El lunes 14 de noviembre arranca el paro indefinido de transportistas convocado por la PNDTC por el cumplimiento de la Ley que prohíbe trabajar a perdidas y el aumento del precio del combustible. Como se demostró en los 20 días de paro en marzo, es necesario levantar una lucha junto a los asalariados y contra la rapiña empresarial y los efectos de la guerra frente a las posturas pro-patronal que mantienen el Gobierno y la derecha.
Lunes 14 de noviembre de 2022
Ese paro indefinido ha comenzado a las 00h del lunes 14 de noviembre y aunque por el momento no cuenta con el apoyo de importantes organizaciones sindicales y de transportistas, la convocatoria parte de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera (PNDTC). A pesar de que Gobierno y organizaciones como la patronal Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) la consideran minoritaria, advierten del efecto económico de 600 millones de euros diarios que se estima para este paro.
No faltan las posturas antiobreras de cara a este paro. Buena parte de la prensa destaca que la extrema derecha trate de tener un rol en el conflicto, tratando de pintar una estampa del paro de transportistas en el que la prensa afín al Gobierno “progresista” trata de socavar así los apoyos al conflicto del transporte y la prensa afín a la derecha trata de instrumentalizarlo para presentarse como “no-antiobrera”. De hecho, la extrema derecha ya trató en marzo de aprovechar demagógicamente el paro para tratar de capitalizar el descontento y promover un programa reaccionario.
Desde las 10 de la mañana en Atocha partía una manifestación en Madrid para pedir no trabajar a pérdidas, una realidad que continua a pesar de que se modificara la ley a tal efecto tras el efecto del paro el pasado marzo. Por ejemplo, la ley prohíbe trabajar bajo coste y que los conductores participen sin cobrar en las tareas de carga y descarga, dos situaciones que forman parte del día a día de miles de transportistas asalariados, autónomos y falsos autónomos.
A pesar de ello, la postura del Gobierno desde primera hora del paro ha sido agradecer a los transportistas que no han secundado el paro a través de la Ministra de Transportes Raquel Sánchez y preparar un mecanismo de esquirolaje y represión. Para ello, cuenta con las fuerzas represivas en colaboración con el Ministerio de Interior, volviendo a llevar efectivos que garanticen que el trabajo no se para en plataformas logísticas de mercado y puertos. También promete un mecanismo de localización de piquetes para minimizar sus efectos y coordinar mejor la represión a los mismos, así como escoltas policiales a los transportistas que no sigan el paro, como ya han comenzado el primer día a darse.
Por una parte, es un precedente mas contra el derecho a huelga explicado sin rubor. Por otra parte la dirección del conflicto y su extensión no se identifica directamente con las necesidades de los asalariados y autónomos del transporte. Ya en el anterior conflicto de transportistas de marzo, la dirección del conflicto por la PNDTC (que junto a trabajadores incluye a pequeños empresarios), supuso un enorme límite para que las reivindicaciones de asalariados y falsos autónomos puedan conseguirse, ya que agrupa a estos sectores con empresarios pequeños o medianos que imponen las mismas condiciones de explotación que las grandes empresas, o a veces incluso más duras.
En el Estado español hay medio millón de transportistas para más de 100 mil empresas de transporte. Esto da una media de 5 conductores por empresa. Por lo tanto, la mayor parte del sector son asalariados de pequeñas y medianas empresas o autónomos, a veces con algunos asalariados a su cargo, que trabajan para éstas o los gigantes de la distribución.
El régimen laboral es de una enorme flexibilización y precariedad por medio de una subcontratación sin límites. Una tupida red de empresas comisionistas subcontratan una y otra vez los portes, quedándose con hasta dos tercios de la tarifa.
Un perverso sistema que hace que la subida de los precios del combustible recaiga sistemáticamente en el último eslabón de la cadena. El camionero ve como su margen se queda en el surtidor, mientras que los de los comisionistas quedan protegidos por los contratos de subcontratación. Este es el trasfondo del malestar que ha terminado estallando con la última escalada de precios del gasoil que roza ya los 2 euros el litro.
La subida del precio del gasoil tiene una relaciona directa con la guerra de Ucrania y el rearme imperialista, pero también con los intereses de unas compañías energéticas que no han dejado de subir los precios de los combustibles y la electricidad con beneficios cada vez mayores en plena crisis. Es necesario parar la maquinaria de guerra y la nacionalización bajo control de sus trabajadores y usuarios de las energéticas para dar medidas de calado frente una situación que afecta directamente a los transportistas, pero también al conjunto de la clase trabajadora.
Pero en este conflicto también es necesario exigir un plan de lucha a las grandes centrales sindicales, que además de cerrar la puerta a la utilización demagógica de la extrema derecha, abra el camino a pelear con muchas mas fuerzas por demandas como la jubilación a los 60 años para todos los camioneros con el 100% de la pensión, un aumento de salarios, una reducción de las jornadas, la prohibición de la cadena de subcontratación y las falsas cooperativas y un convenio estatal único donde se recojan estas y otras mejoras.
