Hoy se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Cómo llega Chile a este escenario electoral a dos años de la revuelta? Para responder esta pregunta, consideraremos algunos aspectos de la economía, de la lucha de clases y de la política que nos parecen relevantes para situar la contienda electoral en las circunstancias en las cuales se da y sobre las cuales actúa.

Economía

Para resumir cuál es la situación de la economía, podemos plantear una breve formulación: en relación a los momentos más críticos de 2020, cuando la pandemia recién se iniciaba, hay una recuperación, pero no hay una recuperación sostenida, más bien un efecto de rebote.

El Banco Central, en su último Informe de Política Monetaria, lo explicaba así: “tras crecer entre 10,5 y 11,5% este año, la economía se desacelerará de forma significativa, para crecer entre 1,5 y 2,5% el 2022 y entre 1 y 2% el 2023”. Que este año crezca entre un 10,5% y un 11,5% tiene que ver con que el punto de comparación de 2020, es muy bajo: de hecho, el año pasado no hubo crecimiento. En este contexto hay voces que hablan de una posible recesión.

En este marco, el gasto estatal el año que viene, será menor. Hay presupuestos que serán recortados. El más evidente ahora es el presupuesto para las contrataciones de trabajadores de la salud que están siendo radicalmente reducidos en el sistema público (se prevén 20.000 despidos hacia diciembre). En vez de conservar y desarrollar un sistema de salud con capacidad para hacerle frente a la pandemia, el gobierno escoge el camino del desmantelamiento. El fin del IFE que para muchas familias ha permitido sobrevivir, también es una muestra de este ajuste.

Pero sin duda el tema que más relevancia ha ganado en el debate es la inflación, que anualmente ya llegó al 6%. Todavía no pulveriza el salario, pero hay ciertos productos en los que se siente con evidencia, por ejemplo en el gas. La prensa de derecha y los políticos neoliberales culpan a los millones de trabajadores que han realizado los retiros de los 10% de las AFP de la inflación. Al haber más “plata fresca” hay más consumo y eso eleva los precios. Pero esa es una mentira neoliberal que naturaliza que trabajadores y trabajadoras consuman poco, es decir, la pobreza. Lo que se calla esta gente es el impacto que tienen las jugadas que realizan los grupos capitalistas por ejemplo retirando ganancias para el bolsillo personal, fugando capitales o negándose a invertir. Dicen “se prevé que bajarán las inversiones” pero se callan que esas son decisiones que toman personas de carne y hueso: directores de empresas que quieren que las reglas del juego que les han permitido enriquecerse, se mantengan.

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Lucha de clases

Una nueva recomposición sindical se desarrolla posterior a las movilizaciones de octubre del 2019, aunque con idas y vueltas. Mientras escribimos estas líneas no se desarrollan luchas sindicales relevantes, aunque algunas semanas atrás hubo varias. Las movilizaciones contra el gobierno de Piñera durante la rebelión y la huelga general del 12 de noviembre de 2019 fueron una escuela para algunos sectores de trabajadores, pero en 2020 la burocracia sindical de la CUT dirigida por el PC en ese momento no movió un dedo contra los despidos y los diputados del PC votaron a favor de la suspensión del empleo. Si bien las movilizaciones masivas fueron afectadas por la pandemia, la carestía de la vida y los abusos patronales fueron el motor que impulsó una oleada de denuncias y movilizaciones aisladas. Se trata de luchas económicas y demandas democráticas abiertas que dejó la rebelión; como el derecho a una salud pública y de calidad, la libertad de los presos de la rebelión y mapuche, el derecho a un sueldo mínimo acorde a los gastos de una canasta familiar, el derecho a la vivienda, las huelgas por el hambre, entre otros.

Los trabajadores de la salud a inicios de la pandemia se movilizaron y denunciaron la falta de equipos e implementos de protección personal junto a la falta de infraestructura en los servicios de salud públicos; hoy en algunos centros de salud denuncian los despidos y llaman a enfrentar esta situación. Las movilizaciones en los hospitales base como es el Hospital Barros Luco y Sótero del Río, son una expresión que se extiende a nivel nacional ante la precariedad de la salud pública. Trabajadores de la “primera línea de la salud” han denunciado los bajos sueldos y las concesiones en los hospitales, como la lucha del Sindicato Siglo XXI del hospital de Antofagasta. Mientras que desde la industria y minería los trabajadores de Mantos de Luna, Abermale y SGS se han movilizado contra las prácticas antisindicales.Los trabajadores del puerto de Quinteros y estibadores de Valparaíso, la lucha de los pescadores artesanales ante los privilegios de las grandes familias, las movilizaciones de trabajadores públicos de Puente Alto, la huelga de trabajadores del comercio (Tottus Vallenar-Copiapó) y el reciente paro y movilización nacional de profesores son una de las recientes expresiones de movilización.

Sin embargo, las movilizaciones por derecha tienen nueva arista: los hechos violentos ocurridos en agosto del 2020 en la ciudad de Curacautín de parte de un sector de la sociedad civil motivados por latifundistas y derechistas contra comuneros mapuche, da cuenta de la disputa de las calles. También las movilizaciones en Iquique hace algunos meses contra la población migrante organizado por la ultraderecha, incluyendo el asesor de la presidencia de Piñera. Estos hechos generan división en el pueblo trabajador para debilitarlo en su lucha común por mejores condiciones de vida, fortaleciendo la emergencia de figuras de la ultraderecha rancia como José Antonio Kast.

Política

El simple hecho de que los candidatos favoritos sean Gabriel Boric y José Kast es muy expresivo de lo inédito de las presentes elecciones: ninguno de los dos pertenece actualmente a los conglomerados que gobernaron Chile durante las últimas tres décadas. Boric, es militante de Convergencia Social, una organización del Frente Amplio formado en 2017. Si bien al interior de este conglomerado hay ex integrantes de la Concertación, el FA, como conglomerado, no ha ejercido el poder gubernamental. Su desarrollo en el régimen político ha sido fundamentalmente desde el parlamentarismo y la gestión municipal. El Partido Comunista -el principal aliado del Frente Amplio en Apruebo Dignidad-, por su parte, si bien participó en el gobierno de Michelle Bachelet de 2014 a 2018, fue un socio menor, con un poder de decisión muy débil en comparación con la capacidad que tenía la DC de marcar la línea. Sus principales referentes son parlamentarias como Camila Vallejo o la ahora alcaldesa Iraci Hassler. Este carácter “ajeno” a las altas esferas gubernamentales no deja de ser preocupante para sectores de la clase patronal, que han desarrollado una verdadera campaña del terror en la cual buscan dejar a Boric y al PC como avales de la violencia vivida durante el estallido o como defensores de “dictaduras” a propósito de las crisis políticas en Venezuela o Nicaragua. No les bastan todas las señales de “responsabilidad” que han dado el PC y el Frente Amplio, empezando por el acuerdo del 15 de noviembre, impulsado por Boric y secundado por el Partido Comunista.

Por su parte, José Kast, es militante del Partido Republicano. Él mismo se separó de la UDI cuando consideró que el partido estaba renunciando a sus principios originales basados en el pensamiento de Jaime Guzmán. Kast se ha caracterizado, por el contrario, por defender sin tapujos en la lengua el legado pinochetista y todo tipo de posiciones políticas conservadoras y antimujeres. También, ha desarrollado un discurso contra los inmigrantes. Hizo famosa su propuesta de una zanja para los migrantes no pasen a Chile, propuesta que ha retirado de su discurso. Propone, entre otras cosas, reducir radicalmente los impuestos a los empresarios y suprimir el Ministerio de la Mujer, fusionándolo con el de Desarrollo Social. Quienes constituyen su base son los sectores que ven con malos ojos las movilizaciones, que criminalizan a los migrantes o a los mapuche y que se permean por un discurso del “orden”. Que Kast visite al paco que dejó ciega a Fabiola Campillay, no es más que una muestra de la dirección hacia la cual apunta su discurso: quiere hablarle a todos los sectores que están con la policía en la represión contra las movilizaciones. Al interior de la derecha, Kast, con este discurso más duro, consiguió arrebatarle terreno al competidor oficialista: Sebastián Sichel. Varios referentes de derecha terminaron por definirse por Kast: por ejemplo, la ex presidenta de la UDI, Jaqueline Van Risselberge. Sin embargo, en la propia derecha y en el empresariado, sus propuestas son tomadas con mesura y se cuestiona cuán viables son en términos técnicos ideas como el crecimiento sobre el 5%, cuando todos los pronósticos apuntan más bien a la baja, y no sólo por factores locales.

Ahora bien, este carácter “inédito” de las actuales elecciones y sus elementos polarizantes, no niega que existan elementos moderadores. En dos sentidos. Por una parte, las elecciones se desarrollan en un marco de desvío constitucional. Por otro lado, es incierta cuál va a ser la correlación de fuerzas en el nuevo Congreso.

En rebelión, en 2019, el “centro de gravedad” de la situación política estaba en las calles, en la lucha de clases. En 2021, las elecciones ocurren mientras se discute una nueva Constitución para Chile y hay baja actividad de la lucha de clases. La salida de Piñera del gobierno, no se concretó por la vía de la acusación constitucional: tenía mucho menos chance de ocurrir que en 2019 cuando fue la huelga general la que amenazó con hacer caer al gobierno. Los tiempos parlamentarios e institucionales parecen, por ahora, marcar el ritmo de la situación.

La Convención Constitucional, es un hecho con el cual incluso José Kast ha tenido que dialogar, que pese a toda la furia de su sector contra la instancia constituyente, ha tenido que aclarar varias veces que la mantendrá sesionando en los plazos estipulados. Aunque probablemente en su sector hay individuos a quienes les gustaría “pasar a la acción” en choque directo con trabajadores y movimiento de mujeres, Kast apuesta a actuar en el régimen. Eso no quiere decir que todo seguirá “tal cual”: con un Kast accediendo al poder, es probable que acciones como la que realizaron Carabineros en la sede de Comunes, serán más frecuentes. Habrá más sensación de impunidad en la policía.

Por su parte Boric, en su discurso, se posiciona del lado de la Convención hablando de que él como presidente tendrá menos poder que los presidentes anteriores. Pero más que este elemento evidente, lo que llama la atención es que pese al espantajo que crean los empresarios y la derecha del conglomerado Apruebo Dignidad, su programa apunta a una colaboración entre empresarios, trabajadores y gobierno, buscando armonizar intereses antagónicos. Por eso, si bien hay elementos polarizantes en el escenario político, también hay elementos que le ponen límites a aquéllos.

En estas elecciones la correlación de fuerzas en el Parlamento y el Senado de los actuales conglomerados políticos podría cambiar. Las proyecciones señalan que Apruebo Dignidad aumentaría sus escaños en el Parlamento, mientras que la ex Concertación podría bajar junto a la derecha. Según el sociólogo Axel Callís, con esta proyección política se podría cambiar el sistema de votación a un régimen político semi presidencial por la hegemonía de Apruebo Dignidad. Esto se expresaría si en un eventual gobierno de Sichel o Kast, el Parlamento realizaría trabas e impediría el avance legislativo del gobierno. Mientras que, en un futuro gobierno de Gabriel Boric, la moderación hegemonizaría en el Senado, donde se proyecta que Apruebo Dignidad tendría 4 o 5 senadores con un aproximado de un 12% en la Cámara Alta, por lo que las alianzas y acuerdos con los partidos de la ex Concertación serían un hecho. Pero, también se proyecta que podrían emerger figuras nuevas, como Fabiola Campillay al Senado, aunque con un gran vacío que dejó la crisis de la Lista del Pueblo en las elecciones hacia la Convención Constitucional. Según una editorial de El Mostrador, para los analistas vinculados a los grupos de poder “ un Parlamento fragmentado debería conducir a la necesaria construcción de consensos y tornaría imposible que los extremos hicieran mucho daño”: ese es, para ellos, el escenario más conveniente.

Sin embargo, una vuelta de tuerca a las paredes del parlamento podría verse con la emergencia de un trabajador al Congreso. Se trata de la candidatura de Lester Calderón por el Partido de Trabajadores Revolucionarios, obrero de la industria de explosivos Orica en Antofagasta, quien se mantiene como una opción entre las tendencias políticas a la diputación en la segunda región. Lester Calderón se ha destacado como un dirigente de la rebelión en la ciudad de Antofagasta desde el Comité de Emergencia y Resguardo, con un programa que propone la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de los trabajadores y las comunidades para que los derechos sociales y que las ganancias sean al servicio de los trabajadores y el pueblo.

Desde el Partido de Trabajadores y La Izquierda Diario hemos levantado candidaturas obreras y socialistas en estas elecciones con un transfondo político: que la clase trabajadora se convierta en un sujeto político a toda variante empresarial.