BOLIVIA: INTENTAN IMPEDIR ASUNCIÓN DE ARCE Y CHOQUEHUANCA. Con paro y bloqueos, ultra derechistas exigen nulidad de las elecciones y convocan a FF.AA y policía

Luego de unos días de desconcierto, la ultra derecha puso en marcha una nueva ofensiva política buscando impedir la posesión de Luis Arce Catacora, mediante un amparo constitucional en el que solicitan una auditoria forense previa, para determinar un supuesto fraude en las pasadas elecciones. Los más audaces reclaman directamente la nulidad de las elecciones, concentrándose en la puerta de los cuarteles para pedir que sean los aparatos de represión los que tomen el poder del Estado, “para salvar la democracia”.

La conferencia episcopal celebrada este martes desautorizó declaraciones del monseñor Centellas quien había apoyado las demandas de auditoria, y declaró su conformidad con el proceso electoral al que calificaron de transparente. Con esta declaración aumenta el aislamiento de los radicalizados quienes tampoco cuentan con el respaldo de Carlo Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

La audiencia del Amparo Constitucional interpuesto por el Comité Cívico de Santa Cruz, está fijada para el martes 10 de noviembre, fecha en la que ya estará posesionado el nuevo Gobierno del MAS, razón por la cual la ultra derecha busca imponer con sus medidas de fuerza que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) adelante la audiencia y puedan obtener una resolución que suspenda la transmisión de mando hasta que se complete esa auditoria forense al proceso electoral.

Los reaccionarios de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), en un cabildo, determinaron la ocupación “pacífica” de instituciones públicas y el inicio de un paro cívico progresivo con bloqueo de calles y carreteras si es que en el plazo de 48 horas los vocales del TCP no determinan la auditoria reclamada. A esta medida, en las últimas horas, se sumaron el Comité Cívico de Santa Cruz, la Gobernación y la Alcaldía, señalando que lo harán “en el marco de la legalidad”.

De la misma manera, los paramilitares de la Resistencia Juvenil Kochala (RJK), anunciaron acciones tendentes a impedir la posesión del MAS programada para este domingo 8 de noviembre, mientras que el Comité Cívico de Potosí ha convocado a una reunión de los 9 comités cívicos departamentales para determinar su rumbo de acción.

Divisiones derechistas

La ofensiva iniciada por estos sectores radicalizados de derecha no está exenta de contradicciones. Anoche en una reunión del comité cívico de Santa Cruz, el presidente de esta institución patronal, Rómulo Calvo, había anunciado las medidas de presión dispuestas por este comité. Sin embargo se vio obligado a salir escoltado por la policía en horas de la madrugada, ante los cuestionamientos de grupos que consideraron que el presidente del comité cívico habría actuado muy lentamente y adoptado medidas que serían tardías para impedir la posesión de Arce este próximo domingo y exigen la declaratoria del paro indefinido y radicalización de las acciones.

Recordemos que los primeros días luego del triunfo del MAS, grupos de derechistas se agredieron entre si, no solo en Potosí donde Marco Pumari (ex candidato a vicepresidente por la alianza Creemos) había convocado a sus críticos a hablar, sino también en Cochabamba donde diputadas electas de Comunidad Ciudadana fueron agredidas por miembros de la RJK por “haber aceptado prematuramente” los resultados que daban ganador al binomio masista.

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, manifestó su apoyo a la movilización y al cabildo convocado por el comité cívico tarijeñista para este próximo viernes, pero rechazó las demandas de que una junta militar gobierne mientras se desarrolle la hipotética auditoria, afirmando que “se equivocan al pedir una junta militar” y que había que respetar la institucionalidad democrática.

La Iglesia Católica que en un primer momento apoyó las demandas de los cívicos y paramilitares a través de declaraciones del monseñor Centelllas, luego de la conferencia episcopal del martes, corrigió su política, afirmando respetar el proceso electoral.

Estas declaraciones se dan luego de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSP), Salvador Romero afirmó que no se realizará ninguna auditoria, y que los informes de todas las delegaciones de observadores internacionales coinciden en afirmar la transparencia y legalidad del proceso electoral. Así mimos les recordó a quienes impugnan el resultado electoral donde Arce habría obtenido el 55,10% de los sufragios, que las misiones internacionales “no vinieron al país a ver quién ganaba”, sino a ver que el proceso se desarrolle de manera transparente y en forma debida.

El Gobierno saliente de Áñez se ha expresado en el mismo sentido, es decir, señalando que los que reclaman fraude deben presentar pruebas, pero afirmando que se respetarán las movilizaciones y actos de protesta, siempre que los mismos se mantengan en el marco de la ley. Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, en conferencia de prensa les exigió a Mesa y a Camacho “arremangarse y ponerse a trabajar por todo el país” y hacerse responsables de los resultados electorales que ellos habrían contribuido a obtener debido a divisiones por intereses particulares y que el Gobierno solo puede actuar en el marco de la ley, sugiriendo que salvo una resolución del Tribunal Constitucional, ellos entregarán el mando el domingo 8.

Por su parte el represente de la centro-derecha, Carlos Mesa, y Comunidad Ciudadana tomaron distancia de los sectores más radicalizados, aunque afirmaron que no se presentarán a la transmisión de mando arguyendo que el MAS al modificar el reglamento de sesiones de las cámaras de senadores y diputados, habría atentado contra la democracia y contra el derecho de fiscalización e impugnación que tienen las minorías. Recordemos que en su última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los dos tercios del MAS modificaron el reglamento de debates estableciendo que donde se exigía dos tercios, por ejemplo para modificar el orden del día de debates, ahora solo se requerirá mayoría absoluta, lo que le permite al MAS evadir los intentos de obstaculización y veto parlamentario. También esta modificación le permite retener al MAS el control de la aprobación o rechazo de los ascensos militares, cuestión que está provocando “preocupación” en los sectores golpistas de las instituciones represivas que temen represalias por parte del nuevo Gobierno. Mesa afirmó que de no revertirse esta disposición, recurrirán a una demanda en instancias internacionales para obligar al MAS de Arce a respetar las reglas del juego democrático.

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Estas divisiones al interior del heterogéneo bloque golpista, son el resultado de la tremenda derrota recibida el 18 de octubre, en la que el vuelco masivo del electorado hacia el MAS, expresó un profundo rechazo a la gestión de Áñez, con masacres, corrupción, persecución, criminalización de la pandemia y un salto en la crisis económica. La actual ofensiva derechista, pese a las profundas divisiones en sus filas, pretende “rayar la cancha”, buscando condicionar y reducir los márgenes de maniobra del futuro Gobierno de Arce, preparando al activismo derechista para una presión callejera permanente.

¿Cómo derrotar esta ofensiva oligárquica y racista?

Esta presión derechista que busca desconocer los resultados electorales, está alimentada del profundo odio de clase y el racismo constitutivo de una burguesía que aprovecha su condición étnica blanco-mestiza, para justificar la explotación y la exclusión de las grandes mayorías trabajadoras del país, y que para lograr estos objetivos está dispuesta incluso a alentar una intervención militar que satisfaga sus demandas.

Aunque es poco probable que la actual ofensiva derechista se traduzca en un nuevo golpe de Estado de manera inmediata debido no solo al enorme resultado electoral a favor del MAS y el consiguiente reconocimiento de esta victoria no solo por la OEA, EE.UU, la ONU, la Unión Europea e incluso los gobiernos derechistas de la región como el de Piñera y Bolsonaro, tampoco se puede descartar de plano debido a que el desarrollo de la crisis en los próximos días dependerá de cómo responda el TCP a estas presiones, es decir, de dos vocales que deben determinar si aceptan o no el pedido de una auditoria forense, que de darse significará desconocer el voto de las grandes mayorías indígenas y trabajadoras del campo y la ciudad. Una resolución de estas características, al estar por fuera de toda relación de fuerzas, sin embargo, puede provocar una inmediata respuesta obrera, campesina, indígena y del pueblo pobre que busque completar la obra iniciada en agosto: expulsar a los golpistas mediante la movilización generalizada del pueblo.

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Dirigentes del MAS han denunciado el carácter antidemocrático de estos movimientos y han exigido el cumplimiento de la ley, mientras repiten que buscarán un “pacto social” que evite el acoso al futuro Gobierno de Arce. Otros, exigen que la policía cumpla su función y despeje las rutas ya que la amplia mayoría de los puntos de bloqueo en Cochabamba y Santa Cruz, son realizados sin la presencia de personas, evidenciándose, que los bloqueos son garantizados mediante el transporte de escombros con tractores y camiones pero sin gente. Olvidan que el golpe de Estado del año pasado fue garantizado nada menos que por la policía y las FF.AA, y que durante esta ofensiva, estas instituciones han tenido una actitud complaciente con los fachos.

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Es urgente que las y los trabajadores del campo y la ciudad impulsemos la formación de los comités de autodefensa, así como avanzar en la recuperación de nuestras organizaciones sindicales, sociales y comunales para poder hacer frente a una derecha que será un factor permanente contra los trabajadores y el pueblo. La exigencia de justicia y cárcel a los responsables de los asesinatos de Sacaba, Senkata y Ovejuyo, debe ser inscrita en todos los pliegos de demandas para impedir que la derecha obtenga impunidad en las futuras negociaciones del “Pacto Social” que el MAS y Arce están impulsando. Debemos estar alertas para defender el derecho democrático de la gran mayoría trabajadora e indígena del país, y a impulsar sin pérdidas de tiempo las formas de autoorganización que permitan hacer frente y derrotar a los golpistas.

Es por todo esto que llamamos a la COB (Central Obrera Boliviana) y a todas las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, vecinales y estudiantiles y del movimiento de mujeres a preparar y a organizar la movilización nacional ante un posible salto del golpismo, sea éste producto de una resolución del TCP o por la intervención directa de los aparatos represivos y paramilitares.