#CienciaEnEmergencia: despidos masivos y un Conicet en crisis continua

Noticias contradictorias parecen surgir del sistema científico nacional. Nuevos test y tratamientos novedosos para enfrentar la pandemia de Covid-19, la reivindicación de políticas basadas en evidencia científica, la presencia de científicos en los medios de comunicación. Sin embargo, tambień es noticia el despido de investigadores en formación, los reclamos por el atraso salarial, el malestar por la precariedad laboral y, también, el descontento por una ciencia de carácter empresarial y elitista.

Esta semana, miles de cientifiques apoyaron en todo el país el reclamo contra los 1.500 despidos que CONICET planea efectuar este viernes 31 de julio, al decidir poner fin a la prórroga otorgada a las becas que finalizaban en el mes de abril (Ver: En medio de la pandemia el Conicet despide a 1500 becarios y becarias). En el mes de marzo de este año, el organismo había extendido las becas en el contexto de la crisis por COVID-19, y por esta misma razón es que los trabajadores de la ciencia reclaman su continuidad. En comparación con marzo, actualmente nos encontramos en un contexto sanitario, social, económico y laboral mucho más difícil, por lo cual la decisión de expulsar a les becaries del CONICET resulta inadmisible.

Ante esto, Ana Franchi, presidenta del organismo, busca instalar la ridícula idea de que gran parte de los 1.500 becaries “habrían elegido” retirarse por su propia voluntad. Es evidente que una idea tal no tiene sustento en un contexto de pandemia, aumento de la pobreza, inflación, ataques salariales, suspensiones y despidos masivos. Nadie, pero nadie, se despide solo.

El salario de la carrera de investigador, otro motivo de queja

Luego de trabajar entre cinco y ocho años en forma precarizada, una persona que ingresa hoy a la carrera de investigador del CONICET se encuentra con un salario 70% menor al de hace diez años (Paritarias ATE-UPCN y IPC-INDEC). En similar situación se encuentran los miembros de la carrera de personal de apoyo. El último aumento que recibieron (junto al resto de los trabajadores estatales) acordado en 2019 fue del 28% en cinco “minicuotas”, la última de las cuales fue cobrada en febrero. Mientras tanto, la inflación del mismo período fue del 55%.

Para este año, el aumento correspondiente aún no ha sido acordado, ya que el gobierno subordina la paritaria estatal a la negociación por la reestructuración de la deuda externa y la situación de pandemia.
A la cotización del dólar oficial, un investigador asistente ingresante cobra 690 dólares y un investigador adjunto con 10 años de antigüedad, unos 773 dólares. Son, con mucha diferencia, los salarios más bajos de Latinoamérica para la actividad científica, debajo de la línea de pobreza estimada en mayo por la junta interna de ATE INDEC en $67.372 para una familia de cuatro personas (Ver: Ningún trabajador debería ganar menos de $ 67.372). Aún así, parte de este sueldo parece ser una ganancia, ya que el impuesto correspondiente se descuenta todos los meses, injusta situación común a muchos trabajadores.

A partir de este descontento salarial ha surgido la presentación de varias cartas dirigidas al directorio de Conicet y al Ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, las cuales fueron promovidas en reuniones abiertas de investigadores. A pesar del parcial o nulo acompañamiento de los gremios del sector, estos reclamos han colectado más de 2.000 firmas en pocos días. En respuesta, el 7 de julio, el Directorio de CONICET emitió una declaración reconociendo que “es necesario revertir el deterioro salarial en el sector público científico-tecnológico, en particular en el CONICET, mediante medidas de emergencia.”

Privilegios en el gobierno de científicos

¿Es ético realizar un reclamo salarial en una situación donde más del 50% de la población caerá en la pobreza? Esta es la pregunta retórica que sobrevuela todas las discusiones salariales actualmente. Una forma educada de indicar que el reclamo salarial es “hacerle el juego a la derecha”. Derecha que, como sabemos, siente una genuina y acuciante preocupación por las condiciones de vida de los trabajadores (sarcasmo).

La estrategia de marcar un sector de trabajadores como “privilegiado” (porque está sobre la línea de pobreza o porque tiene derechos laborales) es una constante de gobiernos de todo signo e incluye a cualquiera que reclame no perder más de lo que ya ha perdido.

La segunda pata de este argumento consiste en presentar una caricatura de la actividad científica en la que se oculta en grado de precarización con la que se lleva a cabo: buena parte de los empleos son temporales, las licencias y la cobertura de salud suelen ser mínimas, la amenaza de quedarse sin trabajo y sin recursos de investigación es permanente, la migración como último horizonte es constante.

Además, para las mujeres investigadoras, la brecha de género continúa firmemente presente. A esto se suma que buena parte de los descubrimientos e innovaciones logradas por las y los investigadores pueden ser, y de hecho son, mercantilizados y fuente de ganancias que no van a la comunidad científica ni mucho menos al conjunto de la población, sino a empresas que se benefician con ello. Pensemos solamente en el ejemplo de test y tratamientos contra el Covid-19 donde, con la excusa de que es imposible escalar en la producción masiva de estos productos puramente con la financiación pública, se fomenta una forma de ciencia donde los propios científicos deben volverse emprendedores, o el conocimiento generado se pone a disposición de negocios privados.

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El contexto de la pandemia acentuó la precarización laboral de todes les trabajadores de la ciencia por medio del teletrabajo, la falta de recursos tecnológicos en el hogar, las restricciones para efectuar trabajo de campo y el incremento de las tareas domésticas y de cuidado. Ante esta situación generalizada, no hay aún licencias laborales, y solamente se dispuso la posibilidad de extensión de las becas a quienes finalizaban las mismas en 2021. El resto, y en particular les becaries (por tener una duración limitada para llevar a cabo sus investigaciones dentro del organismo) se verá perjudicado porque día a día se reducen las posibilidades para efectuar las tareas necesarias y al momento no se prevé ninguna medida al respecto.
Al igual que el resto de la clase trabajadora tenemos problemas de bajos salarios, precariedad laboral, y condiciones inseguras para trabajar, acentuados en el contexto de la pandemia. Quizá el repetido discurso del privilegio sea una estrategia para aislarnos de otres trabajadores.

De las capacidades a las necesidades

Como hemos señalado en notas anteriores (Ver: ¿Cómo salir de la crisis del sistema científico nacional? y Conicet: las bases de una creciente precariedad), es necesario un cambio radical de la política científica actual para alcanzar una ciencia pública orientada a las necesidades del pueblo trabajador y los sectores populares, a una salud y educación públicas de calidad y realmente inclusivas, a la protección y cuidado del ambiente de forma tal que se eviten, por ejemplo, la proliferación de pandemias como la que vivimos hoy, entre otros problemas sociales acuciantes. Esa es la discusión que la crisis de COVID-19 pone sobre la mesa.

Pero en lugar de estar discutiendo eso, se nos obliga a salir a las calles a impedir que 1.500 compañeres queden sin trabajo y sin ingresos. Estos despidos remiten a una orientación científica de larga data, que hoy, más que nunca, debemos discutir. No podemos permitir que en un contexto de crisis sanitaria, que expresa la necesidad social del desarrollo científico con urgencia, se despida al 6% de trabajadores de CONICET. Apoyamos y somos parte del reclamo por la continuidad laboral de les 1.500 becaries, así como de las reivindicaciones por licencias laborales por tareas de cuidado, extensión de todas las becas vigentes y aumentos salariales junto al resto de les trabajadores.

Estos reclamos se apoyan en reivindicaciones históricas como el pase a planta de les contratades, los derechos laborales plenos para les investigadores en formación y para todo el personal de apoyo y un convenio colectivo de trabajo para el sector, que implique la derogación de los estatutos de la dictadura que aún hoy rigen en el sector científico.

La lucha por conquistar estos derechos laborales no puede separarse de transformaciones profundas en el sistema científico nacional, que pongan fin a la intromisión del sector privado en el gobierno de los organismos de ciencia y técnica y promuevan una verdadera democratización del CONICET y de los institutos de investigación, expulsando a los representantes de las empresas privadas y el agronegocio de su directorio.

Les trabajadores de la ciencia hemos demostrado tener la capacidad para dirigir nuestras investigaciones y lograr objetivos en contextos de mayor precarización y falta de recursos. No queremos que nos “reivindiquen” en discursos presidenciales o que hablen de nuestro “compromiso”. Queremos que el sistema científico y tecnológico esté puesto bajo nuestra gestión y nuestro control, para dirigirlo y administrarlo democráticamente, para orientar nuestros esfuerzos hacia los intereses de los sectores de la sociedad explotados y oprimidos, y plantear una política científica anticapitalista, alternativa al modelo actual.