La madrugada de este miércoles la contrainteligencia militar incursionó en CGV-Venalum, donde los trabajadores estaban hace días en protesta. Se llevaron al dirigente José Hidalgo y cuatro trabajadores más. Esta mañana hubo asamblea en respuesta a esta agresión.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Viernes 14 de diciembre de 2018
En un hecho más de uso de los cuerpos de inteligencia y represión militares para atacar luchas de los trabajadores, esta madrugada fueron agredidos y detenidos varios trabajadores de la empresa pública de aluminio, Venalum, en el estado Bolívar. Una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue la encargada esta vez de incursionar en el área de colada de la empresa, llevándose detenidos a José Hidalgo, secretario general del sindicato de profesionales (SutraPuval), Ángel Brito, secretario de finanzas, Miguel Escobar y otros trabajadores sin identificar aún. Otros trabajadores debieron ser trasladados a lugares de atención médica, producto de las heridas por los golpes recibidos, como fue el caso de Williams Rivero.
Se trata prácticamente de un secuestro, como denuncian los trabajadores, puesto que no medió siquiera una orden judicial. Aunque como es sabido, el gobierno controla a su antojo los tribunales y el poder judicial, esta vez ni siquiera se han cuidado de contar con alguna mampara “legal”.
Es la manera en que el gobierno, auto-titulado “obrerista” y “socialista”, continúa respondiendo con intimidación, despidos, represión y cárcel a las diversas luchas que los trabajadores y trabajadoras del sector público vienen dando. José Hidalgo hace parte de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV), capítulo Guayana, coalición de organizaciones sindicales y corrientes de trabajadores que viene impulsando acciones de lucha por el respeto a los contratos colectivos, contra la imposición de las “tablas del hambre” y por un salario digno, equivalente al costo de la canasta básica familiar.
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También hace parte de la Intersectorial la trabajadora del Metro de Caracas y dirigente (expulsada del sindicato por Edison Alvarado, “constituyentista” del PSUV), Deillily Rodríguez, despedida luego de participar de una protesta ante el Ministerio del Trabajo. Así como Rubén González, secretario general del SintraFerrominera, detenido al regresar de una marcha de la Intersectorial en Caracas, sometido a juicio militar y recluido actualmente en La Pica (Monagas). Un día antes de la detención de González, otros nueve trabajadores de la empresa del hierro fueron detenidos dentro de la misma, encarcelados actualmente en El Dorado (Bolívar). Jesús Ramírez, trabajador de Alcasa, también se encuentra preso por ser parte de quienes denuncian y luchan en esta otra empresa pública del aluminio. Mediante un vil montaje judicial, mantienen encarcelado hacia 7 años ya, ¡sin juicio ni sentencia!, al obrero Rodney Álvarez, también de los trabajadores que en Ferrominera se organizaban para pelear por sus derechos.
Desde el sindicato de trabajadores de la Cancillería, que también confluye en Intersectorial, denuncian a su vez la brutal represalia patronal de casi cien despidos, por haber participado de las acciones de protesta convocadas por la organización sindical.
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En horas de la mañana los trabajadores administrativos y del turno rotativo de Venalum se dirigieron hasta el área de colada para realizar una asamblea y evaluar las respuestas ante este ataque del gobierno contra la libertad sindical y el derecho a la protesta.
Continúa así el gobierno de Maduro sumando hechos a su práctica represiva contra los trabajadores que se ponen en pie de lucha: usar la GNB con sus fusiles (incluso haciendo disparos al aire), el SEBIN, la DGCIM y tribuales militares contra los trabajadores y sus dirigentes, es cada vez más moneda común en la manera como el gobierno responde a los trabajadores. Una represión que se sirve de mecanismos propios del mundo militar, para terminar de imponer por la vía de la fuerza su plan de ajuste capitalista, uno de cuyos ejes más importantes es el desconocimiento y mutilación de conquistas históricas del movimiento obrero plasmadas en los contratos colectivos.
