El Parlamento Peruano aprobó que los crímenes de lesa humanidad realizados antes del 2002 queden impunes.
Jueves 6 de junio 23:15
Hoy, el Congreso aprobó una ley que otorga impunidad a militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad. Esta medida favorece al fujimorismo una vez más, ya que permite anular tanto sentencias existentes como futuras. La ley fue promovida por Fernando Rospigliosi y José Cueto, de Fuerza Popular y Renovación Popular, respectivamente. Fuerza Popular es la fuerza política del fujimorismo, mientras que Renovación Popular está liderada por Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y fiel aliado del fujimorismo.
Con esta ley, tanto sentenciados, procesados o investigados de crímenes realizados antes del 2002 pueden solicitar que esas causas prescriban, beneficio que puede llegar tanto a Alberto Fujimori, que ahora está libre por el indulto que le dió el Tribunal Constitucional con complicidad de Dina Boluarte, y hasta a Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori y quien era la cabeza de mando del Grupo Colina, un escuadrón militar utilizado para atacar a dirigentes y militantes que durante el Fujimorato cuestionaban los ataques neoliberales y se organizaban contra este, y que llevaron a cabo las matanzas de La Cantuta y Pativilca ocurridas durante el régimen de Fujimori. Se muestra una vez más el avance reaccionario que está teniendo la alianza fujimorista en el Parlamento.
El mismo congreso que aprueba esto es quién en la última encuesta mostraba que tienen una desaprobación del 81% de la población. Pero no sorprende el tratamiento de la impunidad de estos crímenes, los más de 70 asesinatos ocurridos durante las protestas de diciembre del 2022 e inicios del 2023 siguen totalmente impunes, tras los asesinatos de las protestas de noviembre de 2020 también ayudaron a mantener la impunidad de Merino, incluso los asesinatos durantes las protestas de marzo y abril en el gobierno de Castillo. Las fuerzas armadas tienen no solo cuentan con el aval de los gobiernos y de las alianzas fujimoristas que fueron gobernando estos años, sino que el dato es que desde 2003 hasta el 2020 produjeron 167 muertes durante protestas o manifestaciones realizadas. La nueva ley muestra que se le quiere dar más beneficios tanto a los grupos políticos ligados a Fujimori como a las fuerzas armadas que son quiénes siguen manteniendo el rol del Estado de darle grandes beneficios a los empresarios.
El rol de este Estado no va a cambiar, por eso, es más importante la construcción de un partido con independencia política y que cuestione a quiénes beneficia este Estado. Un partido que permita unir los distintos conflictos que vienen ocurriendo, que cuestione a las burocracias sindicales que son quiénes mantienen separadas estas luchas, un partido de la clase trabajadora que pueda darle respuesta a los problemas de los sectores populares, de los campesinos, de los sectores más precarizados, y que pueda comenzar a cuestionar el orden político que hoy tiene una crisis tremenda por la baja aceptación que tiene en la población los partidos políticos pero al no tener una real fuerza política que se proponga ponerla en cuestión, aún se mantiene. Desde la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST) venimos tratando de forjar esta fuerza.
