Este 14 de mayo se realizó en Santa Fe una convocatoria para denunciar la Emergencia en Discapacidad y repudiar los ajustes que afectan a más de doscientas mil personas en dicha área.
Martes 14 de mayo 22:08
Desde hace varios años, el sector sufre los retrasos y los recortes en las prestaciones, a esto se sumaron los ajustes inflacionarios por el desfasaje económico existente. Apuntando todo el sistema a priorizar el servicio del sector privado y así dejar expuestos a aquellas personas que no pueden pagarlo, así lo denunció la dra. Cardoso Marino en la comisión de discapacidad al tratarse la Ley Bases en Diputados.
En estos últimos días se puso en marcha un decreto destinado a eliminar la adhesión de las obras sociales al nomenclador nacional dando libertad a que cada obra social estipule el valor de las prestaciones a cubrir. Está normativa perjudicaría a las personas con discapacidad y a los profesionales que trabajan en este sector.
Este martes 14 se convocaron marchas en numerosos puntos del país repudiando las medidas que dejarían sin efecto la Ley N° 24.901 por la cual las personas con discapacidad tienen cobertura total sin perjuicio de la cobertura de salud que posean.
En la ciudad de Santa Fe la concentración fue en Pedro Vittori y Boulevard Gálvez, desde La Izquierda Diario dialogamos con las manifestantes:
Maria Laura Zufiaurre, Licenciada en Psicomotricidad y trabajadora del área de discapacidad nos comentó: “Estamos acá en esta jornada de movilización intentando que se visibilice este avasallamiento de las personas con discapacidad, se trata de un decreto que quieren implementar para desregularizar el nomenclador nacional que fija las prestaciones básicas de discapacidad, esto quiere decir que las obras sociales, medicina pre paga, programas como PAMI, Incluir Salud, entre otros, van a tener un nomenclador distinto, no va a haber un único nomenclador que fije un monto para las prestaciones, esto atenta contra los derechos que fueron conquistados para las personas con discapacidad, para sus familias, para que puedan brindarles prestaciones de calidad de acuerdo a las necesidades que van precisando a lo largo de la vida”
Susana Schvartz planteó: “Soy mamá de una persona de 36 años, a lo largo de todos estos años hemos venido luchando, ese nomenclador de prestaciones básicas de la ley 24901 lo venimos tratando de conseguir desde antes del año 2000, porque la ley es del año 1997. Ese nomenclador lo que va a fijar es cuánto se le paga por ejemplo a un centro de día de primera, segunda o tercer categoría, a distintas instituciones, a una profesional motricista; al no tener ese nomenclador nacional deja la posibilidad a las obras sociales de que fijen esos montos, entonces las obras sociales siempre van a fijar un monto menor del que correspondería. Además hay que aclarar que estando el nomenclador, las instituciones cobran a 90 o 120 días, tampoco la situación actual es lo ideal.”
María Laura agregó: “Hay un reclamo sistemático desde hace años de reparar este atraso con el nomenclador nacional, que tiene que ver con la inflación que venimos viviendo, la situación económica, actualmente hay un desfasaje de aproximadamente un 45% para los profesionales, los transportistas, que son una parte fundamental, personas que brindan un transporte para poder acompañar y trasladar a las personas con discapacidad a sus terapias, tienen un desfasaje de casi el 100% con el aumento de la nafta entre otras cosas, entonces hay una realidad que ya viene siendo dura, y con este decreto está por colapsar el sistema de discapacidad, no se va a poder asegurar la continuidad de las prestaciones y la apertura de las instituciones que ofrecen sus servicios, no solamente desde el área terapéutica ya que en esas instituciones también almuerzan, meriendan.”
Susana comentó: “cómo le explicás a cada una de las personas con discapacidad que concurren a estos centros, que no van a poder ir a sus instituciones, o que el transporte no viene, es muy difícil y se agudizan sus problemas.”
María Laura además aclaró: “Es un sector que históricamente fue vulnerado, al que se le prestó poca atención. Ahora estamos tratando de convocar y que se visibilice que en esta área estamos en crisis y como profesionales queremos seguir trabajando y ofreciendo nuestro servicio a las personas que lo necesitan, y estas personas necesitan continuar con sus tratamientos para asegurar una calidad de vida digna. Es importante que este decreto no se materialice porque peligra todo este sector que está al borde del colapso, por eso estamos acá en lucha para mantener estos derechos conquistados.”
Así como en Santa Fe, otras ciudades del país se sumaron a esta convocatoria nacional (CABA, Misiones, Neuquén). Las principales consignas fueron: No a la firma del Decreto; Defendamos la integralidad de la cobertura prestacional y la universalidad de la atención de calidad.
Recientemente se ha anunciado que la gestión actual ha sobre cumplido la meta impuesta por el FMI y esto ha sido porque para llegar al déficit cero, el gobierno licuó salarios, jubilaciones y ha aplicado el mayor ajuste concebido históricamente. Por lo tanto, es fundamental que toda la comunidad se sume a los reclamos de este sector, así también como a rechazar el DNU, la ley bases y los planes de ajustes de los gobiernos.
