Estaba cantado. Con las facultades delegadas de la Ley Bases, Sturzenegger busca cerrar decenas de organismos

El finalmente oficializado ministro de Desregulación y Transformación del Estado, responsable del Megacanje de 2001 y del mega endeudamiento con el macrismo, prepara su primera medida ejecutiva en ese puesto.

Sturzenegger tiene como tarea eliminar puestos de trabajo en la Administración Pública cerrando, modificando o fusionando organismo y dependencias. Ese objetivo, ligado al plan de privatizaciones, es parte del programa de Milei de seguir profundizando el ajuste, a fuerza de mayor pobreza y desocupación para honrar la fraudulenta deuda del FMI.

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Durante las últimas horas desde su entorno dejaron trascender que estaría elaborando junto al vicejefe de gabinete José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico María Ibarzabal, los decretos que le permitan avanzar sobre, según dicen, alrededor de 60 organismos públicos. Como se dice, del dicho al hecho hay un gran trecho, y el "Coloso" quiera o no, podrá avanzar según le den las relaciones de fuerzas en esas dependencias, con la eventual organización y resistencia de los trabajadores y los sectores sociales que se vean afectados.

Suenan entre los organismos, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), entre otros.

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Pero tal ataque en carpeta no podría ser posible sin la ayuda que la casta política le dio a Milei para aprobar la Ley Bases. La UCR, el PRO, ex UP y senadores peronistas, fueron partícipes necesarios en ambas Cámaras del Congreso para que el brutal ataque a las mayorías que representa esa ley pudiera ver la luz. Las facultades delegadas en distintas áreas, entre ellas, la administrativa, es lo que utiliza hoy Sturzenegger para su recorte en el empleo público. Es por ello todos esos bloques y legisladores que votaron a favor, tienen su cuota de responsabilidad ante cualquier despido en el Estado durante los doce meses de vigencia de esas facultades.

Durante su tratamiento los diputados del Frente de Izquierda Unidad (FITU) la rechazaron de forma unánime en el Congreso y en las calles, denunciando sus implicancias para las condiciones de vida de las mayorías, así como los hechos de corrupción como la compra de votos y las brutales represiones en las afueras del Congreso. Durante las cuales detuvieron personas al boleo para armarles causas truchas.

Es necesario que las centrales sindicales y sindicatos peronistas, rompan la tregua con el Gobierno y llamen a un Plan de Lucha contra los ataques que Milei busca descargar sobre los trabajadores y las mayorías populares.