Tribuna Abierta. ¿Ciencia para el extractivismo o para la sociedad?

*Nota publicada originalmente en Agencia Tierra Viva.*

El grupo CyTA (Ciencia y Técnica Argentina) emitió un comunicado apoyando el conflictivo acuerdo de exploración sísmica de gas y petróleo en el Mar Atlántico entre el gobierno nacional y la empresa noruega Equinor, en asociación con Shell e YPF. Un apoyo al Gobierno y, al mismo tiempo, un cruce a las organizaciones socioambientales y científicas críticas que se encuentran movilizadas en defensa del mar.

El grupo CyTA se formó en el año 2016 con el objetivo de ser una expresión, desde un sector científico, contra el gobierno macrista y conmemorando la gestión anterior. Entre sus 32 integrantes, algunos fueron funcionarios del los gobiernos kichneristas (como Daniel Filmus, Roberto Salvarezza y Emanuel Álvarez Agis) otros son reconocidas figuras dentro y fuera del sector científico: Adrián Paenza, Alberto Kornblihtt, Dora Barrancos, Andrea Gamarnik y Graciela Morgade.

En el 2019 apoyaron la conformación del Frente de Todos y la candidatura de Alberto Fernández. Luego del triunfo electoral al menos diez pasaron a formar parte del gobierno con cargos directivos en diferentes dependencias, como el anterior Ministro de Ciencia y uno de sus secretarios (Roberto Salvarezza y Diego Hurtado), el presidente de YPF-Tecnología (Eduardo Dvorkin), la presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones (Mirta Susana Iriondo) y la presidenta de la CNEA (Adriana Serquis).

Qué producir, cómo y quiénes no es parte del debate

El comunicado de CyTA arranca con el anuncio de aportar al “debate cuyos términos son las posibilidades de un desarrollo productivo frente a los problemas inherentes al cuidado del ambiente”. Y parten de dos premisas que no están puestas en debate: que el avance de la frontera extractiva disminuiría la pobreza y, por otro lado, que el uso de tecnología (y el control estatal) cuida el ambiente.

Estas ideas son la columna vertebral del comunicado, como cuando afirman: “Es momento entonces de que la sociedad argentina sortee la falsa antinomia entre desarrollo y ambiente, y destine sus esfuerzos y respaldos a una explotación soberana y ambientalmente responsable de nuestros recursos naturales. Cada esfuerzo en esta dirección tendrá como deseable resultado que muchos saldrán de la pobreza y de las injusticias económicas, culturales y educativas y llegarán a sentir que el país es también de ellos y que el despojo en el que sobreviven es imperdonable.” En otra parte afirman: “El avance tecnológico es un instrumento decisivo cuyos resultados son clave para el cuidado del ambiente y la producción de bienes.”

Sin embargo, el crecimiento que experimentan las luchas socioambientales, en cada nuevo intento de avanzada extractivista, como se vio en Mendoza y Chubut contra la megaminería, en Tierra del Fuego contra las salmoneras o ahora contra la exploración offshore en el Mar Atlántico; lo que vienen a cuestionar es justamente el modelo productivo-industrial y las promesas de mejora en las condiciones de vida que nunca llegan y, en realidad, empeoran con cada nuevo emprendimiento extractivista.

Si recorrieran los territorios sacrificados por estos proyectos y escucharan los reclamos de los damnificados no dirían cosas como: “La deuda ambiental es con los más vulnerables que hoy conviven en contacto con basurales a cielo abierto, sin viviendas adecuadas, en las cercanías de efluentes industriales, con alimentos muchas veces contaminados con microorganismos o metales pesados”. Los científicos firmantes evitan preguntarse cuestiones básicas: ¿De dónde provienen las familias que se trasladan a los grandes centros urbanos para instalarse en tierras contaminadas y sin servicios básicos? ¿Por qué se fueron de sus lugares de origen? ¿Quiénes contaminan los campos y las ciudades? ¿A quiénes beneficia este modo de producción contaminante? ¿Se puede producir de otra manera? ¿Cómo se explica el deterioro de las condiciones laborales desde hace décadas?

Quienes sí debaten el modelo productivo y proponen alternativas

El Observatorio Petrolero Sur pone en cuestión “la profundización de un modelo energético que ha demostrado ser contaminador y no resolver cuestiones sistémicas del capitalismo, como la pobreza y la desigualdad, mientras tensiona el acceso a los bienes comunes”. Su balance de Vaca Muerta arroja: una salida de 8679 millones de dólares en el sector hidrocarburífero entre 2013 y 2019 (apogeo de Vaca Muerta), un promedio de dos derrames contaminantes por día en la cuenca neuquina durante el 2018, aumento de las fallas sísmicas, accidentes laborales y conflictos territoriales.

En lugar de insistir con energías no convencionales (energías extremas) y la repetición de que esta vez sí “la explotación de nuevos reservorios offshore ayudará a financiar la transición energética” desde Opsur debaten y realizan propuestas en “diversificación productiva y democratización energética”: modificar el sistema de transporte de personas y mercancías (trenes, puntos de producción diversificados), políticas para mejorar la seguridad y eficiencia del consumo hogareño, control público del sector y diversificación energética, entre otras medidas.

Los sectores que se expresan a favor y en contra del modelo extractivista, a grandes rasgos, coinciden en el diagnóstico de que Argentina (y la región) atraviesa condiciones de pobreza dolorosas. Maristella Svampa y Enrique Viale, reconocidos referentes en temas ambientales, interpelan: “Son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos”.

John Bellamy Foster, sociólogo ambiental, también cuestiona la fórmula crecimiento económico igual desarrollo social, marcando primero que “el crecimiento” no es un concepto absoluto pero además se corre el problema de crecer o no crecer: “El problema clave es que vivimos en una ‘sociedad de acumulación’, tal como lo llamó el marxista francés Henri Lefebvre. Lo que necesitamos no es tanto una perspectiva de decrecimiento si no una perspectiva de desacumulación. El capitalismo es peligroso para el ambiente no solamente porque crece, sino por la forma en que crece (acumulación a todo costo), lo que maximiza los peligros hacia el ambiente y la población mundial”.

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Diferentes miradas sobre la soberanía

El comunicado de los científicos celebra que por primera vez un Ministerio de Ambiente desarrolló la evaluación de impacto ambiental de la exploración petrolera en el Mar Argentino. Pero la evaluación fue hecha por la noruega Equinor, una de las empresas que hará la exploración. Igual que como ocurre con la aprobación de agrotóxicos o las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas mineras, son las propias compañías beneficiarias las que realizan los informes.

En julio del año pasado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó una audiencia pública no vinculante, donde Equinor hizo su presentación favorable. Sin embargo, hubo 400 participantes, entre sectores pesqueros, agrupaciones ambientales, científicos y científicas de diversas áreas. Maristella Svampa y Enrique Viale fueron parte de la audiencia: “Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del Gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore”.

El grupo CyTA relaciona el nuevo proyecto de exploración sísmica marina con un acontecimiento de soberanía nacional nombrando a YPF (parcialmente estatal) pero ignorando a lo largo del todo el comunicado a las transnacionales Equinor y Shell. Tampoco es garantía de soberanía y cuidado del ambiente que en los proyecto participen empresas público-privadas. Ni lo garantiza que la empresa sea 100 por ciento estatal como lo muestran los conflictos con la empresa boliviana YPFB por la expansión de la frontera petrolera hacia comunidades indígenas y reservas naturales.

El camino hacia una mayor soberanía es la participación en debates públicos, la investigación científica independiente de las corporaciones privadas, las consultas populares vinculantes, prácticas que buscan el beneficio de las mayorías.

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¿50 años sin incidentes significativos?

El grupo CyTA afirma que en 50 años de explotación en la Cuenca Austral, con 200 pozos exploratorios y 36 activos, no ha habido incidentes significativos gracias al control, alerta temprana y mitigación de daños que efectúa el estado argentino.

Hernán Scandizzo, del Observatorio Petrolero Sur, explica que la experiencia en Argentina, no ausente de problemas, no es comparable con el nuevo proyecto autorizado. Por un lado, porque los primeros pozos de exploración, como los de la costa de Comodoro Rivadavia, se accedía caminando cuando bajaba la marea. Y afirma: “Contar eso como experiencia offshore es una tomada de pelo”. Actualmente hay 36 pozos en producción, con 35 ubicados frente a la costa de Tierra del Fuego y Santa Cruz a una profundidad no mayor a 100 metros. Hay un solo pozo en la cuenca de Malvinas oeste a 500 metros de profundidad. Scandizzo concluye que “no se puede comparar la experiencias con poco menos de 100 metros con las actuales concesiones para aguas ultra profundas de 1200 a 4000 metros”

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También es un caso a considerar lo ocurrido en el Puerto de Caleta Olivia durante los años 2009 y 2010. Los buques pesqueros estuvieron más de un año sin obtener merluza luego de la exploración sísmica en el Golfo San Jorge. Lo que llevó, luego de fuertes reclamos de las organizaciones pesqueras, a conseguir la sanción de la Ley Provincial 3313 que prohíbe en Chubut la exploración sísmica en el mar que supere los 120 decibeles.

Para el grupo CyTA la experiencia de explotación de petróleo y gas en aguas ultraprofundas de Brasil es un ejemplo a copiar: “La experiencia del Presal brasileño, un gigantesco yacimiento de gas y petróleo en aguas ultra profundas cuya explotación impulsada por el entonces presidente Lula ha permitido que Brasil produzca muchos millones de barriles de petróleo diarios, debería ser tomada en cuenta en este debate”.

Clara Junger, investigadora y activista de Brasil, visibiliza los impactos ambientales y sociales provocados por la explotación hidrocarburífera en aguas profundas. “Creo que es más fácil decir dónde no ha habido un problema ambiental. Por citar algunos más grandes y recientes, en 2019, todo el litoral de la región nordeste de Brasil se vio sorprendido por la llegada de 5000 toneladas de petróleo a las playas, provocadas por un vertido criminal que hasta hoy no tiene culpables ni indemnizó a los afectados. Pero Brasil colecciona explosiones de barcos, como la del Paraná que ha vertido 5000 toneladas en Paranaguá, lo de las 588 toneladas vertidas por Chevron en la cuenca de Campos, 1,3 toneladas en la Bahía de Guanabara, la lista es larga”.

El debate ambiental que no fue

Frente a los riesgos en los ecosistemas marinos, declaran: “Entre 2010 y 2020 se ha realizado exploración sísmica en más de 300 mil kilómetros cuadrados, sin que se hayan registrado daños en la fauna marina” y apoyan esta afirmación con una publicación (que aunque no detallan que es del año 2014) sobre crecimientos del siete por ciento anual en la población de ballena Franca Austral en las costas Península Valdés. A lo que luego agregan, que “el mayor efecto sobre ellas (las ballenas) será eventualmente un cambio momentáneo en la trayectoria de desplazamiento de algunos ejemplares”.

No se puede evaluar el impacto que puede tener la exploración sísmica en los ecosistemas marinos del Mar Atlántico a partir de la dinámica poblacional de una única especie evaluada en un hábitat diferente. Y, sobre todo, porque las mediciones fueron hechas en Península Valdés, localidad ubicada en Chubut donde no hay explotación hidrocarburífera y la exploración offshore fue prohibida precisamente por los daños ocasionados en poblaciones de peces.

El crecimiento de la población de la ballena Franca Austral en Península Valdés es el resultado de los esfuerzos de conservación a lo largo de varias décadas por organizaciones ambientales, grupos de investigadores, como los laboratorios del Cenpat-Conicet y el Instituto de Conservación de Ballenas, y el compromiso de gran parte de los habitantes.

Los relevamientos son complejos y los registros tienen sus altibajos, con períodos de mayor mortandad de adultos y cría (como el 2007-2009 y 2012-2013) y otros de recuperación. Enrique Crespo, el mismo científico que menciona CyTA, publicó en el año 2019 [1]que la población de ballenas Franca Austral muestra una tasa de crecimiento pero en desaceleración, dando un promedio de 3,5 por ciento anual desde 1970 a la actualidad.

Evaluar el impacto ambiental confiando en los informes de la empresa que se beneficiará, la forma poco precisa con la que analizan la experiencia de exploración y explotación hidrocarburífera en el Mar Argentino, la omisión de estudios relevantes hechos por grupos críticos de trayectoria en el tema, el uso de datos antiguos y parciales para conclusiones sobre sistemas complejos como los ecosistemas marinos, en conjunto el comunicado resulta llamativo por tratarse de un grupo de científicas y científicos de amplia trayectoria. Su exposición y conclusiones no aprobaría una “revisión de pares” en las revistas científicas de alto impacto en las que solían publicar antes de ser funcionarios. Un alarmante reduccionismo o una construcción malintencionada.

Es posible que haya sido una respuesta de emergencia para a apoyar al Gobierno y salir a confrontar con los sectores que se vienen movilizando, con adhesión de figuras del arte y la política, junto a científicas y científicos críticos como mostró la campaña #Mirá.

La falta de empatía y sensibilidad de científicas y científicos proextractivismo es un aspecto a cuestionar y su lejanía, muchas veces, de los territorios afectados (de los 32 integrantes de CyTA, 22 integrantes se formaron en la UBA) no debería ser excusa. Pero, también es relevante cuestionar que utilicen sus trayectoria en diferentes disciplinas científicas para avalar su posición, mientras traicionan los acuerdos básicos de argumentación, métodos y pruebas de la tradición científica que dicen representar.

¿Cómo integrar política, ideología y ciencia?

La ciencia es producto y actividad humana, como tal está atravesada por las creencias, valores, intereses, prejuicios, conocimientos e ignorancias de los grupos sociales a los que pertenece. Cómo analiza el biólogo Richard Levins, todo conocimiento proviene de la experiencia y de la reflexión sobre ella, a la luz del conocimiento previo; en este aspecto la ciencia no es única ni diferente a otras modalidades de aprendizaje. Lo especial de la ciencia son los modos particulares de organizar esa experiencia: con instituciones, distribución de tareas, recursos asignados, modos de comunicar, jerarquías, sujetos autorizados y excluidos.

Atravesada por tensiones y disputas a lo largo de la historia, la ciencia ha ido corrigiendo y acordando métodos, así enriqueció conocimientos (y desconocimientos). Hay saberes en disputa y una parte de ellos serán descartados por erróneos o limitados y serán reemplazados por nuevas teorías. La ciencia, también, optimizó los modos de matar, justificó genocidios e inventó patologías para controlar los cuerpos. Es que la ciencia moderna es un producto del sistema capitalista, comparte su ideología de valores (individualismo y competencia), su mirada del mundo (reduccionista y mecánica), y sus propósitos de mercantilización y acumulación de ganancias.

A partir de esta mirada, la crítica al comunicado del grupo CyTA es por los intereses que defiende, por la falta de empatía con los damnificados y por usar el nombre de la ciencia sin siquiera cumplir los acuerdos mínimos (nunca infalibles) alcanzados a lo largo de la historia para argumentar y validar lo que se enuncia.

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En la década del ’70 Argentina atravesó enriquecedores debates sobre ciencia, política e ideología. En el libro llamado Ciencia e ideología: aportes polémicos(1975), seis científicos referentes de la época expresaban sus diversas posiciones. Oscar Varsavsky escribía: “Creo que la ciencia actual está saturada de ideología a todo nivel, como cualquier otra actividad social, y que ella es muy visible en algunos niveles (usos de la ciencia) y en otros está más disimulada. Creo que la objetividad de la ciencia no consiste en eliminar los preconceptos ideológicos ―cosa imposible― sino en explicitarlos; en impedir que se metan de contrabando. El problema que está en juego aquí esla transformación de esta sociedad en otra. Se trata entonces de ver si hay una manera de hacer ciencia que ayuda a esta transformación y otra que la dificulta, y hasta dónde llegan estas diferencias. Eso es lo que a mí me interesa usar para definir ideología en ciencia. Se trata de ver en qué grado la ciencia actual es ‘fiel al sistema’ ”.

La preocupación de Varsavsky tiene plena actualidad: la ciencia puede ser fiel al sistema dominante o puede aportar a transformar las injusticias y desigualdades de la sociedad.