Los resultados electorales de hace unas semanas obligan a realizar, nuevamente, un examen profundo acerca de los límites estratégicos que posee la vía reformista para terminar con el sistema capitalista, pero además, cómo estas estrategias terminan subordinado los intereses de la clase obrera a la maniobra electoral de los partidos pequeño burgueses y reformistas. En esta nota polemizamos con Felipe Ramírez, quien analizando el escenario previo a la elección, en el marco del 1 de mayo, entrega algunas consideraciones sobre las tareas de la izquierda y el rol de los sindicatos de cara al gobierno de Boric.

Durante los últimos tres años, un sin número de debates han surgido en el seno de las organizaciones políticas en torno a cómo interpretar la revuelta social del 2019, el posterior proceso constituyente, el ascenso del primer gobierno fuera del pacto y los partidos que condujeron la transición, el acontecimiento del 4 de septiembre donde ganó el rechazo a la nueva constitución y ahora, hace solo unos días, el arrollador resultado electoral que entregó una mayoría absoluta a un partido de la extrema derecha, como lo es el Partido Republicano en el marco de un nuevo proceso constitucional, esta vez más constreñido y limitado que el anterior.

En ese contexto, pensar el rol de la clase trabajadora y los sectores populares, sus organizaciones y espacios de deliberación política, pasan a jugar un rol central en el análisis de las potencialidades que estos pueden llevar aparejada para, desde una posición defensiva, enfrentar el avance de la derecha y preparar el terreno para un paso a la ofensiva. Obviamente el camino a la victoria, como decía Trotsky, es una tarea estratégica, por lo que no se da ni por la sola espontaneidad, ni por la voluntad.

Por lo tanto analizar la situación de la clase trabajadora y sus organizaciones, obliga a pensar las fuerzas que actúan sobre ella, sus responsabilidades y cómo, el actuar de estas fuerzas, limitan o configuran las orientaciones políticas que los sindicatos toman como punto de referencia para su acción.

En este punto, Ramírez señala que la coyuntura política, y sobre todo luego del rechazo del 4 de septiembre, las fuerzas de izquierda se encuentran “desorientada y medianamente paralizada, buscando formas de comprender lo que sucede y generar una ruta que permita no sólo hacer frente a la derecha en ascenso, sino también rearticular las propias fuerzas sociales y políticas que sólo un año y fracción atrás nos tenían entrando a La Moneda.” Puede ser que Ramírez tiene razón que el gobierno y las fuerzas que lo apoyan han sufrido una derrota en la posibilidad de implementar el programa de gobierno, pero eso lo sabían después del día de la elección en 2021 y sabían que de ganar la presidencial no tendrían mayoría en ninguna de las cámaras, por lo que un gobierno en la medida de lo posible sería el camino a adoptar. En este punto han tomado como suyos emblemáticas políticas impulsadas por la derecha, solo por mencionar una, la ya permanente presencia militar en el Wallmapu.

Pero dentro de los espacios sindicales y los movimientos sociales, los dirigentes no han perdido un solo día en impulsar la política de respaldar acríticamente al gobierno y frenar la movilización para no abrir un posible flanco a izquierda del gobierno. y los ejemplos que presenta Ramírez son justamente ilustrativos de esto “es precisamente en el ámbito del Trabajo en donde probablemente el gobierno ha logrado los avances más destacables durante lo que va de administración, destacando hitos como el Alza del Sueldo Mínimo y el avance de las 40 Horas Laborales, y mantiene además grandes desafíos para lo que queda de gobierno, como la Reforma previsional.” Contrario a lo que señala el autor tanto el proyecto de 40 horas como el alza del salario mínimo presentan enormes letras chicas que casi no fueron criticadas por el sindicalismo oficialista de la CUT ni sindicalistas críticos pero progobierno. En el caso de las 40 horas ya se ha dicho bastante sobre la enorme conquista que significó para los empresarios la introducción de amplias cláusulas de flexibilidad que llevaban años esperando. De hecho la CUT, que puso entre sus consignas 40 horas, sin flexibilidad ha realizado ya varios “foros informativos” sobre el proyecto, pero no para criticar la flexibilidad, sino solo para abordar sus bondades y al parecer la crítica es a la gradualidad y no la flexibilidad.

Por otro lado, el proyecto de salario mínimo que se aprobó en mayo del año 2022, si bien reflejó un aumento significativo en relación a punto de base que existía, se mantuvo casi en el borde de un minisalario mínimo, ya que según varios estudios, mantiene en la categoría de pobreza a quien lo recibe, lo que se vió además acrecentado por el aumento de la inflación que se mantuvo sobre los dos dígitos durante el mismo año y las proyecciones estiman que también lo estará en el 2023.

Frente a este escenario, en ambas situaciones descritas por Ramírez, los sindicatos se mantuvieron en la vereda del gobierno, decretando no solo una tregua con Boric, sino convirtiéndose en portavoces de las iniciativas pactadas con empresarios y la derecha. ¿Acaso esperaba Ramírez que esos dirigentes sindicales comprometidos con el “gobierno progresista” iban a convocar a movilizaciones para dificultar las negociaciones? por lo bajo, ingenuo.

Además, de haberlo hecho, ¿cuál era el objetivo de dicha movilización? ¿Ser utilizada para el muñequeo de la comisión negociadora en el congreso o para imponer una posición a través de la fuerza social movilizada? ahí está el quid de la cuestión.

El mismo Ramírez nos aclara rápidamente su posición “el gobierno [...] asfixiado por la intransigencia de la oposición y el revanchismo del extremismo centrista, que buscan negarle la sal y el agua al Ejecutivo aprovechando su falta de mayoría parlamentaria, sin que existiera desde las direcciones partidarias, ni tampoco desde el gobierno, ningún esfuerzo por equilibrar la cancha mediante la movilización de su electorado para incorporar a aquellas franjas despolitizadas que se vieron obligadas a votar por primera vez”. Es decir, según Ramírez, no se espera que la clase trabajadora irrumpa en la política como sujeto propio, sino como una fuerza que le permita al gobierno "equilibrar" la cancha y negociar con mayor legitimidad. Para él, la culpa de que la ley de 40 horas tenga tanta flexibilidad recae en quienes no se movilizaron, no en el gobierno. De esta manera, se plantea un argumento más sofisticado para culpar a la gente de haber "votado mal".

¿Dónde está la clase obrera? ¿Dónde están sus dirigentes?

En el marco de una suerte de revisión histórica, Ramírez hace un mención al rol que jugó la movilización social durante el gobierno de Allende como algo que fortaleció la legitimidad de la Unidad Popular y su actividad institucional pero que cuando dicha relación entre movilización y gestión institucional se quebró, se abrió paso a la derecha y la organización del golpe del 73 “La falta de acuerdo estratégico entre el despliegue institucional y el de masas impide enfrentar de manera victoriosa coyunturas complejas como la actual” dice Ramírez, pero por ceguera o deshonestidad intelectual, el autor no da cuenta de que el quiebre en el proceso por “arriba y por abajo” se dió casi desde el momento en que asumió Allende, esto se plasmó no sólo en el posterior desarrollo de los cordones industriales (como él mismo señala) o en las tomas de fundos y la expropiación masiva de terrenos agrícolas, que intentaban ser legalizados a destiempo por la CORA, sino que el proyecto emblemático del gobierno de Allende, la creación del Área de Propiedad Social (APS), se vio totalmente superado por la realidad ya que terminó expropiando mucho más allá de las 91 empresas estratégicas con las que se contaba en el programa inicial, esto por la iniciativa propia de los propios trabajadores que tomaron masivamente las fábricas, sin esperar la “autorización” del gobierno.

Decíamos arriba que Ramírez termina culpando a los sindicatos por la flexibilidad de las 40 horas, un argumento similar al que tuvo el PC luego del golpe que responsabilizaba a “ultra” por radicalizar por derecha a las masas y llevarlas hacia el golpismo.

Pero la historia fue otra, y así como el reformismo y sus variantes fueron los responsables de la derrota de la UP gracias a sus llamados a la “paz” mientras la derecha se preparaba para la guerra, ahora el gobierno es responsable de la desmovilización de la clase obrera para preparar la legitimidad del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” primero y luego este “Acuerdo por Chile” mientras la derecha se encuentra a la ofensiva.

Es decir, el estado de inmovilización no es el resultado de la propia inactividad de la clase obrera, sino una maniobra consciente de los dirigentes, sobre todo los más oficialistas, para asegurar los pisos de “gobernabilidad” que desea tener, limitando la actividad a lo que el mismo Ramírez reclama, el lobby y las maniobras.

Un camino propio y la independencia política

El giro a la derecha del gobierno y el fortalecimiento de la ultraderecha en el país, hacen urgente un debate al interior de la clase obrera de qué conducción necesitamos para abrir un camino de recomposición y preparar la defensa de nuestras condiciones de vida.

Hasta ahora, lo que se ha podido comprobar es que las actuales dirigencias, sobre todo las ligadas al gobierno, han preferido mantener la “paz social” a la lucha por los intereses de clase. Como trotskistas no desconocemos el espacio limitado que representan los sindicatos en relación a la totalidad de la masa trabajadora, pero somos conscientes del rol preponderante que la conducción de los sindicatos, puede jugar en relación a esa masa. Por lo tanto no da lo mismo quien encabece al sector organizado de la clase obrera.

Por esto es más necesario que nunca que los sindicatos tengan independencia política del Estado, el gobierno y los partidos que avalan este régimen político y social. El acomodo del FA y el PC demuestran que son la pata izquierda del régimen. Los sindicatos deben romper cualquier confianza en estos sectores y avanzar a constituir un polo independiente, que pueda poner sobre la mesa las demandas populares más sentidas de la clase trabajadora y enfrentar la ofensiva empresarial, para eso las organizaciones deben profundizar su democracia interna, buscando que las asambleas, se transformen en espacios de deliberación política donde todas las posiciones puedan expresarse.

Recuperar los sindicatos desde una perspectiva clasista e independiente del Estado y en disposición de lucha será clave en el periodo que viene. El ejemplo de la clase trabajadora francesa contra Macron es una muestra de este camino.

Por último, debemos volver a discutir política, para que la clase trabajadora vuelva a ser sujeto de la misma, mostrando que somos alternativa para resolver las demandas sin depender de los partidos tradicionales o los representantes del empresariado.