La información la publica el centro Cifra. De ese total, USD 70.000 se perdieron con el Frente de Todos. Las grandes patronales vienen teniendo márgenes enormes de rentabilidad. Son las ganadoras de una crisis en la que millones pierden. La clase trabajadora tiene que pelear por recuperar lo perdido. Hay que ajustar a esos grandes monopolios.
Domingo 3 de septiembre de 2023 21:56
El saqueo al bolsillo de la clase trabajadora no para de profundizarse. Con la complicidad de todos los gobiernos, cada vez es mayor la porción de riqueza social que va a parar a las manos de los grandes grupos capitalistas.
Un informe publicado este viernes por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) -ligado a la CTA dirigida por Hugo Yasky- estima que, en los últimos ocho años, con los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos, alrededor de USD 101.000 millones pasaron desde los bolsillos de la clase trabajadora a los de las grandes patronales. De ese total, USD 70.000 millones se transfirieron bajo la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Esa transferencia es inseparable de la impunidad de la que gozan las grandes patronales. Los números demuestran que todas las amenazas del Gobierno hacia los “formadores de precios” no pasan de lo puramente verbal.
El informe indica, por ejemplo, que “entre 2016 y el primer semestre de 2023, los precios de las ramas altamente concentradas ascendieron 15% por encima de los precios al consumidor y los de las ramas concentradas con predominio de grupos económicos lo hicieron 26% por encima, cuando sus costos salariales cayeron 24% y 33% respectivamente”.
Es decir, las empresas se garantizaron el crecimiento de sus ganancias mientras el salario obrero no paraba de descender. Si se analiza los primeros seis meses de 2023, en el bloque de las empresas ganadoras están firmas como Ternium (30,3 % de rentabilidad sobre ventas), Aeropuertos Argentina 2000 (28,3 %), Arcor (12,8 %) o Molinos Río de la Plata (9,6 %).
El informe critica a este sector de empresas por cuestionar o negarse a pagar el bono decretado por el Gobierno nacional. En función de eso se denuncia que “las empresas mediano-grandes que deben pagar sin ayuda estatal la “suma fija” de 60.000 pesos en dos cuotas para los trabajadores cuyos salarios netos sean inferiores a 400.000 pesos, deberían desembolsar alrededor de 218 mil millones de pesos, que equivalen al 1,2% de las transferencias de ingresos del trabajo al capital que tuvieron lugar durante los últimos años”.
Al mismo tiempo, se deja en evidencia la enorme insuficiencia del monto decidido por el Gobierno: “El impacto para los trabajadores registrados en el sector privado es reducido ya que la medida no apunta a inducir un shock distributivo que revierta la crisis de ingresos heredada del gobierno anterior sino a limitar los efectos de la devaluación del 14 de agosto”. El cálculo de CIFRA indica que, aun abonándose el bono, el salario promedio seguiría siendo un 13 % inferior al de noviembre de 2015.
Un ajuste con consecuencias políticas
Los datos de CIFRA vuelven a evidenciar parte de las razones que explican el importante voto al derechista Javier Milei. El saqueo al bolsillo de la clase trabajadora es parte de un ajuste contra el pueblo trabajador que se sostiene de manera permanente. Ese descontento con la situación social y económica es lo que explica el rechazo a las coaliciones mayoritarias que gobernaron los últimos 8 años.
Esa transferencia desde la clase trabajadora al gran empresariado se complementa con el ajuste ordenado por el FMI, que implica devaluación, tarifazos, recortes en el llamado gasto público (educación, salud, asistencia social) y congelamiento salarial para los y las trabajadoras estatales.
La demagogia de La Libertad Avanza se sostiene sobre esta situación. El discurso sobre la dolarización se presenta como una solución a la constante pérdida salarial. Sin embargo, Milei miente abiertamente: para dolarizar sería necesario, en primer lugar, una enorme devaluación del peso que provocaría un salto en la inflación y destrozaría los salarios.
Solo el Frente de Izquierda Unidad plantea otra salida y enfrentar el ajuste en curso. Hay que imponerles a los dirigentes de la CGT y la CTA que se pongan a la cabeza de un plan de lucha nacional en defensa del salario y por todas las reivindicaciones de la clase trabajadora. Es necesario convocar a asambleas en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios para exigir a esas centrales un paro nacional activo.
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