En una localidad de la provincia de Corrientes, Monte Caseros, una niña de once años fue abusada sexualmente por su padrastro. Producto de esta violación quedó embarazada y en las últimas horas debió ser trasladada hasta la capital de la provincia, al Hospital materno infantil Eloísa Torrent de Vidal para someterse a una cesárea, ya que tiene un embarazo de 9 meses.
Viernes 4 de septiembre de 2020 10:34
En una localidad de la provincia de Corrientes, Monte Caseros, una niña de once años fue abusada sexualmente por su padrastro. Producto de esta violación quedó embarazada y en las últimas horas debió ser trasladada hasta la capital de la provincia, al Hospital materno infantil Eloísa Torrent de Vidal para someterse a una cesárea, ya que tiene un embarazo de 9 meses.
Según informaron fuentes de la Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores de Monte Caseros, a cargo de la investigación, el padrastro, Horacio Insaurralde, de 31 años se encuentra detenido, a la espera de una fecha para el juicio oral en el Tribunal de Paso de los Libres.
Esther Dotro, del Colectivo Feminista de Monte Caseros, en diálogo con el diario Página12, señaló que la niña tuvo una consulta previa en el hospital local, cuando cursaba aproximadamente la semana 24. Si bien la médica les habló sobre la ILE (interrupción voluntaria del embarazo) lo hizo con términos médicos que asustaron a la niña. Por ejemplo, habló de pinchazos, sueros. Además, le habría sugerido a la mamá que el procedimiento era más riesgoso que seguir adelante con el embarazo.
Puede que existan profesionales de la salud que ante una situación como esta se vean desbordados, pero no es posible que alerten sobre el riesgo de un aborto seguro y no informen sobre los riesgos y consecuencias de parir a los once años.
Estas son las razones por las cuales es urgente que todas las provincias apliquen el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo. La provincia de Corrientes no está adherida, pero además en el año 2011 mediante un decreto de la gobernación fue declarada “pro vida”.
La discrecionalidad en la aplicación del protocolo por parte de las provincias, confirman aún más la necesidad de que se trate el proyecto del aborto legal, que aún sigue pendiente de tratamiento.
De acuerdo a lo que informa Dotro, luego de que hicieran la denuncia, el municipio no hizo el seguimiento que corresponde con estos casos. No le brindaron información médica adecuada, y tuvo atención psicológica al mes de realizar la denuncia. La consecuencia del mal manejo de la situación por parte de las autoridades, prácticamente empujaron a que la madre de la niña se apoyara en el “consejo” de la pediatra que conocía desde hacía tiempo. “La palabra autorizada para la madre fue la de la pediatra porque era su médica de confianza. Como profesionales de la salud tenemos que pensar cómo podemos llegar a definir la vida de los demás. ¿Qué vida se le viene a esa nena ahora? No podemos imponer nuestras creencias personales. El protocolo de interrupción del embarazo del Ministerio de Salud contempla el aborto en casos como este, y no define un plazo máximo de gestación para hacerlo”, explicó Dotro.
A partir del momento en que realizaron la denuncia policial, la niña y su madre fueron alojadas en un hogar de tránsito. Como al momento del abuso compartían la vivienda con el abusador y su familia, una vez realizada la cesárea deberán mudarse a la casa de la abuela de la niña, donde comparten el espacio con otros hermanos y hermanas de la madre. Es decir que con apenas 11 y después de haber atravesado una situación extremadamente traumática, deberá cursar un puerperio en un lugar de hacinamiento, en donde su salud integral seguirá viéndose alterada.
En nuestro país cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar. Investigaciones y estadísticas en nuestro país señalan que cerca de 3.000 niñas menores de 15 años se convierten en madres, a menor edad mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas o explotación sexual. Estos estudios señalan además que esta violencia es ejercida por integrantes de la familia o el entorno cercano.
En 2018, en Corrientes 146 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz, en 2017, 122, y en 2016, 115, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Es una de las provincias con mayor proporción de bebés nacidos de niñas (0,7 por ciento del total, cuando a nivel nacional representan el 0,3 por ciento).
La aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional no puede seguir postergándose. El protocolo para la interrupción legal del embarazo es una herramienta fundamental con la que deben contar el personal de la salud para poder intervenir correctamente en estos casos. No es posible que las provincias, como Corrientes, sigan negándose a adherirse.
Lejos de los discursos que pregonan sectores antiderechos, obviando las circunstancias en las que estas niñas quedan embarazadas, apelando a programas de acompañamiento o adopción, están ellas: niñas a las que se las tortura.
La combinación de estos sectores, iglesias y gobiernos que utilizan su poder para imponer sus convicciones morales y religiosas tiene como consecuencia directa el deterioro de la salud e incluso la pérdida de la vida de estas niñas.
