La ministra de Seguridad y el de Justicia avalaron la brutal represión que terminó con la vida de Rafael Nahuel. Los funcionarios defendieron el accionar estatal y lo justificaron a futuro.
Martes 28 de noviembre de 2017
"Están instalando la pena de muerte", escribió Nicolás del Caño en su cuenta de Twitter. Minutos antes, la ministra Patricia Bullrich justificaba en conferencia de prensa el accionar represivo que terminó con la vida del joven Rafael Nahuel. Raffita, como le decían, tenía apenas 21 años.
Sentado a la derecha de Bullrich estaba el ministro de Justicia, Germán Garavano. Esta vez, el funcionario que suele ser presentado como una suerte de "paloma" dentro del gabinete nacional, estuvo ahí para avalar el discurso duro de su par de Seguridad. La presencia de ambos funcionarios no hizo más que ratificar la decisión gubernamental: justiciar la represión estatal aunque esto implique terminar con la vida de quienes se manifiestan.
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Desde el Gobierno nacional se intenta legalizar un discurso represivo que avala el asesinato por parte del Estado al tiempo que se busca garantizar impunidad a la Prefectura.
Ese discurso represivo tiene el aval del peronismo y otras fuerzas políticas patronales. Lo demostró ayer Miguel Ángel Pichetto, jefe del FpV-PJ en el Senado, cuando volvió a hablar contra “los grupos violentos”. Más temprano, el gobernador Alberto Weretilneck (Río Negro) había usado la misma argumentación. Cuando caía la noche de este lunes, muchos referentes peronistas seguían sin hablar condenado el asesinato.
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Macrismo y peronismo, luego de acordar el saqueo del Anses y perjudicar a millones de jubilados, se unen para justificar la represión estatal que se cobró la vida del joven Rafael.
Con al apoyo explícito de los grandes medios de comunicación, oficialismo y oposición patronal buscan justificar una represión estatal sin controles. Un accionar completamente favorable a las exigencias de grandes terratenientes de la Patagonia, pero que va más allá y busca legitimar la represión estatal sin condiciones.
Impunidad para las fuerzas represivas
Tal como ocurrió con la represión tras la cual desapareció Santiago Maldonado, los ministros de Seguridad y Justicia avalaron el accionar de una fuerza federal. En este caso fue Prefectura. Nuevamente, como ocurrió durante meses, el gobierno da una señal de impunidad.
Esa impunidad viene siendo garantizada desde el poder político desde el inicio del Gobierno de Cambiemos. Basta recordar cuando la misma ministra Bullrich defendió a los gendarmes que habían disparado contra una murga de jóvenes y niños en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.
Esa impunidad es que la lleva a una creciente prepotencia a los efectivos de las fuerzas represivas. El viernes pasado se conocieron las imágenes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentando detener a una vendedora ambulante de globos. Una brutalidad que solo puede venir de sentirse respaldadas por el oficialismo nacional.
Reprimir siempre y sin recibir críticas
“La RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”, dijo la ministra de Seguridad este lunes. Luego agregó que “el Estado debe ejercer su rol en la sociedad”.
El Gobierno nacional volvió a montar un discurso destinado a garantizar el accionar represivo del Estado sin que haya trabas u obstáculos. A eso se agrega ahora la justificación de que eso pueda terminar incluso con la muerte de los manifestantes.
El Gobierno, al tiempo que lanza un ataque contra los derechos de amplias capas de la población trabajadora con la triple contrarreforma laboral, previsional y tributaria, intenta garantizarse la posibilidad de reprimir sin restricciones.
Luchar contra la impunidad
Nuevamente, como ocurrió ante la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, se impone la pelea para evitar que haya impunidad. Es necesario garantizar que el discurso y la política que intenta instalar el gobierno no se consolide.
Es necesaria la más amplia movilización exigiendo justicia por el asesinato de Rafael Nahuel y denunciando la brutal criminalización y persecución contra la comunidad mapuche.
Esta pelea se suma a otra ya en curso. Aquella para que no haya impunidad por la muerta de Santiago Maldonado, para que sean castigados los responsables materiales y políticos de su muerte.
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