El pasado sábado 20 de marzo, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social), planteó en El Mercurio, una idea para su programa como candidato presidencial recién proclamado: que “los directorios de las grandes empresas tengan una participación de las y los trabajadores equivalente a la representación que tienen las y los accionistas, y que exista paridad de género en su composición”. ¿Qué significa esta política? ¿Es la manera de asegurar que las y los trabajadores tengan la facultad de decidir en las empresas? ¿Qué diferencias hay entre la propuesta de Boric y el control obrero y la gestión obrera de las empresas que plantea un programa socialista y anticapitalista?

¿No basta la nueva Constitución?

¿Por qué hablar ahora de cambiar el modo en que se gestionan las empresas? Para lograr mayor democracia e igualdad -objetivos declarados por Boric ¿no basta con la nueva Constitución que emanará de la Convención Constitucional?

El diputado -uno de los firmantes del acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución- responde a esa pregunta. Según él, no basta con la nueva Constitución. Dice que la exigencia de protagonismo político de la ciudadanía, no se puede “satisfacer solamente con una democratización de las instituciones del Estado”. Llama la atención que uno de los principales firmantes del “Acuerdo por la Paz” que desvió la rebelión y su cuestionamiento a la herencia económica, social y política de la dictadura, a los pasillos de un proceso constitucional plagado de trampas; ahora busque mostrarse insatisfecho con un simple cambio en las instituciones del Estado.

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Para el diputado “…el impulso democratizador del nuevo contrato social quedará trunco si no altera realmente la forma en que nos relacionamos en el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo: el trabajo”. Dar una representación a los trabajadores en los directorios de las empresas es parte constitutiva de un programa que busca “una real igualdad política, que permita a todas y todos tener la misma posibilidad de incidir en la vida social” [1].

José Miguel Ahumada, Nicolás Grau, Diego Pardow, Claudia Sanhueza y José Luis Ugarte -intelectuales frenteamplistas-, respaldan plenamente el argumento del diputado de CS. En un artículo publicado recientemente en CIPER intentan entregar más elementos para el debate. Para ellos “la codeterminación puede justificarse como algo bueno en sí mismo, pues es una forma de expandir la democracia”. Su argumento se basa en:

«...un principio de igualdad política, según el cual todas las personas deben tener las mismas posibilidades para incidir en ámbitos relevantes de la vida social y acceder a los espacios de poder, incluyendo a la empresa. Ya que como ninguno de los mecanismos que explican las diferencias de propiedad sobre el capital de la empresa (por ejemplo, el mérito/esfuerzo, la suerte, o la herencia) pueden justificar el que unas personas tengan poder político sobre otras, tal propiedad sobre el capital de la empresa puede en ciertos casos justificar diferencias de ingreso, pero no desigualdades respecto a los derechos políticos al interior de la empresa. Así, el argumento sigue, la voz y el voto en el directorio sería un derecho político de quienes son parte de la empresa (accionistas, trabajadoras y trabajadores) y no un privilegio al que se accede dependiendo de la propiedad que se tenga».

Los autores hacen explícito que este argumento a favor de la política de codeterminación de Boric “es equivalente a la defensa normativa que, a finales del siglo XIX, se hacía del sufragio universal (de los hombres), en oposición al voto censitario. En ese caso se señalaba que las diferencias de ingreso y capital no podían implicar distintos derechos políticos”. De allí que según su visión resulte evidente que “la justificación normativa de la codeterminación puede ser entendida como una extensión natural del principio de igualdad política en el ámbito tradicionalmente público (Estado), al ámbito “privado” (empresa)”. En su escrito, no parece ser un problema el hecho de que la historia y la práctica han mostrado que nuestros capitalistas locales, cada vez que vieron cuestionado el poder en sus empresas (ámbito privado) y en la sociedad (ámbito público), desconocieron cualquier norma democrática y utilizaron la violencia contrarrevolucionaria para aplastar a los trabajadores ¿Qué otra cosa fue el golpe de Estado de 1973? El golpe de Estado mostró el papel que cumplen las fuerzas armadas y la policía como factor de conservación de las relaciones capitalistas de producción. Y si las actuales relaciones sociales en el mundo del trabajo fueron construidas en la dictadura por medio de la represión al movimiento obrero y popular ¿qué hace pensar a nuestros autores que un argumento normativo democrático del siglo XIX puede ser un factor para cambiar las relaciones de poder en las empresas? De implementarse la codeterminación, no sería más que un nuevo disfraz para el despotismo del capital.

Quizá, para no permanecer en la afirmación de que la codeterminación como expansión de la democracia es buena en sí misma, estos intelectuales del Frente Amplio agregan, como argumento para la codeterminación, también una justificación “instrumental, es decir, mirando sus posibles consecuencias en el funcionamiento de la empresa; y, a través de ella, sobre otros espacios de la sociedad”: La fundamentan así:

«...como las decisiones estratégicas de una empresa exceden con creces el interés de sus accionistas, es esperable que la participación de trabajadoras y trabajadores en su directorio, así como la paridad de género en su composición, tenga un impacto positivo importante dentro de la sociedad (...) Empoderar la voz de los trabajadores dentro de la empresa no sólo traería mayor diversidad a las juntas directivas, sino que seguramente impulsará decisiones de inversión orientadas al largo plazo, la sostenibilidad ambiental y mayor igualdad».

Como vemos, para estos autores, la experiencia de los efectos que ha tenido el hecho de que las empresas sean manejadas sólo por los accionistas -crisis financiera, desigualdad, riesgo climático-; hace suponer que dándole más poder a los trabajadores, se podrán evitar esos efectos y lograr beneficios sociales como una igualdad mayor, sostenibilidad ambiental o inversiones proyectadas al largo plazo.

¿Qué es lo novedoso de la propuesta de Boric?

En Chile no sería la primera vez que -en contexto neoliberal- se plantea que relaciones más horizontales entre actores sociales puede traer beneficios para todas y todos, como la igualdad, la sostenibilidad ambiental o las inversiones orientadas a largo plazo. Frente a la crisis del virus ISA que afectó a la industria salmonera en 2008 en la región de Los Lagos, el gobierno de ese momento (Bachelet I) creó la Mesa del Salmón para coordinar al representantes del sector público relacionados con la actividad salmonera con representantes de “la industria, sindicatos, ONGs ambientales y toda aquella organización interesada en participar”, del cual emanaron diversas medidas, cuya efectividad “es cuestionada hoy por la comunidad científica, movimientos ambientales, y sociales (...) en realidad se está manteniendo el patrón productivo que llevó a la crisis” [2]. En Antofagasta, en 2012, se levantó como iniciativa de las grandes mineras, CREO Antofagasta, que entre otras cosas asumió la supuesta tarea de elaborar un plan estratégico para la ciudad y canalizar las discusiones que surgieron por la instalación de un centro de acopio de cobre en el centro de la ciudad. En este caso, la resultante también ha sido una conservación del patrón de acumulación que llevó a la crisis, como se ve en el hecho de que la ciudad continúe siendo un enclave al servicio de la explotación minera.

En Chile, la novedad de la propuesta de Gabriel Boric y estos representantes del Frente Amplio es plantear relaciones horizontales o democráticas en el ámbito del trabajo. Se trataría de la construcción de un nuevo régimen de gestión de empresas que le dé un poder cuasi simétrico a los sindicatos con respecto a los accionistas de aquellas empresas. Esta horizontalidad en el mundo del trabajo es la que tendría efectos beneficiosos para la sociedad dado que “la gran empresa no es una organización cualquiera. Es una organización que se caracteriza por controlar mercados nacionales en forma oligopólica; y, en el caso de Chile, por estar a cargo de la mayor parte de nuestra inserción exportadora. Sus decisiones de inversión, sus vínculos con otras empresas, y sus expectativas sobre el futuro determinan en gran medida la trayectoria de crecimiento del país”.

¿Se basan en algún ejemplo de la realidad para sostener que los grandes capitales que operan en Chile y que cumplen un papel estratégico aceptarían democratizar las relaciones entre sindicatos y directorios en las empresas? Toman como ejemplo a Alemania, país en donde, para las y los trabajadores, la “codeterminación” se extendió con la ley de 1976 y que era una demanda de los dirigentes sindicales burocratizados al menos desde la década de 1950. No está demás recordar que en Alemania oriental -donde después de la Guerra mundial se expropió a la burguesía y había un régimen burocrático stalinista-, en 1953, las masas trabajadoras se rebelaron contra la burocracia en el poder a través de la huelga general y que a fines de la década de 1960 hasta 1973 hubo un importante auge de las huelgas en occidente: ese fue el trasfondo sobre el cual las burocracias sindicales propusieron la “cogestión” o “codeterminación que actualmente funciona en Alemania y que no es idéntica a la participación de dirigentes sindicales en el directorio de las empresa como en la actualidad ya ocurre en la estatal Codelco, sino que implica una participación de mayor grado y mayor responsabilidad en el área privada. El Mercurio, en un reportaje publicado el domingo 28 de marzo, resume de esta manera el funcionamiento de la codeterminación alemana:

«La ley definió que los trabajadores de cualquier forma que tenga entre cinco y menos de 500 empleados, por ley, tienen el derecho a formar un consejo de trabajadores que coparticipa en decisiones relevantes de la empresa que involucran a los trabajadores, tales como el horario laboral, protección y seguridad en el lugar de trabajo, protocolos contra la violencia laboral o acoso sexual, licencias por maternidad y, además, coopera con los sindicatos en las negociaciones colectivas a nivel de industria. A su vez, definió que en formas de entre 500 y 2.000 empleados, los trabajadores tienen reservado un tercio de los puestos en el directorio o consejo supervisor, que en el modelo alemán es el que examina y asesora las decisiones del directorio o consejo administrativo. En las compañías de más de 2.000 trabajadores, sus representantes deben ocupar hasta la mitad de dicha instancia. Aunque, en este caso de empate, el presidente de este directorio o consejo supervisor, que es nominado por los accionistas, tiene el voto decisivo».

Sin problematizar mayormente estos aspectos, para los intelectuales frenteamplistas que defienden la propuesta de Boric, la codeterminación supone, sobre todo, “compartir el control sobre el funcionamiento ordinario de la empresa, así como cierto poder para participar en las decisiones estratégicas”. Entre estas decisiones estratégicas, ponen como ejemplos “operaciones de fusión o adquisición, el endeudamiento en una proporción relevante, o la enajenación de activos esenciales”.

En una realidad como la chilena, donde la clase patronal constantemente exhibe su despotismo para con los trabajadores y la población que no son consultados siquiera respecto a ninguna decisión estratégica o cotidiana en el funcionamiento de una empresa -por ejemplo, con los cientos de miles de suspensiones hechas efectivas en 2020 en contexto de pandemia-, esta propuesta parece bastante disruptiva. Sin embargo, como explicaremos, la política de codeterminación frenteamplista no sólo conduce a una serie de callejones sin salida sino que se basa en un embellecimiento de la propia experiencia en Alemania.

Inconsistencias

Estos autores dejan sin responder una serie de preguntas ineludibles y sin aclarar una serie de inconsistencias. Examinémoslas:

1

Alemania es la cuarta economía del mundo y la principal economía de la Unión Europea que entre otras cosas se caracteriza por sus altos niveles de tecnologización. Para Boric y para quienes defienden esta propuesta desde el Frente Amplio, esto pareciera no tener ningún efecto, a la hora de pensar su viabilidad en Chile. En nuestra opinión, resulta evidente que en una economía imperialista con el tamaño de la economía alemana, hay más espacio mayor para preservar el régimen de codeterminación o cogestión que en una economía con características semicoloniales y dependientes como lo es la economía chilena -que viene de décadas de neoliberalismo-. Por lógica, una economía como la alemana, cuenta con más medios materiales para hacer efectivos mecanismos de cooptación como la codeterminación, disfrazando con formas consensuales las relaciones de explotación.
¿Quiere decir esto que en Chile es absolutamente imposible implementar la codeterminación? No podemos hacer afirmaciones tan tajantes. De hecho, entre los grandes capitalistas, hay opiniones divergentes respecto a la propuesta de Gabriel Boric. Desde el rechazo explícito de Juan Sutil -líder de la CPC- que dijo que la propuesta limita la capacidad de gestión y que “al restar libertad se genera una suerte de expropiación de esa libertad” hasta la apertura de Francisco Guzmán, de Claro-candidato a presidir la SOFOFA- que señaló que lo ve “como algo moderno, transformador… que abre una oportunidad”.

Más allá de estas divergencias inmediatas, hay elementos derivados directamente de la condición subordinada de Chile en la economía mundial que hacen más evidente el carácter ilusorio de la propuesta de Boric. Por ejemplo, no sería esperable que State Grid International Development Limited (SGIDL) -una gigante estatal china que acaba de ingresar al mercado energético en el país- y que podría llegar a manejar más del 50% de la provisión de electricidad a las casas (un enorme poder); que BHP Billiton o el Santander, ya sea por la persuasión de los argumentos democráticos, ya sea por un cálculo de beneficios sociales, ya sea por la implementación de un nuevo marco jurídico basado en el programa del Frente Amplio, acepten que los trabajadores pueden tomar decisiones en sus directorios al mismo nivel que los accionistas. En el Chile de hoy, los grandes capitales trasnacionales y nacionales mantienen una serie de mecanismos “discrecionales” que no estarían dispuestos a ceder pacíficamente o por convicción democrática: ahí tenemos la controversia sobre la verdadera tributación que hay en la minería, en la que las mineras se victimizan diciendo que padecen altos impuestos mientras sectores críticos denuncian que el Estado le regaló “US$ 120.000 millones a las grandes mineras privadas”. ¿Alguien sabe a ciencia cierta cuánto ganan estas empresas? Un ex ministro de Bachelet,Rodrigo Valdés, se ve obligado a reconocer que las grandes mineras tienen amplios márgenes para ocultar lo que ganan realmente:

«¿Qué parte de la renta minera debería quedar en manos del Estado? En este tema, como en tantos, la falta de información o, derechamente, la información errada, lleva fácilmente a propuestas equivocadas. Lamentablemente estamos medio a ciegas (…) Es poco claro cuánto recibe el Estado ni cuánto queremos que reciba, No tenemos respuestas precisas para las preguntas más simples: ¿cuánto es la tributación minera actual? ¿Cómo se compara con la de otros países?».

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Estamos en un país donde los grandes capitalistas están acostumbrados a la colusión (como ocurrió con el papel higiénico) y donde identifican el concepto de libertad con la libertad de transformar en un negocio todas las actividades humanas -educación, salud, sistema previsional, etc. Y lo que dice la evidencia en Chile es que cuando los capitalistas sienten que su libertad ha sido expropiada -como dijo Juan Sutil que podría ocurrir con la propuesta de Boric-, reaccionan con violencia. Así ocurrió en 1973 en respuesta a la autoorganización de las y los trabajadores y frente a medidas del gobierno de la UP que no eran de su agrado.

En el presente no está descartado que algunos sectores de capitalistas accedan a una propuesta como la que defienden Boric y sectores del Frente Amplio si ven la necesidad de hacerlo. No sólo Francisco Guzmán de Claro se mostró abierto a esta propuesta: también lo hizo Dañobeita de SMU quien expresó que “siempre es bueno analizar todas las ideas, en base a información fidedigna, antecedentes y las mejores prácticas, porque así podremos hacer un mejor país” y Diana Posada, candidata de Isa Intervial a la SOFOFA que dijo que Chile está viviendo un momento “en el que debemos estar disponibles para poner sobre la mesa todas las ideas, todas las visiones y discutir con altura de miras”. Pero considerando la experiencia chilena ¿no es esperable que de implementarse una política así, los grupos capitalista generen nuevos instrumentos de corrupción y cooptación de los dirigentes sindicales que se sumarían a los mecanismos que ya se usan en algunas empresas para hacer de los sindicatos una herramienta de control de los trabajadores de base?

Juan Sutil, negado a la propuesta de Boric, dice que la representación sindical en los directorios equivaldría a la representación empresarial en los sindicatos. Lo que no dice es que ya en la actualidad las empresas se las arreglan para muchas veces comprar a los dirigentes o transformarlos en un factor que contribuye a la pasividad de los trabajadores de base. Con sindicatos en los directorios, y de no desarrollarse la lucha de clases y la autoorganización por la base de los trabajadores, la resultante de poner a dirigentes sindicales en los directorios, sería -sin lugar a duda- la generación de nuevos mecanismos de cooptación y corrupción.

2

En segundo lugar, los autores silencian las contradicciones y desigualdades del modelo alemán, eludiendo problematizar como los brotes de covid-19 que se produjeron en granjas, mataderos y plantas de procesamiento de carnes en 2020, evidenciaron las precarias condiciones que afectan a varios sectores de trabajadores, al punto que llevaron al ministro federal de Trabajo Hubertus Heil, a decir que "el coronavirus es como un vidrio ardiente" pues "se ven cosas que antes ya estaban fuera de orden". Las diferencias entre oeste y este no son solamente de ubicación geográfica: la estructura económica heredada del este atravesó un momento de desmantelamiento de la República Democrática (un Estado obrero burocratizado), que en términos económicos trajo bastante rezago con respecto a occidente. Pero también fuera de la ex órbita de la República Democrática encontramos testimonios de la miseria. En el sur - este, una trabajadora de una granja de Baviera, Mariana Costea “horas extras no pagadas, viviendas sucias y compartidas, falta de protección contra el coronavirus”. "No acepté que ocho de nosotros tuviéramos que dormir en una habitación, que ocho personas usaran un solo baño y 30 una cocina”. “En un minibús de sólo ocho asientos, eran metidas hasta 14 o 15 personas para transportarlas a los cultivos por la mañana y de vuelta a su alojamiento por la tarde, informa”. Como vemos, historias que no serían sorprendentes a este lado del mundo. Conclusión: porque hay codeterminación en algunas empresas no se ha terminado con la explotación a la fuerza de trabajo y los antagonismos asociados a esa explotación en Alemania.

En Chile, a Gabriel Boric parece no importarle tanto que esa propuesta no se generalice y se aplique sólo a la gran empresa:

«Por cierto, podría haber otros caminos para promover la igualdad política en el espacio del trabajo. Por ejemplo, centrar la estrategia de desarrollo en empresas de menor escala, donde las desigualdades políticas son también menores. Sin embargo, esta no parece ser una buena alternativa, toda vez que tanto la gran empresa como el Estado han tenido roles claves y complementarios en las estrategias de desarrollo exitosas en el mundo. La innovación y el aprendizaje de mejores prácticas productivas suelen requerir de escalas de producción considerables».

Si tenemos en cuenta que el 80% de la fuerza laboral en Chile se desempeña en empresas pequeñas y medianas, la consecuencia es que la aplastante mayoría de la clase trabajadora podría quedar excluida de la democratización propuesta por Boric y los intelectuales frenteamplistas que citamos en este artículo. Un hecho no irrelevante, pues la afirmación de que en las empresas de menor escala “las desigualdades son menores” resulta bastante discutible, cuando éstas no escapan a los abusos: despidos, la aplicación de la ley de suspensiones o la persecución antisindical o el subcontrato.

El control y la administración obrera de la producción como alternativas

En un viejo debate acerca del paso del capitalismo de libre competencia al capitalismo imperialista basado en los monopolios, el revolucionario ruso León Trotsky ad portas de la Segunda Mundial, escribía que “las cuentas entre el capital aislado y la sociedad constituyen un secreto del capitalismo: la sociedad no tiene nada que ver con ellas” [3] . Más de ochenta años después, sigue operando la lógica del secreto de las grandes empresas contra el pueblo. El propio ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés reconoce que, en el ámbito del impuesto de las mineras, actuamos sin información fidedigna. En otros casos como la colusión del papel higiénico o los pollos algunos años atrás, se reveló este rostro del poder capitalista.

El marxista belga Ernest Mandel explicaba bien que, creer en la posibilidad de una armonía de intereses plena entre capital y trabajo, implicaría que los trabajadores asuman como propios los intereses capitalistas en la dinámica de competencia con otros capitalistas. Es precisamente la competencia lo que muchas veces conduce a las empresas a tomar decisiones que atentan directamente contra los intereses de los trabajadores, precarización, despidos, etc. Lo mismo podemos decir del hecho de ser empresas monopólicas: ese peso también es usado contra los intereses de trabajadores y consumidores. “La clase obrera, por el contrario, no puede aceptar, a riesgo de una abdicación creciente que amenaza a corto plazo con una parálisis total, que el principio de la competencia sea llevado desde el mercado capitalista y desde la sociedad burguesa al seno de su propia organización y conciencia de clase”.

En la actualidad, el carácter antagónico del capital y el trabajo no se ha terminado. Las grandes patronales exhiben ganancias enormes mientras el pueblo paga los costos de la crisis sanitaria y social. Elaborar una política que se base en el principio de la lucha de clases sin aspirar a panaceas que tarde o temprano son desmanteladas cuando la clase capitalista ve que se pueden afectar las vías para generar ganancias, es más necesario que nunca. El control de la producción por parte de trabajadoras y trabajadores sobre la base de principios democráticos se torna una necesidad evidente para enfrentar las suspensiones y despidos o el despilfarro en utilidades sin que se concentre el uso de los recursos en enfrentar la pandemia y la crisis. Ese control sólo puede ser impuesto a los capitalistas a través de la lucha de clases.

En un famoso texto, el marxista revolucionario Trotsky escribía que:

«El “secreto” comercial se justifica siempre, como en la época del capitalismo liberal, por los intereses de la “concurrencia”. En realidad los trusts no tienen secretos entre sí. El secreto comercial de la época actual es un constante complot del capital monopolizador contra la sociedad. Los proyectos de limitación del absolutismo de los “patrones de derecho divino” seguirán siendo lamentables farsas mientras los propietarios privados de los medios sociales de producción puedan ocultar a los productores y, a los consumidores la mecánica de la explotación, del pillaje y del engaño. La abolición del “secreto comercial” es el primer paso hacia un verdadero control de la industria» (Trotsky, El programa de transición).

En las condiciones del presente, podemos ver como la fuga de capitales al extranjero producto del saqueo constante de los recursos estratégicos como el cobre, o el reparto de utilidades entre accionistas sin ningún otro criterio que el hambre de ganancias, en medio de una situación de pandemia en la que cientos de miles de personas perdieron sus empleos y se ven arrojadas a la pobreza, hace muy necesarias las medidas de vigilancia sobre las cuentas y transacciones empresariales.

Para lograr eso y propiciar que los trabajadores puedan hacer pesar su voluntad frente a “operaciones de fusión o adquisición, el endeudamiento en una proporción relevante, o la enajenación de activos esenciales” y muchas otras cuestiones claves que las empresas realizan para agrandar sus ganancias y perjudicar a los trabajadores; para hacer un inventario real de los recursos disponibles en el país para enfrentar la pandemia y la miseria social que ésta ha acarreado y pelear por la estatización de los principales recursos; para frenar los despidos; se necesita no una ilusoria “codeterminación” en la que el capital y el trabajo al fin alcanzarían una “igualdad de poder” y una armonía de intereses -lo que en realidad es imposible-, sino la conformación de comités de trabajadores en las empresas que por medio de sus métodos de lucha y la coordinación entre sí le impongan a los capitalistas mecanismos de control y vigilancia. Comités que enfrenten cualquier intento de “armonizar” intereses entre capital y trabajo y que unan a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, contratados o subcontratados. Las instituciones de “codeterminación”, por el contrario, son funcionales a una cooptación de parte de los sindicatos por los capitalistas y a la consolidación de una burocracia sindical con intereses diferenciados del resto de los trabajadores al verse en la situación de tomar decisiones con el criterio de “favorecer a la empresa”. ¿Que comunidad de intereses se podría esperar con las grandes empresas en las que Boric pretende que se instaure la codeterminación si son aquéllas las que saquean recursos, subcontratan, contaminan y se coluden?

Cuando decimos “métodos de lucha” nos referimos a los métodos para actuar en la lucha de clases, contrapuestos a la colaboración que pretende la codeterminación, lo que implica chocar con las fuerzas represivas del Estado y también con el “Estado ampliado” (burocracias sindicales, grupos de extrema derecha que se organizan contra los trabajadores en los ascensos como ocurrió en Chile en 1970): esas fuerzas protegen los intereses del capital. Pensando en el capitalismo de su tiempo, Trotsky escribía en el texto que acabamos de citar, que “la aparición del comité de fábrica, se establece de hecho una dualidad de poder. Por su esencia ella tiene algo de transitorio porque encierra en sí dos regímenes inconciliables: el régimen capitalista y el régimen proletario”. Lejos de una extensión “en frío” de los principios del sufragio universal al mundo del trabajo, el control obrero es de por sí fruto de un escenario de lucha de clases que se agudiza y se traduce en el nacimiento germinal de un poder de los trabajadores en un establecimiento o empresa: un comité que asume funciones que exceden las funciones de un sindicato y que tienen la capacidad de lucha suficiente para contraponerse a la voluntad patronal.

En 1970, el marxista belga Ernest Mandel escribió que: “La diferencia fundamental entre las ideas de “participación” y de “cogestión” por una parte, y el concepto de control obrero por la otra, se puede resumir así: El control obrero rechaza toda responsabilidad de los sindicatos o (y) de los representantes de los trabajadores en toda una serie de dominios que concierne a su existencia cotidiana en la empresa o durante su trabajo” [4]. Con esa idea Mandel, excluye correctamente que entre capitalistas se puedan establecer por ejemplo en común las normas para producir. La instancia de comité no asume responsabilidad por las decisiones de la empresa durante la jornada laboral porque asume la contraposición de intereses en ese dominio. También escribía que “el control obrero rechaza todo secreto, toda “apertura de los libros de contabilidad” solamente ante un puñado de burócratas sindicales seleccionados cuidadosamente; por el contrario reclama la publicidad más amplia, más integral, de todos los secretos que los trabajadores puedan descubrir, no solamente examinando la contabilidad de los patrones y las operaciones bancarias de las empresas, con la realidad económica que ellas cubren”. Su conclusión era que “El control obrero rechaza toda institucionalización, toda idea de convertirse, aunque sea por un periodo transitorio, en una “parte integrante” de la forma de funcionamiento del sistema; pues sus protagonistas comprenden que su integración implica necesariamente su degeneración en un instrumento de conciliación entre las clases”.

La divisa revolucionaria de confiar en la autoorganización de la clase trabajadora y no en la conciliación con los capitalistas se concreta en la formación de comités de trabajadores que ejercen el control de la producción. Más que tomar la experiencia del imperialismo alemán, debemos nutrirnos de la ricas experiencias históricas y actuales de control obrero de la producción o “tendientes” a ese control -desde los Cordones Industriales en la década de 1970 hasta las experiencias actuales de los trabajadores que se autoorganizan como en la fábrica Zanón (FaSinPat) en la provincia de Neuquén en Argentina o en otras como Madygraf, en experiencias de comités de base para resguardar la higiene y seguridad, mientras las patronales imponen sus condiciones de explotación en la pandemia, como vimos en algunos ejemplos recientes de la ciudad de Antofagasta. Es a través de esta experiencia de control que las y los trabajadores prepararemos las condiciones para dar un salto a la administración directa de la producción en conjunto con las comunidades, una vez que las grandes empresas de los capitalistas sean expropiadas y pasen a propiedad estatal. Como decía Trotsky “el control obrero no puede ser una situación prolongada, “normal”, como lo son los convenios colectivos o la seguridad social. El control obrero es una medida transitoria, en condiciones de extrema tensión de la lucha de clases, y que sólo puede ser considerada como un puente hacia la nacionalización revolucionaria de la industria” (1931) y la gestión o administración directa. De esa manera trabajadoras y trabajadores preparan el terreno para su gobierno, el cual será en ruptura con el capitalismo y basado en los organismos de autoorganización como base del nuevo Estado que planificará democráticamente la economía al servicio de las necesidades sociales.