Colombia vive este martes una nueva jornada de protestas en diferentes ciudades que coincidirán este 20 de julio con la instalación del último período legislativo del Congreso y la celebración del Día de la Independencia, por lo que Duque activó un plan represivo a gran escala.
Martes 20 de julio de 2021 08:00
Se espera que lleguen a Bogotá, desde diferentes ciudades del país, una "avanzada nacional" de las denominadas "primeras líneas" de las protestas compuestas por una juventud precarizada y combativa, así como una delegación de las comunidades indígenas. La manifestación fue organizada y empujada por los sectores populares para continuar exigiendo al Gobierno de Duque respuesta ante la grave crisis humanitaria, social, económica y política que está atravesando Colombia. Así mismo contra la represión y la liberación de los presos.
El Comité Nacional de Paro (CNP), que fue convocante de las manifestaciones que vivió el país desde el 28 de abril y que se extendieron durante dos meses, anunció que llamará a las movilizaciones de este martes. Lo hace luego de haber apostado por la “mesa de diálogo” con el Gobierno de Duque donde cada negociación llevó a callejones si salida a pesar de que esto fue advertido por miles en las calles. Como es sabido miles de jóvenes de primera línea como los estudiantes que resistieron a la represiones en diversas ciudades del país, denunciaron incansablemente que el CNP no representaba los intereses de las protestas. De esta manera el CNP vuelve a intentar encausar a las masas hacia salidas institucionales y dejando correr la represión del Gobierno.
Al menos habrá 35 actividades, entre plantones, concentraciones, actividades culturales y marchas que se van a hacer a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá, “razón por la cual hemos dispuesto el mayor número de gestores de diálogo y de convivencia", dijo hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al terminar un consejo de seguridad mientras que el presidente Iván Duque se dispone a militarizar el país para contener las movilizaciones durante el Día de la Independencia.
También se esperan movilizaciones en todo el Valle del Cauca donde se dieron las protestas más fuertes, así como en Santander, Antioquia, Bucamaranga y otras ciudades colombianas.
Por parte de los manifestantes y diversas organizaciones de Derechos Humanos han denunciado hostigamientos y amenazas de inmovilización de los vehículos que van en caravanas. Los manifestantes afirman que: “Estas acciones que limitan la libertad e imponen restricciones suponen la vulneración de los derechos humanos fundamentales como el de movilidad, libertad de expresión, reunión, información y prensa, asociación y participación.”
Las protestas, que inicialmente fueron convocadas para rechazar una reforma tributaria del Gobierno, derivaron en uno de los movimientos de protestas más grandes de la historia del país contra la crisis política, social y económica que vive Colombia. Estas tuvieron que resistir una represión brutal por parte del ESMAD y grupos paramilitares que dieron apoyo para atacar a las manifestaciones. Tanto en ciudades como Bogotá y Cali estuvieron marcadas por la violencia institucional dejando decenas de muertos, cientos de heridos e incluso 300 desaparecidos.
Luego de un impasse en las últimas semanas de protestas masivas, las Duque dispuso 9.572 policías solo en Bogotá y los municipios cercanos. En la Gobernación del Valle del Cauca (suroeste), se autorizó un toque de queda, ley seca y el cierre de fronteras en el departamento hasta el 22 de julio.
Sobre las manifestaciones hay gran expectativa pues las protestas, que en el último mes perdieron intensidad hasta reducirse replegándose a las barriadas más pobres, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 muertos, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía.
El Ministerio de Defensa advirtió para justificar la militarización que "existe un interés especial en grupos armados ilegales como (la guerrilla del) ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, en financiar hechos vandálicos durante la jornada de celebración de la independencia".
Sin embargo, las organizaciones civiles, como #SOSCOLOMBIA, le exigen al Gobierno no militarizar las movilizaciones y a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe sobre las protestas constató que la respuesta del Estado colombiano "se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal".
Esta nueva convocatoria muestra que aún el pueblo colombiano resiste y enfrenta las políticas del Gobierno de Duque.
