En la noche del 23 al 24 de noviembre, la COP29 llegó finalmente a un acuerdo. Se confirmó el «derecho a contaminar» mediante la validación de las reglas del «mercado del carbono» y se liberaron 300.000 millones para los países dependientes, una cantidad muy mínima en relación a lo que está en juego, y que amplifica el saqueo a través de la deuda.
Viernes 29 de noviembre 12:27
El presente artículo es una traducción del original en francés publicado en el sitio Révolution Permanente, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario en Francia.
En la noche del 23 al 24 de noviembre, la Conferencia de las Partes (COP29) de Bakú (Azerbaiyán) llegó a su fin tras prolongarse las negociaciones durante 24 horas. Los participantes adoptaron un acuerdo final de financiación, llamado «Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática » (NCQG, por sus siglas en inglés), que supuestamente debe financiar la adaptación al cambio climático y el desarrollo de energías renovables en los llamados países emergentes y en desarrollo, y valida las normas para desarrollar un mercado de carbono entre países, al tiempo que barre bajo la alfombra la cuestión de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Si bien la llegada a un acuerdo puede ayudar a mantener las apariencias, no puede esconder la profunda crisis de la «diplomacia climática». «Esta COP ha sido un desastre para los países en desarrollo. Es una traición a los seres humanos y al planeta, orquestada por los países ricos, que dicen tomarse en serio el cambio climático», comentó Mohamed Adow, director del think tank Power Shift Africa.
De hecho, hasta las últimas horas de negociaciones prolongadas, existían dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Incluso antes de la sesión inaugural, esta COP de «paz» había sido duramente criticada, en particular por la destacada ecologista Greta Thunberg, por la represión de ecologistas y opositores políticos por parte del Estado azerbaiyano, responsable también de la limpieza étnica en Nagorno-Karabaj y de suministrar petróleo al genocidio de Israel.
La debacle continuó en la inauguración de la COP, con el Presidente de Azerbaiyán alabando el petróleo como un «regalo de Dios» y la presencia de más de 1.770 lobistas de combustibles fósiles, según cifras de la ONG Kick Big Polluters Out. En un contexto de tensiones internacionales cada vez mayores, como la guerra en Ucrania y el genocidio en Palestina, y de reelección de Trump, la gran mayoría de los grandes líderes rehuyeron esta COP. El G20, que se celebraba al mismo tiempo y se presentaba como una oportunidad para apoyar la COP29 y afirmar el «liderazgo climático» de las grandes potencias, traicionó incluso estas bajas expectativas... y aún peor, ya que, como informó el Financial Times, la declaración del G20 repitió los términos de la última COP28, pero eliminó cualquier referencia a la «transición hacia el abandono de los combustibles fósiles». Una clara señal a la COP29. Como resultado, al final de «la peor primera semana en la historia de las COP», todo lo que surgió el jueves fue un borrador de acuerdo en el que todas las cantidades habían sido sustituidas por «X», con «países en desarrollo abandonando las reuniones amenazando con irse», bajo el lema «ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo», como informó Le Monde.
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Finalmente, el sábado por la noche se acuerda el «Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado» de 300.000 millones de dólares pagados cada año por los países «desarrollados» para financiar la adaptación al cambio climático y el desarrollo de las energías renovables en los llamados países emergentes y en desarrollo. Sobre el papel, esto representa triplicar los recursos en comparación con los anteriores mecanismos de ayuda puestos en marcha en la COP15 de Copenhague en 2009, pero en realidad no es más que una «suma irrisoria», según la representante india Chandni Raina. Mientras tanto, el cambio climático no se ha detenido, sino que se ha intensificado, agravado por las políticas económicas y militares depredadoras de los países imperialistas. Además, la suma ni siquiera tiene en cuenta la inflación.
Chandni Raina denunció una decisión «que pone claramente de manifiesto la falta de voluntad de los países desarrollados para asumir sus responsabilidades, en un momento en que estamos luchando para combatir el cambio climático». Esta decepción y cólera es compartida por otros países del Sur, entre ellos Sierra Leona, que señala que estos 300.000 millones de dólares representan «menos de una cuarta parte de lo que la ciencia demuestra que es necesario y apenas suficiente para evitar una catástrofe». Según un estudio de la Climate Policy Initiative, «se necesitarán entre 8.100 y 9.000 billones de dólares anuales de aquí a 2030, y más de 10.000 billones de aquí a 2031» para descarbonizar las economías de los países en desarrollo y, sobre todo, permitirles hacer frente a las repercusiones cada vez más violentas del cambio climático. Peor aún, si se tiene en cuenta que el texto retoma los mismos escollos que el último paquete de financiación de 2009, con modalidades de financiación escandalosas. El acuerdo propone una financiación en forma de subvenciones o de préstamos, lo que constituye una forma de prolongar el saqueo a través de la deuda bajo la apariencia de «solidaridad internacional». Más del 70% de los 100.000 millones de dólares de financiación anual previstos en la COP15 de Copenhague ya se han desembolsado (con retraso) en forma de préstamos.
Irónicamente, uno de los apartados del acuerdo insta a todos los actores, públicos y privados, a colaborar para alcanzar la suma de 1,3 billones de dólares de aquí a 2035. Es una forma de dejar en manos de las empresas y otras «fundaciones» la financiación de la «transición ecológica» de los países dependientes y, por tanto, de ofrecerles la posibilidad de adaptar esta transición a sus propias necesidades y deseos. Un acuerdo que dejó a los 47 miembros del grupo de los «países menos desarrollados» «indignados y profundamente dolidos por el resultado de COP29. Una vez más, los países más responsables de la crisis climática nos han defraudado. Esto no es sólo un fracaso. Es una traición» explican sus representantes, lo que resulta indicativo de la crisis en la que está sumida la “diplomacia climática”. A la hora de pagar, ningún país imperialista quiere pagar los cientos o incluso miles de miles de millones que exigen los países dependientes. Más aún en un contexto de crisis económica y tensiones militares, que obliga a derrumbar los sueños hipócritas de cooperación internacional en materia de cambio climático.
Además de los 300.000 millones de dólares, la firma del artículo 6 del Acuerdo de París sobre las reglas para los mercados mundiales de carbono es presentada como un «avance significativo» por la ONU. En fase de negociación desde hace casi 9 años, el artículo 6 pretende establecer un marco para un mercado del carbono, pero a nivel de los Estados miembros de la COP. Un auténtico «derecho a contaminar» para los países ricos y las multinacionales, como explica Amigos de la Tierra Indonesia en un comunicado: «Los mercados de carbono no son instrumentos de financiación de la lucha contra el cambio climático, sino permisos para contaminar, que permiten a los grandes contaminadores eludir de un plumazo sus obligaciones en materia de emisiones y de financiación».
A grandes rasgos, el sistema de los mercados de carbono permite a los países y empresas compensar parte de sus emisiones comprando cuotas de carbono a otros países menos intensivos en carbono. Estas cuotas de carbono se crean mediante actividades bajas en carbono (energías renovables, almacenamiento de carbono, etc.). Sin embargo, no son pocos los escándalos que rodean a esta forma de régimen tan controvertida. Un reciente estudio en Nature Communications publicado en la primera semana de la COP29 revela que menos del 16% de los créditos de carbono ofrecidos están asociados a una reducción real de las emisiones de carbono.
Como recuerda un artículo de Le Monde, gracias a los derechos gratuitos de su mercado de carbono, la UE ha permitido a las industrias más contaminantes del acero, el cemento, el petróleo, el aluminio y otras robar decenas de miles de millones de euros durante casi 30 años. Pero también es el caso de Brasil, China, Mongolia e Indonesia, donde numerosos proyectos de «compensación» no han contribuido en nada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que han propiciado la depredación imperialista de la tierra y la represión de la población.
Y los escasos mecanismos del artículo 6 para evitar nuevos escándalos parecen muy débiles. Para Jonathan Crook, de la ONG Carbon Market Watch, las normas aprobadas en la COP29 siguen teniendo muchas lagunas, como explica en otro artículo en Le Monde: «No hay controles vinculantes sobre el comercio de créditos entre países en el artículo 6.2, en particular para comprobar que las reducciones de emisiones son reales y adicionales, es decir, que no se habrían producido en todos los casos, o que no violan los derechos humanos», advierte.
La prioridad a estos aspectos «técnicos» y financieros habrá permitido a esta COP eludir la cuestión del fin de los combustibles fósiles, sin duda un «detalle», cuando las políticas actuales precipitan al mundo hacia un calentamiento catastrófico de 3,1°C de aquí a finales de siglo. Mientras las migajas arrojadas a los países del Sur, el saqueo de la deuda y la estafa de los «mercados de carbono» son las únicas medidas que ofrece una «diplomacia climática» en crisis, cada vez está más claro que es desde abajo, desde el movimiento obrero y la juventud, de donde surgirán las soluciones a la crisis ecológica, y no en los salones de las COP.