Viernes 23 de agosto 20:46
"Creo que es necesario clarificar lo que se está discutiendo.
El artículo cuarto inciso e plantea que se afectará a esta base de datos genética, inicialmente restringida a quienes eran culpables de delitos sexuales, a cualquier persona imputada. Lo leo textualmente para evitar dudas:
"Artículo cuarto: sustitúyase el cuarto de la ley etcétera. Dice: El registro deberá almacenar y sistematizar, inciso e, perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada."
Es decir, por ejemplo, hoy hubo docentes en la puerta reclamando por la esencialidad en la educación, y fueron gaseados por la policía, hecho que repudiamos. Pero imaginen que una de esas docentes es detenida e imputada. Esa persona pasaría a formar parte de la misma base de datos que violadores y abusadores. ¿Por qué? Porque alguien puede ser imputado por pelearse con un vecino, por un incidente vial, o por haberle gritado a un policía. Y por el simple hecho de estar imputado, estaría en la misma base de datos que delincuentes sexuales.
¿Qué sentido tiene mezclar a alguien que puede tener una imputación arbitraria con delincuentes sexuales? Esto es aún más grave si se considera que la ley original solo contemplaba perfiles genéticos para delitos sexuales. Ahora, personas que ni siquiera han sido procesadas por delitos graves, sino simplemente imputadas, serán incluidas en esta base de datos.
Además, hay una clara dirección en este proyecto, ya que Patricia Bullrich, la ministra que ha hecho declaraciones cuestionables y que ha acusado a manifestantes de terroristas, será la encargada de controlar esta base de datos genéticos. ¿Podemos confiar en que no alterará la base de datos para perseguir opositores?
En el mismo día, el gobierno ha eliminado por decreto la unidad de investigación sobre niños secuestrados y apropiados durante la dictadura militar, que pertenecía a la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad). Este gobierno, que habla mucho sobre delitos, está anulando una unidad crucial para identificar a los niños apropiados. Los mismos diputados que visitan genocidas y promueven la impunidad para violadores, asesinos, torturadores y apropiadores de niños, no pueden hablar de seguridad.
Es un doble discurso y una estafa. Esta ley, más allá de las intenciones, es peligrosa porque le da a Patricia Bullrich el control de una base de datos que ahora incluirá a personas que no tienen ninguna condena, solo por estar imputadas. Esto puede direccionar falsamente las investigaciones y poner en riesgo los derechos individuales. Nuestro rechazo a esta ley es contundente.
Muchas gracias".