Un fantasma noventista recorre las dependencias estatales, y traerá despidos, más tercerización y posibles privatizaciones. Es necesario organizarse para defender los puestos de trabajo.
Miércoles 14 de septiembre de 2016 08:31
Desde el Gobierno y como ya ha sido publicado en varios medios, se viene hablando de “Reforma del Estado”. Esta reforma no será a favor ni de los trabajadores estatales ni de los beneficiarios de los programas a quienes muchos de nosotros atendemos, sino en desmedro de nuestras condiciones de trabajo y de las tareas que realizamos, algunas que tienen que ver con asistencia a programas especiales hacia las poblaciones más vulnerables. En estas líneas intentamos una síntesis de lo que entendemos por reforma, esperando que sirva de disparador y que quienes estén en este momento trabajando en las dependencias puedan acercarnos su opiniones, denuncias e inquietudes porque la tarea que tenemos en nuestras manos es organizarnos para frenar los despidos que vendrán.
La vuelta al mito del Estado eficiente
El gobierno de Macri ya ha despedido 11.000 trabajadores del Estado desde que asumió. No contento con esto, envió a los ministerios el “Programa de análisis y planificación de dotaciones”, documento realizado por el Ministerio de Modernización, que pone bajo análisis 114.462 puestos de trabajo.
En “el estado del Estado”, publicado por Presidencia de la Nación, donde el gobierno de Macri realiza un diagnóstico sobre la administración pública, se plantea que hubo “sucesivas gestiones que mantenían al empleo público en situación de precariedad, mal remunerado, mal organizado”. O que “Los plazos de los concursos públicos eran demasiado extensos”. Lo que el documento oculta y naturaliza es que el empleo público está en situación de precariedad y mal remunerado como consecuencia de las reformas aplicadas en los noventa, y que durante 12 años el kirchnerismo sostuvo como continuidad política. Queda en claro que sobre este diagnóstico totalmente parcial, el verdadero plan del actual gobierno es aplicar una política de ajuste y achique del Estado.
En su plan "ideal" quieren llevar al Estado a que funcione como una gran empresa privada, con reglas del mercado, productividad, polifuncionalidad, movilidad, etc. Por eso mismo en este “diagnóstico” puede encontrarse que “la planta de personal en todos los niveles del Estado había crecido sustancialmente (…), la calidad, la productividad y la coordinación de esos empleos no mejoró de ninguna manera notoria”. En otras palabras, se preparan para avanzar sobre los puestos de trabajo, bajo la consigna de una “revisión integral de la planta del Estado”.
Después de realizar una radiografía de cada organismo, evaluando al personal y sus funciones, y bajo el eufemismo de llegar a una "dotación óptima”, buscan aplicar la productividad y en ese sentido, medir y cuantificar “a su criterio” la cantidad necesaria de trabajadores en cada organismo. A los que queden por fuera de esta planta óptima, los van a reubicar. Para eso se habilitará una página web donde estén todos los cargos vacantes, y los trabajadores que quedaron afuera podrán inscribirse. Si a lo largo de un año no pudieron reubicarse, se les dará de baja el contrato. Queda más que claro: seguimos sumando despidos.
La reforma por otros medios
También el achicamiento viene de la mano de las jubilaciones: primero avanzando sobre 12.000 a fin de año, otros 3.000 el año siguiente hasta llegar a 2019 habiendo jubilado 21.000 trabajadores. En el caso de quienes tienen contratos transitorios o como monotributistas, ya se les informó en varias dependencias que no se les renovará el contrato en 2017. En otras, deberán esperar el telegrama, y una vez que le llegue tendrán un año para presentar los papeles de jubilación. A esto se le suma la puesta en marcha de retiros voluntarios, que no dejan de ser despidos encubiertos, y cuyo número aún no está publicando.
A todo esto se suma el control del personal a través del presentismo mediante datos biométricos, esclarecimiento de los objetivos de todas las áreas y mejoramiento del control de estas metas e incluso autoevaluación de los propios empleados.
Otra de las palabras que sobrevuelan tanto los informes como los discursos PRO es la llamada “descentralización”, que en general oculta que quieren deshacerse de una dependencia o secretaría de alguna dependencia para dar injerencia a capitales privados o abrir la puerta a mayor tercerización.
Para los que logren salvarse de toda esta “limpieza” que está realizando el macrismo, aparece el lejano horizonte de la “jerarquización” del empleo público, ya que prometen descongelar vacantes y pasar a planta permanente a trabajadores con más de 10 años de antigüedad, mediante un mecanismo denominado “curso-concurso”. Por supuesto que esta “jerarquización” no tiene fecha ni tampoco garantiza los niveles salariales actuales, y alcanzaría sólo a 12.000 trabajadores, cuando la gran parte de los estatales estamos en distintos tipos de contratos precarios sin estabilidad laboral.
Frente al macrismo explícito, se impone la lucha
El macrismo quiere ir a una carrera única, y de esa manera terminar con las conquistas que en algunos casos se lograron a través de convenios sectoriales. En la actualidad son 57 convenios que encuadran a los trabajadores de la Administración Pública Nacional.
Pese al ataque generalizado a los trabajadores estatales, las direcciones de nuestros sindicatos brillan por su ausencia o su tibieza. UPCN ha venido dando la espalda a los trabajadores despedidos o negociando los despidos. Andrés Rodriguez ha dicho no defender la baja de los contratos del último periodo Kircherista, y no pronunció palabra de este “plan”. La burocracia siempre se adapta al gobierno de turno. La directiva de Ate, más preocupada por su eterna división que por lo que necesitamos los trabajadores, no estuvo a la altura de la situación. Ahora las CTAs amenazan ponerse de acuerdo con la CGT para un paro recién en octubre.
Tenemos que organizarnos y exigir a las Centrales sindicales a que salgan de la tregua. La situación amerita la preparación de un plan de lucha que ponga en alerta y movilización a los estatales para enfrentar la tercera reforma del Estado.
