¿Cómo enfrentamos el golpe de las togas y la derecha?

El juez de la Audiencia Nacional, García-Castellón, en solo unos días ha enviado a juicio por terrorismo a los acusados de los CDR en la Operación Judas e imputado por este mismo delito a los del caso de Tsunami Democràtic.

Esta última pieza incorpora en calidad de investigados a una docena de personas acusadas de ser parte de la dirección o coordinación de las protestas contra la sentencia del procés en 2019. Entre los investigados están el expresident catalán, Carles Puigdemont, la secretaría general de ERC, Marta Rovira - ambos exiliados a Bruselas y Suiza, respectivamente- o el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez.

Además, trata de vincular el fallecimiento por causas naturales de un pasajero en la T2 del aeropuerto del Prat -a más de 6 km de donde se estaban realizando las protestas del 14-O del 2019- para que dicha acusación incluya una víctima mortal, cuya responsabilidad recaería en los propios acusados.

Estos cargos increíbles tiene un alcance mucho mayor que los efectos sobre los mismos acusados. García-Castellón se pone a la cabeza de un golpe de la judicatura para tratar de impedir la aprobación de una posible Ley de Amnistía y, de esta manera, evitar la investidura de Pedro Sánchez.

Si los acusados lo son en calidad de supuestos terroristas - más aún si se les puede atribuir una víctima mortal producto de sus acciones - las posibilidades de que pudieran beneficiarse de una supuesta Ley de Amnistía se reducen enormemente. Al bloqueo por parte de la Judicatura española - a la que las negociaciones en curso delegarían la aplicación de la misma amnistía - y la muy posible declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, se sumaría un posible recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que podría fallar a favor de las posiciones del búnker del 78.

La ofensiva judicial tiene, por tanto, puntos de poder conseguir su objetivo: la imposibilidad del acuerdo entre Junts y el PSOE, al no poderse garantizar que ni siquiera la amnistía limitada que negocian se pueda efectivizar. El propósito de ir a una repetición electoral con las bases de la derecha y la extrema derecha galvanizadas y movilizadas, se podría conseguir desde los tribunales después del fracaso en las Cortes.

El togado en cuestión no es cualquier juez. Se trata de uno de los magistrados más vinculados al PP. Recientemente, a pregunta de periodistas sobre una posible amnistía, su respuesta fue contundente: "no la prohíbe la Constitución, como no prohíbe tampoco el esclavismo o la pedofilia". Pero además, entre sus célebres actuaciones, destaca la de salvar de la imputación a María Dolores de Cospedal y a "un tal M.Rajoy" de piezas de la causa Gürtell.

Pero su iniciativa no es una causa individual, es el grueso de la judicatura, esa casta reaccionaria y guardia de las esencias más rancias del régimen del 78 y la Corona, la que está implicada en la operación. Como muestra, la resolución contra la amnistía aprobada por el Consejo General del Poder Judicial que no tiene precedentes. Este organismo solo se pronuncia por proyectos de ley relamente existentes - el texto de la Ley de Amnistía no ha sido ni presentado ni registrado en las Cortes - y siempre y cuando exista un requerimiento del legislativo para que emita un informe consultivo.

Que los jueces intervengan y determinen el poder legislativo no debería sorprender a nadie. Ahora el PSOE se lamenta de esta "anomalía". Pero ha sido ellos, junto al PP y la extrema derecha, los que la vienen propiciando especialmente desde 2017. Desde aquella fecha, estos mismos jueces son los que impidieron la investidura de Carles Puigdemont y Jordi Sánchez, o los que destituyeron a un president, Quim Torra, por negarse a descolgar una pancarta del balcón de la Generalitat.

El golpe judicial de las togas se apoya además en la agitación callejera de estos días en Ferraz y otras sedes del PSOE, animada por grupos de extrema derecha o hasta abiertamente neonazis, y apoyada por Vox y el sector más trumpista del PP. Los sindicatos policiales y de la Guardia Civil también se han querido sumar a las voces contra la amnistía. Hasta los obispos han salido, retomando su tradición nacional-católica, para recordar que una amnistía estaría por fuera de la doctrina de la Iglesia. Todo muy "cañí".

Si hoy la derecha y la judicatura pueden llevar adelante esta ofensiva, es gracias también a la labor del "progresismo", en especial en los últimos cinco años. Fue el gobierno Sánchez, el que a través de la Abogacía del Estado, logró la condena de los dirigentes independentistas por el delito de sedición. Fue ese mismo gobierno, el que ideó y ejecutó el montaje de la Guardia Civil sobre el que se sustenta la causa de a Operación Judas.

En cuatro años de gobierno de coalición con Unidas Podemos, no se ha derogado la ley Mordaza, y menos aún otras leyes como la Antiterrorista y demás artículos liberticidas del Código Penal, en los que se ampara hoy la acusación sui generis de terrorismo de García-Castellón. Es más, han continuado con una política de persecución y represión al independentismo y la protesta social, como demuestran los casos destapados de infiltraciones policiales en diversos movimientos sociales a cargo del ministro Marlaska.

La ilusión de una amnistía parcial negociada por arriba se topa con el muro del búnker del 78, que el mismo PSOE se ha encargado de reforzar y del que una parte de su aparato es parte activa, como García-Page, Lambán o el mismo Felipe González. De las negociaciones en Bruselas solo podía salir una amnistía limitada - que no incluiría al resto de los centenares de represaliados políticos y por luchar más allá del movimiento democrático catalán - y condicionada al abandono de la lucha por la autodeterminación, en clave de restauración del régimen. Pero parece que ni a eso están dispuestos a ceder los sectores más ultras.

La única manera realista de hacerles frente no viene de la mano ni del PSOE y Sumar, ni de los partidos procesistas que llevan desde 2017 trabajando por desactivar la calles y restablecer la normalidad institucional y la política de despachos y bambalinas. Estos partidos, junto a las burocracias sindicales, llevan años operando para desactivar y pacificar la calle y poder gobernar tranquilos. Una operación que solo ha beneficiado a que la derecha pueda seguir avanzando con sus discursos españolistas, antiderechos y racistas.

En estas semanas hemos visto como esta pasividad se rompía con la enorme reacción en solidaridad con Palestina, con manifestaciones multitudinarias en todas las grandes ciudades. Una lucha contra el genocidio del Estado israelí que cuenta con el apoyo del imperialismo estadounidense y europeo, incluyendo el del gobierno "progresista" que en esto coincide en lo fundamental con las posiciones de la derecha y la extrema derecha. Tenemos que seguir desarrollando este movimiento, extenderlo a los centros de estudio y trabajo - como han hecho las plantillas de Airbus o los estibadores de Barcelona - y apuntar contra nuestro propio gobierno y Estado imperialista. Esto es también fundamental para cortarle el paso a la ofensiva reaccionaria sin caer en ser la base de maniobra de otro gobierno "progre" que aplique gran parte de las políticas de la derecha.

Al mismo tiempo, frente a las movilizaciones contra la amnistía de la derecha, es urgente retomar una movilización independiente que enfrente la ofensiva judicial y de la derecha, y pelee por una amnistía total que incluya a todos los procesados por delitos de opinión o participar en protestas sociales, que rechace toda medida de gracia para los policías represores, luche por la derogación de todas las leyes liberticidas y por la abolición de la casta judicial, estableciendo juicios por jurados populares y la elección por sufragio universal de todos los jueces y juezas.

Frente a las negociaciones por arriba y en clave restauradora, el sindicalismo alternativo, la izquierda anticapitalista, junto a todos los movimientos sociales y democráticos, tenemos que tomar las calles y disputárselas a la derecha, a la vez que exigimos a las direcciones de los grandes sindicatos que rompan su política de paz social y compromiso con el gobierno "progresista", y llamen a movilizaciones en todo el Estado por estas demandas.