso y las garantías constitucionales para los golpistas procesados.

El cuestionamiento y críticas al órgano judicial sin embargo no se detiene en los casos de DDHH sino que recorre todo el aparato judicial, donde las denuncias de complicidad judicial con feminicidas que son liberados, narcotraficantes que son ayudados a fugar, consorcios de jueces, fiscales y abogados para enriquecerse usando el aparato judicial al servicio de pandillas y camarillas delincuenciales, etc., están detonando un repudio masivo contra estas instituciones. Sin embargo, pese a este escenario, tanto derechistas como masistas, han llegado a un tácito acuerdo que es el de mantener, pese a la polarización política, todas sus disputas en el marco de la institucionalidad estatal y más precisamente judicial. Así, contradictoriamente, vemos como el conjunto del personal político del país, busca canalizar todas las contradicciones sociales y políticas en los mecanismos legales como forma de resolver conflictos. Es un intento de evitar que las disputas lleguen a las calles abriendo escenarios impredecibles para el gobierno y para la oposición de derecha.

Es en este marco, y pese a las protestas de diversos parlamentarios oficialistas, que la resolución 060/2023 emitida por el TCP busca fortalecer esta política de contener todas las disputas en los marcos institucionales judiciales, y evitar que el abstencionismo se vuelva a expresar en las eventuales elecciones judiciales. Recordemos que éstas deberían realizarse en el mes de octubre, máximo noviembre, del año en curso. Desde la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el 2009, Bolivia ha tenido hasta el momento, dos procesos electorales de selección de autoridades judiciales, que se han caracterizado por altísimos niveles de abstención, y votos nulos o blancos.

Estas medidas ponen de manifiesto que lejos de avanzar en la tan mentada “reforma de la justicia”, buscan fortalecer estas podridas instituciones sobre la base de “obligar” a oficialistas y opositores a llegar a acuerdos en todo el proceso de convocatoria y no solo en la selección de candidatos. Lejos de las afirmaciones de Evo Morales sobre el intento del TCP de conducir al país al “cuoteo” de cargos como en el ciclo neoliberal, lo cierto que ese cuoteo fue institucionalizado por Evo Morales al establecer los 2/3 de la Asamblea Legislativa para la selección de candidatos.

Si en elecciones anteriores el oficialismo aprovechó tener esos 2/3 para imponer sus actuales magistrados, lo cierto es que hoy la pérdida de esa hegemonía obliga a cuotear como en épocas anteriores con la única diferencia que se obliga a la población a legitimar la repartija de cargos mediante el voto.

Desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, LOR-CI, que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, denunciamos todas estas maniobras y operaciones político-leguleyas que están orientadas a fortalecer un órgano del Estado que ha revelado sobradas veces su complicidad con los ricos y poderosos, construyendo una “justicia” al servicio de quien pueda pagar los servicios de los funcionarios.

Consideramos urgente la lucha por imponer una democratización profunda de todo el aparato estatal y judicial, estableciendo la elección y revocabilidad de todos los funcionarios y funcionarias, quienes deberán ganar el salario de un trabajador o trabajadora fabril calificado o de un/una maestra de escuela, terminando con los enormes privilegios económicos y políticos que alimentan la corrupción y la complicidad con los ricos.

Es urgente democratizar los procesos judiciales estableciendo los juicios por jurados, para avanzar en terminar con esa casta judicial divorciada de las necesidades y aspiraciones populares y del pueblo trabajador. A fines de los años 90 se estableció esta modalidad de procesos, modalidad que rápidamente fue derogada retornando al sistema de jueces técnicos y evitando la participación popular en la administración de justicia. Lejos de resolver los problemas que pudieron haber emergido en los juicios por jurados, el personal político neoliberal y judicial optaron por recortar ese derecho democrático y ese control social a la administración de justicia. Durante el gobierno de Evo Morales lejos de revertir esto, se mantuvo la continuidad de las principales disposiciones neoliberales.

Por todo esto, es urgente que las trabajadoras y trabajadores empecemos a abordar esta importantísima problemática para intervenir con una política independiente y orientada a la democratización radical de todo el aparato judicial terminando con una casta privilegiada al servicio de los ricos y del poder político de turno.