En medio del creciente malestar social, el gobierno responde con más ajuste, palos, balas de gomas y mano dura. La ratificación de las condenas y las detenciones de Mathov y Santos, responsables de la feroz represión de diciembre de 2001, actúan como un mensaje para los delirios represivos de Patricia Bullrich.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Jueves 19 de septiembre 22:27
Luego de una larga espera, la Corte Suprema de Justicia rechazó las apelaciones y dejó firmes las condenas a los responsables políticos de la feroz represión y cacería que se produjo en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminaron por tirar abajo al gobierno de Fernando De la Rúa. Por ese mismo motivo, el Tribunal Oral Federal N° 6 ordenó la detención de Enrique Mathov y Rubén Santos, exsecretario de Seguridad y exjefe de la Policía Federal en aquellos años. Ambos serán trasladados a la Unidad 7 de Ezeiza, donde están los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad.
El fallo es de alto contenido político, por el momento en el que se da y por lo que implica que dos resposables políticos sean condenados por la represión estatal. Algo que no es frecuente y que marca un precedente acerca de la responsabilidad penal que tienen los funcionarios por las consecuencias de la represión. Un mensaje que sirve como fuerte advertencia para las fantasías represivas de Patricia Bullrich y todo el gobierno de La Libertad Avanza, que encuentra en la violencia policial la única respuesta a los reclamos de quienes enfrentan el feroz ajuste.
"Se que Patricia Bullrich no se caracteriza por ser muy reflexiva, pero alguien debería explicarle que a partir de un fallo de la Corte Suprema, detuvieron a Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad de la Alianza, por la represión en 2001", señaló Myriam Bregman al conocer la noticia. Precisamente ese es uno de los principales datos: una señal política enviada desde lo más alto del Poder Judicial para una ministra y un gobierno que se creen completamente impunes.
Se que Patricia Bullrich no se caracteriza por ser muy reflexiva, pero alguien debería explicarle que a partir de un fallo de la Corte Suprema, detuvieron a Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad de la Alianza, por la represión en 2001.
— Myriam Bregman (@myriambregman) September 19, 2024
El fallo también funciona como recordatorio. Por más canchereadas e intentos "refundadores" en base a buscar arrasar con los derechos y las conquistas de la clase trabajadora y la enorme mayoría de la población, en Argentina todavía existe una relación de fuerzas que actúa como límite para los planes del Gobierno y que no fue derrotada. La irrupción de miles en las jornadas del 2001, sumado a años de lucha en defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas y todos los derechos de los trabajadores y los sectores populares del país, tanto antes como después de aquel diciembre, es lo que mantiene viva esa relación de fuerzas que los grandes empresarios y los políticos que trabajan para sus intereses no han podido quebrar.
Consultada por La Izquierda Diario, la legisladora porteña Alejandrina Barry destacó: "Es importante también tener en cuenta en qué contexto se da este fallo, porque la ministra Patricia Bullrich y también el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, se creen impunes. En el caso de Bullrich ya viene de muchos gobiernos donde fue secretaria o ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri -donde fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel además de los heridos que va dejando a su paso- pensando que se le va a llevar siempre de arriba y no, no es así".
Una alerta para el Gobierno y su política represiva
Este mismo jueves también hubo otro hecho que le marca la cancha a la ministra y a toda su tropa: el fiscal Franco Picardi le solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que informe de manera "urgente" quiénes fueron los responsables del operativo montado frente al Congreso de la Nación durante la represión del 12 de junio a quienes se manifestaron en contra de la Ley Bases. El pedido es por una media docena de denuncias por casos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad y reclamó que tanto el ministerio de CABA como el de Nación indiquen los nombres, los rangos y las funciones de quienes intervinieron en la represión, ya sean de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, de la Prefectura o de la Gendarmería.
"Las denuncias acumuladas a esta causa hacen referencia a que, durante aquella jornada, las fuerzas de seguridad actuantes hicieron un uso abusivo de la fuerza pública contra las personas. Esas situaciones fueron objeto de cobertura periodística por la prensa gráfica y por los medios de comunicación audiovisual que transmitieron en vivo durante todo el día", añade el dictamen del fiscal.
Los dos episodios pueden interpretarse también como advertencias, salidas de las entrañas del Poder Judicial, para un gobierno que juega permanentemente en la cornisa sin reparar en su debilidad de origen y su evidente fragilidad. Señales que se suman a distintas advertencias de otros sectores del régimen, como el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, que luego del discurso de Milei el último domingo en el Congreso avisó: "Lo veo complicándose al Gobierno si no hay acuerdos políticos razonables en la relación Poder Ejecutivo y Legislativo. Hay ciertas tendencias autoritarias".
Mensajes de alerta para funcionarios de un gobierno que, embriagados de poder, celebran el ajuste y se ríen del pueblo creyéndose impunes. No la ven.
