El 24 de mayo se inició una protesta por la destitución de la docente que coordina la maestría del periodismo en el CIDE, lo que puso nuevamente en evidencia la crisis por la que atraviesa la institución.
Miércoles 25 de mayo de 2022
Recientemente se dio a conocer la destitución de la doctora Grisel Salazar como titular de la Coordinación del Programa de Periodismo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), lo que motivó una protesta por parte de periodistas de distintos medios de comunicación y académicos.
La protesta se dio a conocer mediante una carta pública que denunció lo ocurrido como “un acto sin motivación ni fundamento”, que “se dio sin argumento y pese a que la Dra. Salazar había cumplido con sus obligaciones al frente del programa”.
Hace una semana, los académicos de este centro anunciaron que, por el adeudo de 17 millones de pesos en pagos y estímulos de investigación, la viabilidad de operación del propio CIDE está en duda. Javier Aparicio, profesor investigador y secretario general del Sindicato de Personal Académico del CIDE (SIPACIDE), expresó que los pagos exigidos están pendientes desde hace un año y medio y dependen de la aprobación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que sean liberados, lo que incluso los podría orillar a un emplazamiento a huelga.
Esta crisis inició hace unos meses, desde que se designó como director -sin consultar a la comunidad de la institución- a José Antonio Romero Tellaeche, por parte de la dirección del Conacyt, lo que produjo la destitución de Catherine Andrews de la Secretaría Académica y de Alejandro Madrazo de la dirección del CIDE Región Centro; además de que renunció el doctor Carlos Heredia a la Secretaría de Vinculación. Lo cual muestra una tendencia a que se imponga el recambio de directivos dentro de esta institución, promovido desde el gobierno federal.
El CIDE y su tendencia política
Este centro de investigación fue fundado el 25 de noviembre de 1974. Entre sus fundadores se encontraban Francisco Javier Alejo y Horacio Flores de la Peña, un grupo de asesores y colaboradores presidenciales priistas. Así, la institución se describe como “un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias sociales, orientado por estándares internacionales de calidad y financiado con recursos públicos”, y establece que su principal objetivo “es contribuir al desarrollo del país a través de la generación de conocimiento riguroso y relevante, así como de la formación de una nueva generación de líderes capaces de desempeñarse con creatividad y responsabilidad en un mundo abierto y competitivo”. Es decir, es una institución que históricamente ha tenido un enfoque ’tecnocrático’ relacionado con la visión de los gobiernos anteriores a la 4T.
Esto es favorecido porque las instituciones que contribuyen a su financiamiento pueden tener una representación propia como miembros del Consejo Directivo. Es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros actualmente son claramente adversarios del presidente.
En diciembre del año pasado, los depuestos directivos del CIDE recibieron el respaldo de las priistas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que confirmó su distancia del proyecto que representa el gobierno del Morena.
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Más allá de la tendencia política del CIDE, ¿qué ocurre con la investigación?
Pero, dejando de lado las cuestiones políticas que priman entre los directivos del CIDE, lo cierto es que como institución está bajo el ataque del gobierno federal, y es así porque hay actos claros de autoritarismo contra su comunidad, donde se imponen y se destituyen académicos en puestos directivos según conviene a la línea del gobierno de la 4T.
Por otro lado, no ha dejado de ser una institución pública, por lo que el desfinanciamiento hacia la institución atenta directamente contra la educación superior.
Eso lo muestra el contexto nacional de la situación de las universidades y los Centros Públicos de Investigación (CPI). Por ejemplo, desde febrero del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó por la revisión de una jurisprudencia que vulnera los derechos laborales y la libertad de investigación de los miembros de los CPI. La jurisprudencia es la P./J. 1/96, con la cual (hasta el día de hoy) se pretende incorporarlos al régimen laboral de trabajadores al servicio del Estado regulado por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en el apartado B del Artículo 123 Constitucional, lo que transformaría a los investigadores en personal de confianza.
Resulta que el CIDE precisamente pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt. Es cierto que es un CPI de perfil tecnocrático, pero eso no justifica el ataque a los derechos laborales de sus trabajadores ni la imposición autoritaria de sus directivos, además de que la ofensiva del gobierno contra esta institución pública se encuadra en la continuidad del ataque contra el conjunto de la educación pública.
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Por una ciencia al servicio de las mayorías
Lo que ocurre en el CIDE y en los centros de investigación es que la “nueva” burocracia gobernante trata de desplazar a la “vieja”, pero continúa con la política de ataque contra los trabajadores y la educación pública. Esto no permite que el quehacer científico se ponga al servicio de las mayorías laborantes, pues sigue encaminado de múltiples formas a beneficiar a una minoría, porque el conocimiento se pone al servicio de las empresas y sirve para mantener a una reducida casta privilegiada de investigadores con grandes sueldos. Mientras, la precarización laboral de la gran mayoría de los docentes universitarios continúa y se trata de terminar con las conquistas laborales ya existentes.
Democratizar los CPI y las universidades, de manera que sean los académicos, estudiantes y trabajadores, en alianza con las organizaciones obreras y populares, los que decidan el rumbo de la ciencia, es la clave para acabar con la tecnocracia, el autoritarismo y con los privilegios, decidiendo colectivamente cómo conducir democráticamente las instituciones, así como qué ciencia se va a producir y para qué, una que beneficie a las mayorías.
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