El Gobernador peronista no tiene nada que envidiarle a su par jujeño y radical Gerardo Morales. Cuando de criminalizar las luchas se trata, la política es la misma. El joven Santillán debe estar libre.
Jueves 25 de mayo de 2017 02:37
Milagro Sala no es la primera presa política, tampoco la única. En algunas provincias parece estar suspendido el estado de derecho. Tal el caso de Formosa, donde el joven referente wichí Agustín Santillán sigue preso por haber reclamado por los derechos de los pueblos indígenas.
En su desesperación al ver pasar los días tras las rejas, Agustín inició una huelga de hambre. Fue detenido el 14 de abril, lo golpearon y luego fue traslado al penal de Las Lomitas. Lo acusan de haber participado de los robos y saqueos que hubo a inicios de abril, tras las inundaciones que afectaron la zona oeste de esa provincia, pero su esposa Gabriela Torres afirma que no estuvo en ninguno de los episodios.
En tres cartas difundidas por el sitio La Retaguardia, Santillán expresó: “Me meten preso por reclamar por tierra, agua, educación, salud y cumplimiento de los derechos indígenas. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza. Me tienen marcado. Acá hay mucho racismo. Tengo miedo. No es seguro estar acá. Soy inocente y víctima de la sucia política de Insfrán”.
El joven afirmó que “siempre los gobiernos usan a la Policía para esos trabajos”. Y manifestó su deseo de estar libre para su cumpleaños, el 1 de mayo. El Día Internacional de los Trabajadores lo encontró aún preso.
Santillán vive en Ingeniero Juárez y es uno de los pocos referentes locales que critica públicamente al gobernador Gildo Insfrán, al mando del Ejecutivo provincial desde hace más de dos décadas.
Según el periodista Darío Aranda, el joven wichí estuvo en el acampe indígena de Buenos Aires en 2015 y encabezó una histórica marcha en 2013 en Formosa, cuando miles de originarios se manifestaron ante la Casa de Gobierno.
No conforme con encarcelar a Santillán, el juez Marcelo López Picabea detuvo también a su esposa, Gabriela Torres, ahora ya liberada. La mujer sostuvo que el Poder Judicial pretende encerrar a toda la familia, para quebrarlo emocionalmente.
“A Agustín lo persiguen por luchar por nuestros derechos, lo quieren matar”, dijo en una entrevista con la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). “Esto es una persecución política, la gente que acusan con orden de detención es mayor, no va a andar un anciano o una anciana de madrugada intentando robar a jóvenes criollos, y son los que siempre reclaman por los temas de salud, educación y agua”, agregó.
Torres afirmó que quienes protagonizaron los saqueos son “jóvenes marginados de toda asistencia social, y a la vez utilizados como grupos de choque por sectores políticos”.
Osvaldo Bayer se sumó a la campaña
De Ushuaia a La Quiaca
Los hubo en dictadura, los hubo y sigue habiendo en democracia. Así como la líder de la Tupac Amaru continúa detenida con una maraña de causas, cuando en primer lugar la metieron presa por protestar contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, otros luchadores sociales conocieron la prisión y fueron criminalizaron por su activismo.
Un caso emblemático fue el de los trabajadores petroleros de Las Heras, condenados por el crimen de un policía, hecho sucedido durante una pueblada en 2006 que era a su vez la respuesta a las persecuciones y encarcelamiento que estaban sufriendo dirigentes sindicales a pedido de las multinacionales petroleras.
Pero antes aún el reclamo fue por la liberación de dirigentes como Emilio Alí en Mar del Plata, Alcides Christiansen y Horacio Panario en Neuquén, Raúl Castells en la provincia de Buenos Aires y Diego Quintero y Carlos Bértola en la CABA, entre otros que la democracia supo encarcelar.
La diferencia radica en el espacio mediático que cada uno obtiene, en consonancia con su inclusión, o no, en la agenda política. No hay campaña masiva por Santillán. En la cárcel lo visita Félix Díaz, quien gestiona su asistencia legal e intervención del Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), hasta ahora sin respuestas.
El juez Picabea también ordenó la detención de otros treinta hombres y mujeres wichí, muchos de ellos cercanos a Santillán y otros sospechados de los incidentes de abril. A Santillán lo acusó de intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación.
El abogado de Agustín, Daniel Cabrera, tiene la certeza del trasfondo político del caso. “Le armaron más de veinte causas”, explicó el letrado, según publicó Darío Aranda en Página/12. El mismo “combo” del Código Penal le habían imputado en 1996 al dirigente de la UOM de Río Grande Oscar Martínez y otros de sus compañeros, condenados por encabezar luchas obreras y reclamar en las calles justicia por el asesinato de Víctor Choque.
Cuando habían pasado treinta días de su detención, medio centenar de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y comunidades indígenas emitieron una carta abierta titulada “Criminalización y cárcel a dirigentes indígenas en Formosa”.
“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denuncia el escrito firmado por Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.
Para el gobierno de Formosa Santillán inició los desmanes en el oeste de la provincia e incluso lo tilda de “terrorista”. Al respecto aún no se ha pronunciado la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, como tampoco el Inai.
La situación en esa provincia fue resumida en la carta de los organismos de derechos humanos: “Hay hermanos indígenas detenidos y otros que son sometidos a causas judiciales en una muestra inusual de persecución política, que echa un manto de duda sobre el rol de un Estado de derecho, que no sólo incumple el contenido elemental de la normativa internacional y de la Constitución Nacional, sino que estigmatiza, criminaliza y persigue a aquellos que sólo intentan gozar de sus derechos más elementales”.
El martes 23 la movilización en Buenos Aires del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en rechazo al fallo de la Corte que benefició con el "2x1" al genocida Muiña, tuvo entre sus exigencias la "libertad a Agustín Santillán y los tres hermanos wichí detenidos en Formosa". De hecho la marcha arrancó frente a la Casa de la Provincia de Formosa (Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen).
Mientras tanto, los amigos de Agustín Santillán exigen su libertad desde el muro de su cuenta en Facebook, que posee más de 14 mil seguidores. “Es una cacería, algunos hermanos están escapando hacia el monte, hay pedido de captura para todos. Quieren esconder la pobreza, la falta de trabajo y la usurpación de nuestras tierras”, reza el último posteo.
